Los hermanos Alexander permanecerán detenidos sin derecho a fianza por riesgo de fuga

Una jueza federal en Nueva York ha ordenado que los hermanos Oren, Tal y Alon Alexander, acusados de tráfico sexual, permanezcan en prisión preventiva, considerando que representan un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Según The New York Times, la decisión se tomó tras una audiencia de tres horas en el Tribunal de Distrito Federal de Manhattan, donde se debatieron las acusaciones y las condiciones para una posible liberación bajo fianza.

La jueza Valerie E. Caproni rechazó la oferta de los abogados defensores de pagar una fianza superior a los 115 millones de dólares y someterse a un arresto domiciliario con vigilancia privada. Según la magistrada, aceptar estas condiciones crearía un sistema judicial desigual que favorecería a los acusados con grandes recursos económicos. En una declaración contundente, Caproni calificó la propuesta como una “prisión privada financiada por los acusados” y reiteró que las medidas alternativas no garantizarían la seguridad de la comunidad ni el cumplimiento de las leyes.

Los hermanos Alexander enfrentan cargos por un esquema de tráfico sexual que, según las autoridades, operó durante al menos 14 años. La acusación formal incluye numerosos testimonios de mujeres que alegan haber sido drogadas, agredidas sexualmente y, en algunos casos, inmovilizadas físicamente. Las pruebas halladas en dispositivos electrónicos incautados refuerzan las denuncias, incluyendo videos de los ataques.

De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, los hermanos Alexander llevaron a cabo una “conspiración meticulosamente planeada” para atraer a mujeres utilizando su estatus social y riqueza. Según el fiscal federal Andrew Jones, las víctimas eran contactadas a través de aplicaciones de citas y promotores de clubes nocturnos. A estas mujeres se les ofrecían experiencias exclusivas, como viajes de lujo y eventos privados, pero al ganarse su confianza, eran drogadas con sustancias como cocaína, GHB (la conocida “droga de la violación”) y psilocibina.

En los testimonios presentados, varias víctimas describieron haber experimentado niveles de intoxicación desproporcionados respecto al consumo de alcohol. Esto, según el fiscal, confirma el uso deliberado de drogas para facilitar los abusos. Además, algunas de las víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Las pruebas presentadas incluyen grabaciones en las que las mujeres aparecen visiblemente intoxicadas o inconscientes mientras eran agredidas, ignorando sus súplicas.

Antes de ser acusados, los hermanos Alexander gozaban de un reconocimiento considerable en el sector inmobiliario de lujo. Oren y Tal Alexander, exejecutivos de la firma Douglas Elliman, estuvieron detrás de transacciones multimillonarias, como la venta récord de un penthouse en Manhattan por 240 millones de dólares en 2019. Posteriormente, fundaron su propia empresa, Official, consolidándose como figuras influyentes en el mercado inmobiliario de Miami y Nueva York.

Por su parte, Alon Alexander, hermano gemelo de Oren, ocupaba un cargo ejecutivo en la empresa familiar de seguridad privada. Sin embargo, la imagen pública de éxito que construyeron contrasta con las denuncias presentadas. Según el fiscal, los hermanos gestionaban un esquema cuidadosamente diseñado para facilitar el tráfico sexual, incluso utilizando recursos y conexiones internacionales para planificar viajes y eventos donde se llevaban a cabo los abusos.

El papel de la riqueza familiar en el proceso judicial

La fortuna de los Alexander, cuyos padres, Shlomo y Orly Alexander, emigraron desde Israel y se convirtieron en millonarios en Estados Unidos, ha sido un punto central en las audiencias. Durante la audiencia más reciente, los padres ofrecieron todos sus bienes, incluyendo una mansión de 14 millones de dólares en el exclusivo barrio de Bal Harbour, como garantía para liberar a sus hijos. No obstante, la jueza Caproni insistió en que la justicia no debe depender de los recursos económicos de los acusados.

“La riqueza de los acusados no puede ser utilizada como un medio para evadir las consecuencias legales”, declaró Caproni. La decisión busca garantizar que el sistema judicial trate por igual a los acusados, sin importar su capacidad económica.

Los hermanos Alexander fueron arrestados en Miami Beach en diciembre y actualmente permanecen bajo custodia federal en Florida. Según The New York Times, renunciaron a su derecho a estar presentes en la última audiencia en Manhattan, donde se discutieron las apelaciones de Tal y Alon Alexander contra la decisión previa de negarles la libertad bajo fianza.

Se prevé que los acusados sean trasladados a Nueva York la próxima semana, donde comparecerán nuevamente ante la jueza Caproni el 29 de enero. Los abogados de los Alexander han mantenido que las acusaciones forman parte de una estrategia de las presuntas víctimas para obtener beneficios económicos. Sin embargo, la jueza enfatizó que la audiencia no estaba destinada a determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino a evaluar el riesgo que representan para la comunidad y su posible fuga.

El caso ha generado un amplio debate sobre el abuso de poder, privilegio y las desigualdades del sistema judicial. La negativa de la jueza Caproni a aceptar la propuesta de “prisión privada” subraya la necesidad de preservar la equidad en los procesos legales. Mientras tanto, las denuncias y el juicio, que promete ser uno de los más mediáticos del año, han puesto un foco sobre las dinámicas de explotación y poder en la élite económica de Estados Unidos.