
La viuda del periodista saudita asesinado Jamal Khashoggi ha obtenido asilo político en Estados Unidos, informó el jueves el diario The Washington Post.
Hanan Elatr declaró: “No me lo podía creer”, tras leer la carta en la que se le informaba de la decisión, de acuerdo al diario.
El 2 de octubre de 2018 un “escuadrón de la muerte” descuartizó Khashoggi en el consulado de su país en Estambul. El crimen copó las noticias e incluso se prometió condenar a Arabia Saudí al ostracismo internacional. Cinco años después, el caso ha caído en el olvido en favor de la influencia que ejerce la monarquía árabe sobre la economía mundial.
Khashoggi, columnista del Washington Post, acudió al consulado saudí de Estambul para obtener la documentación necesaria para casarse con su prometida, Hatice Cengiz, pero nunca logró salir del edificio.
Los micrófonos instalados por la Inteligencia turca en el edificio revelaron que el disidente, de 59 años, fue narcotizado, torturado y posteriormente descuartizado con una motosierra que rugió al ritmo de unos altavoces que reprodujeron música para ocultar el estruendo de la carnicería.
El principal señalado fue el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, e incluso la CIA estadounidense determinó que él mismo aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino.

Sin embargo, el joven príncipe ha negado desde el principio su implicación.
“Fue un error, fue doloroso y estamos haciendo lo mejor que podemos para reformar el sistema, para seguir las reglas y garantizar que todo el mundo esté a salvo”, dijo Bin Salmán en una entrevista con la cadena estadounidense FOX emitida a finales de septiembre.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuyo país afronta una grave crisis económica, evitó convertir el crimen en una ruptura total con Arabia Saudí, y solo dijo que “la orden de matar a Khashoggi vino de los máximos niveles del Gobierno saudí”.
Solo un asesor del presidente dijo en público la frase que cabía esperar de un líder como Erdogan, conocido por sus discursos vehementes: que Mohamed bin Salmán “tiene las manos manchadas de sangre”.
En todo caso, Erdogan siguió proclamando que bajo ningún concepto permitiría que se encubriera el crimen y en marzo de 2020, la Fiscalía turca abrió juicio contra 20 ciudadanos saudíes. Más tarde añadiría otros seis acusados.
Sin embargo, en marzo de 2022 el Ministerio Público renunció a seguir investigando. Para Turquía, el caso quedó cerrado con las visitas de Erdogan a Arabia Saudí y de Bin Salmán a Ankara, algo que hizo desaparecer por completo el asunto Khashoggi del discurso público en Turquía.

En Riad, se cerró en septiembre de 2020 con sentencias definitivas contra ocho acusados del asesinato.
Cinco personas fueron condenadas a muerte, pero la pena fue conmutada a petición de la familia de la víctima.
La Alta Comisionada de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, calificó el juicio de “farsa” y de “parodia de justicia”, con un veredicto que no tenía legitimidad al ser emitido tras un proceso que “ni fue justo ni transparente”.
El crimen llevó a países como Estados Unidos o Alemania a suspender la venta de armas a Arabia Saudí.
Joe Biden, en su campaña electoral de 2020, dijo que el reino árabe sería tratado como Estado “paria”.
En dos años esas limitaciones pasaron a la historia. Alemania autorizó la compra de municiones por 35 millones de dólares y los EEUU la compra de misiles Patriot por más de 3.000 millones.
En 2022, además, Bin Salmán fue nombrado primer ministro del reino, en un movimiento para otorgarle inmunidad diplomática frente al mundo y, sobre todo, en Estados Unidos, donde no podrá ser juzgado.
(Con información de Reuters)
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