Procesan a un hombre por dirigir un esquema de extorsión a hispanohablantes en EEUU desde call centers en Perú

En el mundo interconectado de hoy, las estafas no conocen fronteras. Esta premisa quedó evidenciada en el caso de David Cornejo Fernández, un ciudadano peruano extraditado recientemente a los Estados Unidos bajo acusaciones de fraude y extorsión. Cornejo, quien residía en Lima, Perú, enfrentó su primera audiencia en una corte federal en Miami, donde el Departamento de Justicia lo señaló como una pieza clave en una red de call centers peruanos que engañaron a víctimas vulnerables en Estados Unidos. Las autoridades lo acusan de haber proporcionado la tecnología y formación necesarias para cometer estas estafas que se extendieron entre 2012 y 2019.

Cornejo, de 36 años, enfrenta cargos por fraude electrónico, extorsión y conspiración. Según la fiscalía, utilizó líneas telefónicas basadas en Internet, servicios de suplantación de llamadas y herramientas de grabación para habilitar a los centros de llamadas en Perú. Estas tecnologías no solo permitieron realizar llamadas fraudulentas, sino también manipular números telefónicos para hacerlos parecer legítimos, como si provinieran de agencias gubernamentales de Estados Unidos o cortes judiciales. Además, se instalaban grabaciones automáticas que simulaban mensajes de instituciones federales como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

El esquema de fraude que facilitó Cornejo aprovechó las expectativas y temores de las víctimas, mayoritariamente hispanohablantes. Estas personas eran contactadas y se les ofrecían premios atractivos, como una tableta o cursos de inglés, bajo la condición de realizar pagos iniciales. En casos donde las víctimas se mostraban reticentes, los operadores fraudulentos las amenazaban haciéndose pasar por abogados o agentes federales, mencionando posibles arrestos, juicios legales o problemas migratorios.

El arresto de Cornejo en mayo de 2023, a petición de las autoridades estadounidenses, marcó el inicio de un proceso judicial que podría tener serias repercusiones legales. Una acusación federal de seis cargos presentada en febrero del mismo año detalla su presunta participación en la conspiración. Tras su extradición, se le informaron formalmente los cargos en una audiencia en Miami. Si es declarado culpable, Cornejo podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo, dependiendo de la gravedad y alcance del esquema.

El sistema judicial estadounidense se basa en las Guías de Sentencia federales, que establecen penas basadas en la naturaleza del crimen, los antecedentes del acusado y el daño causado a las víctimas. En este caso, el impacto psicológico y económico en las víctimas podría ser un factor determinante en la sentencia.

Por otro lado, el caso abre interrogantes sobre cómo estas redes logran operar durante años sin ser detectadas. Aunque las investigaciones se centraron en Cornejo, las autoridades no descartan la posibilidad de que existan más cómplices, incluyendo empresas y proveedores de tecnología que pudieron haber facilitado las estafas.

El caso de Cornejo Fernández representa un ejemplo de cooperación transnacional en la lucha contra el crimen organizado. La investigación fue encabezada por el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS), con el respaldo del Departamento de Estado, el Servicio Diplomático y la Policía Nacional del Perú. Estas entidades trabajaron juntas durante meses para recopilar pruebas, identificar a los responsables y coordinar la extradición del acusado.

Markenzy Lapointe, Fiscal del Distrito Sur de Florida, destacó la importancia de estas alianzas en un comunicado: “Este caso demuestra que trabajaremos sin descanso para perseguir a quienes explotan a las comunidades más vulnerables”. Por su parte, Brian M. Boynton, Subprocurador Asistente Principal, reiteró que proteger a los ciudadanos es una prioridad, incluso cuando los perpetradores operan desde fuera del territorio estadounidense.

La acusación contra Cornejo pone de relieve el impacto devastador que estas estafas tienen en las víctimas, especialmente en comunidades de inmigrantes y adultos mayores. Muchas de ellas no solo perdieron dinero, sino que también enfrentaron estrés emocional y desconfianza hacia las instituciones.

Para mitigar estos daños, el Departamento de Justicia ha lanzado campañas educativas y líneas de asistencia. En particular, se alienta a las personas mayores de 60 años a reportar fraudes financieros a la Línea Directa Nacional habilitada por el gobierno. Además, los fiscales han instado a las víctimas a no sentir vergüenza y a buscar ayuda, ya que su colaboración puede ser crucial para desmantelar redes criminales similares.

El caso de David Cornejo Fernández no solo busca hacer justicia, sino también servir como un precedente para abordar el fraude internacional de manera más efectiva. Las autoridades subrayan la importancia de la vigilancia ciudadana y la cooperación global para prevenir futuras estafas en un mundo cada vez más conectado.