Una mayoría de derechas para lastrar al Gobierno, pero no para tumbarle: la paradoja que mete a la legislatura en un callejón sin salida

La legislatura entra en el ecuador, y pese a los malos augurios, el Gobierno de Pedro Sánchez resiste. Lo hace entre polémicas y decisiones judiciales que afectan al entorno del líder del Ejecutivo. En lo que respecta a la actividad legislativa, esta ha experimentado un frenazo con respecto a la anterior legislatura, en la que Sánchez también gobernó con minoría junto a Unidas Podemos.

Una de las principales derivadas de la actual mayoría de la investidura, la más compleja hasta ahora por la diversidad de sensibilidades ideológicas que aglutina, es la imposibilidad de sacar adelante unos nuevos presupuestos, lo que ha obligado al Ejecutivo a prorrogar las cuentas públicas de 2023. También, se ha traducido en una evidente bajada de iniciativas aprobadas: 42 leyes y reales decretos en dos años, una cifra que dista de la cosechada en el anterior periodo legislativo (55 normas en el primer año y 65 en el segundo).

Esta situación ha obligado al Gobierno a destacar otros hitos para contrarrestar la ausencia de presupuestos, como los datos de empleo (más de 22 millones de ocupados) o los fondos europeos, una “herramienta fantástica para la transformación, el crecimiento económico, la creación de empleo y la modernización de nuestro país”, tal como subrayó el presidente del Ejecutivo en el reciente balance del curso político.

Asimismo, para atajar las críticas por la escasez de medidas en el BOE, Sánchez subrayó que, pese a las circunstancias, el Ejecutivo de coalición ha cumplido el 45% de los 200 compromisos adquiridos al principio de la legislatura, y puso el acento en normas como la ley de amnistía, el requisito para que Junts y ERC apoyaran la investidura. En otra ocasión, la ministra portavoz, Pilar Alegría, presumió de haber alcanzado el 86% de las votaciones, aunque esta cifra obvia la imposibilidad del Ejecutivo de sacar adelante las leyes más controvertidas, como la reducción de la jornada laboral, la ley de familias, el impuesto al diésel, el paquete fiscal de vivienda asequible o la reforma de la ley mordaza, además de los propios Presupuestos.

En este contexto, destacan los varapalos que ha cosechado el Ejecutivo en el Congreso (muchos de ellos como consecuencia de un toque de atención), impidiendo la tramitación de la abolición de la prostitución, la ley del suelo y la convalidación de varios decretos (el último, el relativo a las medidas antiapagones). También, tuvo que intentarlo hasta en dos ocasiones con la ley de amnistía, la Agencia Estatal de Salud Pública y la reforma del artículo 35 de la norma de extranjería por la estampida inicial de Junts.

El caso Cerdán ha puesto al Gobierno contra las cuerdas, propiciando un distanciamiento de los socios parlamentarios, aunque la mayoría de los partidos del bloque de la investidura (Junts, ERC, PNV, EH Bildu y BNG) dieron un balón de oxígeno a Sánchez a la espera del devenir del procedimiento judicial, esto es, con la condición de que el presunto caso de corrupción no escale y desemboque en una hipotética financiación irregular del PSOE. También, supeditaron su apoyo al cumplimiento de los acuerdos suscritos.

Ya en el nuevo curso, y ante la incapacidad de engrasar la mayoría parlamentaria (con Junts y Podemos cada vez más renegados), el Gobierno ha comenzado a dibujar una nueva estrategia, que consiste en no atarse a ningún partido para no excluir a nadie de la ecuación, salvo a Vox, tal como confirman en Moncloa. Este cambio de guion comenzó a dar sus primeros coletazos en la última semana antes de las vacaciones, cuando Pedro Sánchez y la ministra portavoz, Pilar Alegría, marcaron distancias con la hasta ahora denominada “mayoría parlamentaria” al hablar de grupos parlamentarios en lugar de “socios de investidura”.

Y es que, el Ejecutivo es consciente de que existe una mayoría que puede tumbarle las normas en la Cámara Baja, pero esta no puede articularse en torno al PP para derrocarle mediante una moción de censura. “Nosotros tenemos un socio de Gobierno que es Sumar. El resto, efectivamente, son grupos parlamentarios que de manera simétrica, unas veces votan con nosotros y otras veces no votan a las propuestas que hace el Gobierno de España. Pero no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados, ni con una orientación ideológica ni con otra orientación ideológica”, sostuvo el presidente del Ejecutivo en el balance del curso político.

En este sentido, Sánchez calificó la fragmentación parlamentaria en las Cortes Generales españolas como “algo muy común en las democracias europeas”. Si bien, subrayó que el único partido que puede articular “mayorías en positivo, no en negativo”, es el PSOE, ya que la idea de una moción de censura contra el dirigente socialista sigue sin estar sobre la mesa. “Por tanto, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. Son siete años de un gobierno de coalición en minoría parlamentaria”, añadió Sánchez para restar importancia a sus derrotas en la Cámara Baja.

Más tarde, Alegría, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros ahondó en esa idea. “Me van a permitir que les haga un pequeño matiz”, comenzó para explicar que “los socios solamente somos los partidos que conformamos este Gobierno”, “el resto son grupos parlamentarios que tienen sus prioridades, sus proyectos, sus planes, sus propuestas y que todos ellos conforman el Congreso de los Diputados que ustedes conocen, con sus complejidades”.

El Gobierno insiste ahora en los esfuerzos para entenderse con todas las fuerzas políticas, sin poner la presión directamente sobre sus aliados parlamentarios de cara a poder cerrar acuerdos que le permitan apuntalar la legislatura.