Policía de Chicago enfrenta límites en cooperación con ICE ante redadas migratorias

En un contexto de tensiones migratorias y posibles redadas masivas, las autoridades policiales de Chicago han sido nuevamente instruidas sobre las limitaciones legales que enfrentan al interactuar con agentes de inmigración. Según informó WGN9, los oficiales de la ciudad no pueden colaborar con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en la aplicación de leyes migratorias, una política que no solo responde a normativas locales, sino también a leyes estatales vigentes en Illinois. Estas restricciones, que entraron en vigor en 2021, han adquirido renovada relevancia en medio de las amenazas de deportaciones masivas promovidas por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con WGN9, las directrices prohíben a los oficiales de Chicago detener, arrestar o interrogar a personas basándose únicamente en su estatus migratorio. Además, se les impide coordinar la entrega de detenidos a agentes de inmigración. Estas medidas, que buscan proteger a las comunidades inmigrantes, han sido reforzadas por la legislación estatal, inicialmente promulgada en 2017 por el entonces gobernador republicano Bruce Rauner y posteriormente fortalecida en 2021 por el actual gobernador demócrata JB Pritzker.

Estas restricciones forman parte de una estrategia más amplia que busca separar la labor de la policía local de las políticas migratorias federales. Las autoridades de Chicago han argumentado que permitir la cooperación con ICE podría erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, desalentando la denuncia de delitos y dificultando el trabajo policial. Líderes locales han subrayado que la seguridad pública se ve afectada cuando las personas evitan interactuar con la policía por temor a ser deportadas.

En paralelo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han intensificado sus esfuerzos para informar a las comunidades vulnerables sobre sus derechos frente a posibles operativos de deportación. Según destacó WGN9, activistas como Erendira Rendon, de The Resurrection Project, han recordado a los inmigrantes que tienen derecho a permanecer en silencio, a no abrir la puerta de sus hogares y a solicitar la asistencia de un abogado. Estas recomendaciones buscan empoderar a las personas ante situaciones de incertidumbre y temor.

La legislación de Illinois, que prohíbe a las fuerzas del orden locales actuar como extensiones de las autoridades migratorias federales, fue descrita por Rauner en 2017 como un “compromiso razonable” que permitiría a los oficiales desempeñar mejor sus funciones. Sin embargo, esta postura ha generado divisiones entre los líderes políticos y las fuerzas del orden, especialmente en un clima político polarizado respecto a la inmigración.

A pesar de las intenciones de la ley, algunos funcionarios policiales han expresado su descontento con las restricciones. El sheriff del condado de Kankakee, Mike Downey, ha sido uno de los críticos más vocales, argumentando que estas políticas limitan la capacidad de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad pública. Según reportó WGN9, Downey señaló un caso reciente en el que dos hombres fueron detenidos con tres kilogramos de fentanilo en su vehículo. Uno de ellos, con antecedentes penales, fue retenido por orden judicial, mientras que el otro fue liberado debido a la imposibilidad de notificar a ICE sobre su liberación inminente.

Downey afirmó que estas restricciones dejan a las autoridades locales “atadas de manos” y cuestionó la disposición del gobernador Pritzker para modificar la ley. “No creo que Illinois sea un estado seguro hasta que nuestro gobernador decida cambiar las políticas, y no veo que eso ocurra”, declaró el sheriff, según consignó WGN9.

El gobernador JB Pritzker, quien ha sido un defensor de los derechos de los inmigrantes, ha reiterado su compromiso de proteger a las comunidades indocumentadas. Sin embargo, ha matizado su postura al afirmar que los inmigrantes indocumentados que sean condenados por delitos violentos deberían ser deportados. Según informó WGN9, Pritzker ha dejado claro que esta posición se aplica únicamente a aquellos que hayan sido formalmente condenados, lo que subraya la importancia del debido proceso en estos casos.

A pesar de las críticas, Pritzker no ha mostrado señales de estar dispuesto a modificar la legislación actual para permitir una mayor colaboración entre las fuerzas del orden locales y ICE. Esta postura refleja un equilibrio entre la protección de los derechos de los inmigrantes y la seguridad pública, aunque sigue siendo un tema de intenso debate en el estado.

Las políticas de Illinois, diseñadas para limitar la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades migratorias federales, han sido elogiadas por defensores de los derechos humanos, pero también han generado controversia entre algunos sectores de la sociedad. Según destacó WGN9, estas medidas buscan proteger a las comunidades inmigrantes de posibles abusos y garantizar que las fuerzas del orden se concentren en delitos locales en lugar de actuar como agentes de inmigración.

Sin embargo, el temor a las redadas masivas y las deportaciones sigue siendo una realidad para muchas familias inmigrantes en Chicago y en todo el estado. Las organizaciones comunitarias continúan trabajando para brindar apoyo y orientación, mientras que el debate sobre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes persiste como un tema central en la política de Illinois.