Nueva York debate una ley para penalizar el uso de cubrebocas, máscaras o pañuelos con fines intimidatorios

En medio de un contexto de tensiones sociales y debates sobre derechos civiles, un nuevo proyecto de ley en el estado de Nueva York busca establecer sanciones penales para quienes utilicen cubrebocas con el propósito de amenazar o acosar a otras personas. Según informó ABC News, la propuesta, presentada el pasado jueves en la Legislatura estatal, pretende tipificar como delito menor el acto de cubrirse el rostro con la intención de generar miedo o intimidación, aunque incluye excepciones para usos legítimos, como razones médicas o condiciones climáticas adversas.

El senador estatal James Skoufis, miembro del Partido Demócrata y principal impulsor de la iniciativa, explicó que el objetivo no es prohibir de manera generalizada el uso de máscaras, sino dotar a las fuerzas del orden de herramientas legales para actuar contra quienes las utilicen con fines amenazantes. Según el texto del proyecto, el delito de “acoso enmascarado” se aplicaría a quienes usen cubrebocas “con el propósito principal de amenazar con violencia o generar un temor razonable por la seguridad física de una persona o grupo”.

El proyecto responde a preocupaciones crecientes sobre la seguridad en espacios públicos, en un contexto donde se han reportado incidentes de vandalismo y agresiones cometidas por personas que ocultan su identidad. En los últimos meses, algunos legisladores han señalado que el anonimato proporcionado por las mascarillas ha sido aprovechado para evitar la identificación en actos de hostigamiento o incluso crímenes de odio. La propuesta busca cerrar este vacío legal y garantizar que las autoridades puedan intervenir en situaciones donde la identidad oculta represente un riesgo para la seguridad pública.

El proyecto de ley incluye disposiciones que excluyen de la penalización a quienes usen cubrebocas o mascarillas por motivos médicos, religiosos o climáticos, entre otros casos específicos. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles. Allie Bohm, asesora principal de políticas de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés), expresó su preocupación por la vaguedad del lenguaje del proyecto, advirtiendo que podría dar lugar a una aplicación selectiva y arbitraria de la ley. “Nos enfrentaremos a muchos casos de ‘él dijo, ella dijo’, tratando de interpretar las intenciones de las personas”, señaló Bohm, quien también subrayó que el derecho a protestar debe ser protegido, independientemente de si los manifestantes deciden cubrirse el rostro.

El medio ABC News destacó que el debate sobre el uso de máscaras en contextos públicos no es nuevo en Nueva York. Durante la pandemia de COVID-19, el estado suspendió temporalmente una ley del siglo XIX que prohibía el uso de cubrebocas en público, debido a la obligatoriedad de las mascarillas para prevenir la propagación del virus. Sin embargo, la cuestión ha resurgido en los últimos años, especialmente en relación con incidentes de antisemitismo y protestas sociales.

La propuesta de Skoufis llega en un momento en el que el uso de máscaras en manifestaciones ha sido un tema recurrente. Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás en octubre, se han llevado a cabo cientos de manifestaciones pro-palestinas en Nueva York, la mayoría de ellas pacíficas. No obstante, muchos participantes optan por cubrirse el rostro, ya sea con máscaras o pañuelos, para proteger su identidad ante posibles represalias legales, laborales o sociales. Según consignó ABC News, este tipo de prácticas ha generado tensiones entre los manifestantes y las autoridades, que argumentan que el anonimato puede facilitar actos ilícitos.

En este sentido, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también ha abordado el tema en el pasado. En 2022, Hochul sugirió la posibilidad de prohibir el uso de máscaras en el sistema de transporte público de la ciudad, citando preocupaciones sobre delitos cometidos por personas que ocultan su identidad. Aunque la idea fue rechazada por grupos de derechos civiles y defensores de la salud pública, la gobernadora reiteró recientemente que está abierta a considerar medidas que aumenten las penas para quienes cometan delitos mientras usan cubrebocas.

El estado de Nueva York cuenta con antecedentes legales relacionados con el uso de máscaras en público. Una ley promulgada en el siglo XIX, en respuesta a las protestas contra los impuestos sobre la renta, prohibía cubrirse el rostro en espacios públicos. Sin embargo, esta normativa ha sido objeto de críticas a lo largo de los años por su aplicación selectiva en diferentes contextos de protesta. Durante la pandemia, la ley fue suspendida temporalmente debido a la obligatoriedad de las mascarillas, pero su existencia subraya la larga historia de debates sobre este tema en el estado.

En un caso más reciente, un condado conservador en Long Island aprobó en 2022 una ley que prohíbe el uso de máscaras, mascarillas o cubrebocas en público, citando incidentes antisemitas como justificación. Según reportó ABC News, esta normativa incluye excepciones para usos médicos o religiosos, pero su implementación generó controversia cuando un manifestante pro-palestino fue acusado de violarla al usar un pañuelo tradicional keffiyeh durante una protesta.

A pesar de la atención que ha generado, el destino del proyecto de ley en la Legislatura de Nueva York es incierto. Tanto el Senado como la Asamblea están controlados por el Partido Demócrata, pero hasta el momento, los líderes de ambas cámaras no han emitido comentarios sobre la propuesta. Según informó ABC News, los correos electrónicos enviados a sus oficinas no han recibido respuesta.

El debate sobre el uso de máscaras o cubrebocas en Nueva York refleja tensiones más amplias entre la seguridad pública y los derechos civiles, en un contexto donde las protestas y los actos de violencia han puesto a prueba los límites de las libertades individuales. Mientras tanto, la propuesta de Skoufis continúa siendo objeto de análisis y discusión, tanto en el ámbito legislativo como en la opinión pública.