Bravo pide una "mayoría suficiente" para poder construir más viviendas con Feijóo en Moncloa

El cálculo del Banco de España, que sitúa las "necesidades" de vivienda en torno a las 700.000 unidades y anticipa que al finalizar el año esta cifra posiblemente superará las 800.000, sirvió como eje de la intervención del vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, en la mesa 'Por lo importante: el acceso a la vivienda', durante la 28 Interparlamentaria que el PP organizó en A Coruña, según detalló el medio digital. Bravo utilizó estos datos para destacar la magnitud del desafío habitacional en España y argumentar la urgencia de modificar las políticas del sector.

Bravo solicitó una "mayoría suficiente" para el Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales, con la finalidad de habilitar un eventual gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo para implementar medidas orientadas a aumentar la construcción de viviendas. De acuerdo con lo publicado por la fuente, el dirigente subrayó la necesidad de contar con más suelo urbanizable, impulsar la ley del suelo y garantizar seguridad jurídica a los propietarios mediante la aprobación de normas como la ley antiokupación. También hizo hincapié en la importancia de recibir apoyo parlamentario amplio para llevar a cabo estas iniciativas: "Necesitamos esa mayoría suficiente para poder trabajar", declaró.

El debate, moderado por Bravo, reunió a integrantes del PP vinculados a la gestión y la legislación en materia de vivienda, como la senadora Paloma Martín, la diputada Cristina Agüera, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de la Región de Murcia, Joaquín Segado, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, y el diputado de la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta. Todos ellos sostuvieron que el acceso a la vivienda constituye actualmente el principal problema para la sociedad española, según consignó el medio.

Durante la discusión, los ponentes pusieron el foco en la falta de oferta como el origen fundamental de la crisis habitacional. Según señalaron, las medidas "intervencionistas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez han restringido el mercado inmobiliario, generando escasez y encarecimiento. Los representantes populares atribuyeron al actual gobierno la escalada de precios, señalando que desde la llegada de Sánchez a La Moncloa el coste medio de compra de viviendas aumentó más del 50%, mientras que el alquiler subió más del 40%, ambos en máximos históricos, de acuerdo con el medio digital.

Los participantes también defendieron las políticas implementadas en comunidades autónomas gobernadas por el PP como ejemplo de estrategias eficaces contra el alza de precios y la limitada accesibilidad. Entre estas medidas mencionaron los avales para jóvenes orientados a facilitar la adquisición de vivienda, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4%, y el impulso de fórmulas de colaboración público-privada, como evidenció la puesta en marcha del Plan Vive. Según expusieron, dichas acciones contribuyen a incentivar la construcción y la disponibilidad de nuevos inmuebles, diferenciando la gestión de las comunidades populares de las políticas aplicadas a escala nacional.

En su intervención, Bravo recordó que en el Senado, el Partido Popular ya promovió dos normativas: la ley del suelo y la ley antiokupación, que consideran esenciales para atajar los obstáculos actuales en el mercado de la vivienda. “Si nos dejan hacer, y nos van a dejar hacerlo, los españoles pueden estar tranquilos porque van a tener vivienda”, afirmó Bravo, conforme recoge el medio.

Durante la sesión, los responsables populares también hicieron referencia a la urgencia de implementar las 32 medidas que componen el denominado 'Plan de Feijóo', orientado a abordar el déficit habitacional y a revertir lo que consideran la principal preocupación de la ciudadanía. Sostuvieron que, para que estas reformas avancen en el Congreso y el Senado, el Partido Popular requiere lograr una mayoría suficiente en las urnas. Además, reclamaron que las iniciativas populares reciban respaldo institucional con la finalidad de que el acceso a la vivienda deje de situarse entre los asuntos más conflictivos de la agenda política y social.

En la mesa quedó reflejada la estrategia del Partido Popular de responsabilizar al actual gobierno por los problemas estructurales del sector inmobiliario, defendiendo que la intervención estatal y la escasez de suelo limitan el desarrollo de nuevas promociones urbanísticas. Los representantes populares insistieron en que estas dinámicas restringen la construcción y reducen las oportunidades tanto para jóvenes como para familias que buscan una primera residencia, tal como reprodujo la fuente.

El diagnóstico planteado en la Interparlamentaria sostuvo que la solución a la crisis habitacional depende de una revisión profunda de la normativa vigente, con el objetivo de eliminar trabas administrativas y promover un mayor acceso al suelo. Además, se expuso la necesidad de frenar las ocupaciones ilegales y de brindar certidumbre a los inversores y particulares dispuestos a operar en el mercado inmobiliario, según sintetizó el medio.

La postura mostrada por Bravo y el resto de portavoces del PP en este encuentro volvió a centrar el debate nacional sobre la vivienda en la dicotomía entre intervención pública y liberalización de la oferta. La formación conservadora apuesta, tal como se discutió en la convocatoria de A Coruña, por una política de impulso al sector privado y la reducción de impuestos, en contraste con las medidas actualmente vigentes en España bajo el liderazgo del Partido Socialista, reportó el medio.

Las propuestas del PP enlazan con el análisis del Banco de España sobre el aumento sostenido de la demanda y la insuficiencia de nuevas viviendas para dar respuesta a las necesidades habitacionales. Conforme avanzó la mesa de discusión, los participantes recalcaron la magnitud del desfase entre oferta y demanda y sostuvieron que revertir dicha tendencia exige un rediseño de la regulación, más cooperación entre administraciones y la apropiación de competencias para los territorios autonómicos en políticas urbanísticas.

La jornada en A Coruña, según relató el medio, estuvo centrada en subrayar la vivienda como eje prioritario en la agenda política popular, con la vista puesta en los siguientes comicios nacionales. Los dirigentes recalcaron su disposición a trabajar en la elaboración y aplicación de leyes, siempre que el electorado proporcione el respaldo suficiente, convencidos de que solo un cambio de liderazgo permitiría ejecutar las reformas necesarias para modificar la estructura del sector inmobiliario en España.