De qué trata la controvertida reforma migratoria que los legisladores de Florida aprobaron

La Legislatura de Florida aprobó la Tackling and Reforming Unlawful Migration Policy (TRUMP Act), una ley que destina 500 millones de dólares para fortalecer la aplicación de normas migratorias y aumentar la cooperación con el gobierno federal en la detención y deportación de inmigrantes en situación irregular. La medida fue impulsada por legisladores republicanos y aprobada en una sesión especial, lo que limitó la participación pública en el debate legislativo, informó NBC Miami.

El proyecto de ley exige que todas las agencias estatales, municipales y contratistas del gobierno colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayor medida posible. También crea una nueva oficina estatal de inmigración, con un jefe designado que asumirá responsabilidades previamente asignadas al gobernador en emergencias migratorias.

La aprobación de la ley generó tensiones dentro del Partido Republicano, ya que el gobernador Ron DeSantis ha calificado la medida de “débil” y ha criticado que no incluya restricciones adicionales para inmigrantes en situación irregular. Ahora, el mandatario debe decidir si la firma, la veta o permite que entre en vigor sin su rúbrica.

La ley establece una nueva agencia estatal con más de 140 empleados bajo la dirección de un jefe de inmigración estatal, cargo que ocupará el comisionado de Agricultura de Florida. Este funcionario tendrá autoridad para coordinar las políticas migratorias a nivel estatal y gestionar la cooperación con las autoridades federales.

Además, la TRUMP Act transfiere poderes de emergencia en materia migratoria del gobernador al jefe de inmigración estatal, permitiéndole tomar decisiones sobre la detención y procesamiento de inmigrantes en situaciones específicas. Según AP, este cambio busca agilizar la respuesta estatal ante crisis migratorias.

La legislación asigna 100 millones de dólares en subvenciones a agencias locales de aplicación de la ley para financiar capacitación, adquisición de equipos y arrendamiento de instalaciones utilizadas en la detención de inmigrantes. Otros 375 millones de dólares están destinados a reforzar la colaboración con ICE, incluyendo la asignación de agentes estatales a funciones que tradicionalmente realizan oficiales de inmigración.

Para incentivar la participación de cuerpos policiales locales en la aplicación de leyes migratorias, el estado también destinará 25 millones de dólares a otorgar bonos de 1,000 dólares a oficiales que colaboren con ICE en operativos y detenciones.

La TRUMP Act endurece las sanciones para personas en situación irregular condenadas por delitos dentro de Florida. La legislación establece que cualquier inmigrante indocumentado declarado culpable de un delito capital deberá recibir la pena de muerte, según NBC Miami.

Durante el debate legislativo, senadores demócratas expresaron preocupación por la falta de especificaciones sobre cómo se aplicarán estas penas y qué agencias estatales serán responsables de implementarlas. Según AP, algunos legisladores advirtieron que esto podría generar disputas legales sobre la constitucionalidad de la medida.

La nueva ley elimina una norma vigente desde 2014 que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrícula estatal en universidades y colegios públicos de Florida. Según datos legislativos, esta política benefició a 6,500 estudiantes durante el ciclo fiscal 2023-2024.

La eliminación de este beneficio marca un cambio en la postura de algunos sectores del Partido Republicano. La ley que permitía el acceso a matrícula estatal fue impulsada en 2014 por la actual vicegobernadora de Florida, Jeanette Núñez, cuando era legisladora estatal. Sin embargo, en el contexto actual, los republicanos han priorizado medidas más restrictivas.

A pesar de que la ley fue impulsada por legisladores republicanos alineados con la agenda migratoria de Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis ha criticado abiertamente la medida, calificándola de “toothless” (sin fuerza) y “watered-down” (suavizada), según NBC Miami.

El senador republicano Blaise Ingoglia, aliado de DeSantis, votó en contra del proyecto, argumentando que “no es lo suficientemente fuerte”. En el Senado estatal, seis republicanos rechazaron la propuesta, lo que dejó la ley sin una mayoría capaz de anular un posible veto del gobernador, reportó AP.

El presidente del Senado, Ben Albritton, y el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, indicaron que la ley incluyó enmiendas recomendadas por la administración Trump, aunque no se incorporaron todas las exigencias de DeSantis, informó NBC Miami.

Legisladores demócratas argumentaron que la TRUMP Act criminaliza comunidades inmigrantes y deja ambigua la obligación de empleados estatales y municipales de cooperar con ICE. Christine Hunchofsky, representante demócrata, advirtió que la falta de especificaciones en la ley podría generar confusión entre maestros, trabajadores sociales y funcionarios locales sobre su nivel de involucramiento en la aplicación de normas migratorias, reportó AP.

El representante demócrata José Álvarez, nacido en Cuba, criticó la medida durante una audiencia legislativa, declarando que “deberían sentir vergüenza. Esto no es lo que representa este país”, según NBC Miami.

Grupos defensores de los derechos civiles han anunciado que podrían presentar demandas contra la ley, argumentando que ciertas disposiciones pueden entrar en conflicto con regulaciones federales.

El gobernador Ron DeSantis tiene la opción de firmar la ley, vetarla o dejar que entre en vigor sin su firma. Hasta el momento, no ha confirmado cuál será su decisión final, reportó NBC Miami.

Florida se une a otros estados como Tennessee, que han convocado sesiones legislativas especiales para aprobar nuevas normativas en respuesta a la agenda migratoria de Trump. Se espera que la implementación de la ley genere un mayor control estatal sobre la inmigración y discusiones sobre su impacto legal y económico.