Del discurso de odio contra los migrantes a las acciones concretas violentas: “La extrema derecha necesita demonizar a un grupo”

El aumento de los mensajes racistas en el discurso político de la derecha y la ultraderecha en España está favoreciendo la normalización de los discursos de odio que vinculan falsamente inmigración y delincuencia. A los prejuicios y clima de desconfianza que genera la difusión de este tipo de mensajes, se suma el incremento de episodios discriminatorios hacia esta comunidad, incluyendo agresiones verbales y físicas, como ocurrió el pasado mes de julio en Torre Pacheco, Murcia, donde se desató una oleada de disturbios racistas. Tan solo unos días más tarde, el discurso político contra la inmigración se endurecía en Jumilla, donde PP y Vox vetaron la celebración de actos islámicos en espacios públicos.

Las consecuencias de esos discursos de odio promovidos por algunos dirigentes políticos también se han hecho visibles este domingo, cuando tres menores migrantes fueron asaltados por varios encapuchados en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, en Madrid, el mismo centro donde residía un joven que ha sido detenido acusado de violar a una adolescente el viernes en un parque. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que ha vinculado ambos hechos, ha alertado del peligro que supone criminalizar a “colectivos vulnerables”, al tiempo que ha condenado la “brutal agresión sexual” sufrida por la menor.

En estos últimos días, el líder de Vox, Santiago Abascal, no ha dejado de echar leña al fuego, elevando el tono de su discurso antiinmigración, y llegando incluso a vincular a la ONG española Open Arms, dedicada al rescate de migrantes en el Mediterráneo, con la supuesta violación de la adolescente en Madrid. El ultraderechista, que ha insistido en la necesidad de “hundir” y “echar” al barco de la organización, ha acusado a Pedro Sánchez de “tener intereses en las mafias del tráfico de seres humanos”, al tiempo que volvió a vincular en sus redes sociales a los menores extranjeros con la delincuencia sin presentar ninguna prueba.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha apuntado contra los menores extranjeros en X, asegurando que “son más agresivos y llegan en peores condiciones”, pese a no aportar datos al respecto. De hecho, si bien es cierto que el número de personas extranjeras ha aumentado en España hasta los siete millones en 2025, no lo ha hecho la tasa de criminalidad. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos han bajado de 49,4 por cada 1.000 habitantes en 2005 a los 40,6 actuales, mientras que sí han aumentado los delitos de odio. Por tanto, estas cifras muestran que la criminalidad no guarda relación con la migración.

En cuanto a los delitos sexuales, de acuerdo a los datos del INE de 2023, la mayor parte de los condenados, un 72,3%, era de nacionalidad española.

Precisamente tras los sucesos racistas ocurridos en Torre Pacheco, un informe elaborado por la organización Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo (GPAHE, por sus siglas en inglés) advertía de que la violencia y los discursos de odio impulsados por la extrema derecha están ganando peso en España, y que los grupos ultras cada vez están más coordinados y legitimados.

El reciente informe también destaca “cómo la normalización del discurso de Vox ha permitido que narrativas racistas y xenófobas, que antes eran marginales, se blanqueen y ganen espacio en el debate público”, en concreto las relacionadas con la islamofobia, que “se ha convertido en uno de los ejes centrales del programa político” del partido Abascal. “Lo preocupante es que ya no se limita al discurso, sino que se traduce en acciones concretas violentas que generan miedo en la comunidad musulmana”, señala Heidi Beirich, cofundadora de lGPAHE, en entrevista con Infobae España.

En su opinión, lo que más llama la atención del extremismo actual en España es, por un lado, el auge de partidos y organizaciones de extrema derecha que “han logrado reavivar una nostalgia por el franquismo, consiguiendo incluso atraer a jóvenes que hoy alaban a la dictadura”. Por otro lado, “las conexiones internacionales de estos movimientos y el papel de ciertos lobistas españoles en la dirección de plataformas antiLGTBQ+ con proyección global, como Citizen Go oPolitical Network for Values, con nombres como Ignacio Arsuaga y Jaime Mayor Oreja".

Beirich advierte de que el clima beligerante puede extenderse en el país, como quedó patente en los hechos de Torre Pacheco, donde uno de los líderes de las plataformas digitales detrás de las protestas xenófobas en esta localidad ya había impulsado movilizaciones similares en Cataluña, lo que demuestra tanto “la capacidad de estos actores para trasladar sus estrategias de un territorio a otro como la estrecha conexión entre la organización digital y la violencia en el mundo real".

La experta del lGPAHE subraya que la extrema derecha necesita un “cabeza de turco” al que dirigir su odio, demonizando a un grupo, y con frecuencia elige a las personas migrantes, si bien la prensa también juega un papel importante en la amplificación de estos discursos. La formación liderada por Abascal, “difunde sus mensajes xenófobos e islamófobos en el Congreso, en mítines y entrevistas, y posteriormente esos discursos se amplifican a través de redes sociales y medios de comunicación”.

Además, añade, las grandes empresas tecnológicas “han reducido sus equipos de moderación responsables de filtrar contenido de odio, mientras que muchos medios publican estos discursos sin ejercer labor de contrapeso, fiscalización o verificación de las afirmaciones racistas de los políticos”, por lo que todo ello contribuye a la normalización de mensajes racistas.

Las redes sociales también “favorecen la visibilidad y el reclutamiento de grupos neonazis” y recuerda que organizaciones como Facta, Núcleo Nacional o Hacer Nación difunden en sus perfiles contenidos de disciplina paramilitar y simbología fascista para atraer a hombres jóvenes.

Para frenar el extremismo, la educación juega un papel fundamental, por eso los “docentes en colegios, institutos y universidades deberían contar con herramientas para poder hacer frente al auge de estas ideas, y eso requiere el apoyo de las administraciones públicas”. Al mismo tiempo, concluye Beirich, los gobiernos deberían reforzar las exigencias a las grandes empresas tecnológicas para supervisar y limitar la circulación de discursos de odio en sus plataformas.