Las comunidades del PP y Page se rebelan y hacen frente común contra el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno: “Ha sido una imposición”

Esta semana, previsiblemente el jueves 28 de agosto, el Gobierno de España comenzará el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias tras la aprobación en el último Consejo de Ministros del decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de estos menores.

Al procedimiento se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atender a estos niños y adolescentes que requieren de una atención especializada y que son aquellos que se aventuraron desde las costas de África en busca de un futuro mejor.

La situación se ha vuelto insostenible en territorios como Canarias, Ceuta y Melilla, a los que ahora se está sumando la isla de Mallorca, ya que los centros operan por encima de su capacidad, lo que genera una presión constante sobre los servicios sociales.

El nuevo decreto fija ahora la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes.

Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.

El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos. La tarea es compleja, puesto que con el criterio fijado por el Gobierno, que el PP rechaza, la mayoría de autonomías acogen a menos menores migrantes de lo que les correspondería por población.

Las mayores diferencias se dan en comunidades gobernadas por el PP, que ha convertido esto en otra batalla política y se rebelan a la medida: Baleares y Madrid retan al Gobierno y afirman que no lo van a cumplir y otras, como la Xunta, ponen el foco en que “lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Sánchez” es cumplir la orden del Tribunal Supremo (TS) de acoger a 1.000 menores solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias y que, “medio año después, solamente fue capaz de trasladar a la Península a 30”.

Once comunidades autónomas gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García Page, tienen recurrido este asunto ante el Tribunal Constitucional.

Para negarse a acoger a estos menores, los gobiernos autonómicos se han agarrado a todo, como acudir a casos como el de Melilla el pasado 19 de agosto, cuando cuatro individuos fueron acusados de falsedad documental por hacerse pasar por menores para entrar al país.

No obstante, desde la Comisión de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), advierten de que estos exámenes tienen “un margen de error de 2 años aproximadamente” y que no pueden ser el único criterio para decidir si una persona es menor o adulta”.

En declaraciones a Infobae España, insisten en realizar “evaluaciones holísticas y multidisciplinares, que incluyan el grado de madurez y los informes sociales y psicológicos, dejando la prueba médica como ‘último recurso’”.

El plan, este mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias, contempla la reubicación de unos 3.000 menores procedentes de las zonas más tensionadas, como Canarias, Ceuta y Melilla a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.

De acuerdo con el reparto, las comunidades que recibirán un mayor número de menores son Andalucía (2.827), Cataluña (2.650), Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767).

Por detrás se sitúan Galicia, con 886 menores migrantes, Castilla y León (783), Canarias (737), Euskadi (731) y Castilla-La Mancha (692).

Murcia (517), Aragón (441) y Baleares (406), son las siguientes. Y las cifras más bajas corresponden a Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194), La Rioja (107) y, finalmente, Melilla (28) y Ceuta (27).

En este contexto, el PP critica que el Gobierno pretende imponer un reparto “forzoso” e “ilegal” que vulnera el principio de igualdad territorial.

Baleares

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ya había anunciado el pasado jueves 21 de agosto que solicitaría al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes una vez el Gobierno dictara la orden y ahora ya han anunciado que el vierne pedirán autorización para pedir el segundo recurso judicial contra el reparto de menores migrantes.

El Govern ha cuestionado también la formula escogida, que se concretan en 406 para Baleares. “¿Por qué esta formula y no otra? ¿En base a qué? ¿Tiene base científica o reconocida dentro de Europa? No lo sabemos. Reiteramos la queja de falta de información en todos los procesos que lleva a cabo en este ámbito el Estado desde todos los ministerios competentes”, ha dicho la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas.

“Tenemos que ver realmente cómo se ha regulado, lo único que tenemos es una nota de prensa. Hay que ver si esto es objeto de recursos y si se hace una resolución o una orden ministerial, o como se haga, sobre el reparto. Ese sería el momento en el que presentaríamos los recursos”, ha señalado Estarellas.

En cualquier caso, como ya ha matizado el Ejecutivo autonómico en varias ocasiones, la intención de estos recurso es que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, pero no el reparto a otras regiones del país.

Prohens ya había advertido en anteriores ocasiones de que el archipiélago vive “una crisis migratoria sin precedentes”, con más de 4.700 personas llegadas en patera en lo que va de año y una sobreocupación superior al 1.000% en sus centros de acogida.

“Aquí ya no les podemos acoger en condiciones de dignidad”, remarcó, alertando de que la ruta migratoria de Argelia a Baleares es “la que más crece en toda Europa” y reclamando mayor implicación de Fronteras y del Gobierno central.

En respuesta, El delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, advirtió a la presidenta balear Marga Prohens que “lo que niega ahora a Canarias es posible que quiera reclamarlo para Baleares dentro de unos meses” si el archipiélago entra en “contingencia migratoria”.

Madrid: “Oculta información”

La Comunidad de Madrid recurrirá por la vía judicial el decreto ante el intento del Gobierno de “ocultar información”sobre el reparto de estos jóvenes.

El consejero madrileño ha asegurado que la Comunidad de Madrid tomará “las acciones necesarias y judiciales” para que elreparto de los menoressea “igualitario”, frente al “ocultismo” y “la falta de transparencia” del Gobierno. Según Rodrigo, el Gobierno ha tratado de “ocultar información” a las comunidades autónomas sobre el reparto de los jóvenes, ya que “tiene que esconder” por qué algunas regiones como Madrid reciben más menores, mientrasPaís Vasco o Cataluña no van a recibir.“Solo porque al Gobierno y sus socios les interesa seguir manteniendo los pactos, solo por mantenerse en su sillón de la Moncloa”, ha señalado.

Murcia: “Falta de información”

El Ejecutivo regional murciano insistió este martes en el “ocultismo y la falta de información" de esta medida y critica que no se les haya comuinicado cuál será el número oficial de niños, niñas y adolescentes migrantes que llegarán desde Canarias.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, denunció que “el Gobierno central está utilizando a las comunidades como comodín para resolver los problemas de su fracasada política migratoria, sin diálogo, ni coordinación” y resaltó que la capacidad ordinaria establecida por el Ministerio “no se ajusta a la capacidad real del sistema de protección de la Comunidad, ya que el Gobierno de Sánchez ignora que tenemos un sistema de protección, con una sobreocupación que supera el 200%”.

Castilla y León: “No se puede beneficiar a unas en detrimento de otras”

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, avanzó este mismo martes que Castilla y León recurrirá el reparto de menores no acompañados al señalar que “invade competencias y es una imposición”.

En unas declaraciones a Europa Press, Blanco rechazó la fórmula de reparto que atribuye a Castilla y León la capacidad para albergar a un total de 783 menores.

“No se puede beneficiar a unas comunidades en detrimento de otras”, reclamando igualdad de trato y denunciando la reducción de la financiación de 145 a 35 euros por niño y día.

Blanco ha incidido en que el texto aprobado “invade competencias que son propias de la comunidad autónoma”, se ha trabajado “sin contar con las comunidades”, con las que no ha habido “consenso”. “Ha sido una imposición. No conocemos los datos que han utilizado para determinar esa capacidad de acogida y lo que nos damos cuenta es que es lo de siempre. El gobierno quiere beneficiar a sus socios separatistas, a sus socios independentistas”, ha argumentado.

Desde la Vicepresidencia de Servicios Sociales se rechazó “frontalmente” el reparto “forzoso”, calificándolo como “un traje a medida para contentar a sus socios”. “Los menores no son moneda de cambio”, subrayaron, acusando al Gobierno de “sostener a Sánchez en la Moncloa” a costa de las comunidades.

La Generalitat denuncia una sobreocupación del 160% y un coste real de 218 euros por menor al día, frente a una financiación estatal para solo tres meses. Alerta del “efecto llamada” y de la obligación de abrir macrocentros que romperían su modelo de atención personalizada, “rompiendo programas de emancipación”.

Para CEAR la actitud de varias comunidades supone un grave incumplimiento de obligaciones esenciales. “La solidaridad es un principio de las relaciones entre administraciones, más aún cuando estamos hablando de los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, explica a Infobae España.

“En cualquier decisión de toda administración en la materia, tiene que primar el interés superior del menor, y no parece que eso conjugue bien con bloquear la redistribución de niños, niñas y adolescentes que llevan meses viviendo situaciones de sobreocupación en centros de menores del archipiélago”.

El conflicto institucional, añade CEAR, vulnera los derechos fundamentales y suma meses a una situación que ya es límite: “El mecanismo se activaría para los niños, niñas y adolescentes extranjeros sin referentes familiares acogidos en Canarias y Ceuta, donde ya se supera el 300% de la capacidad ordinaria”, insisten en esta organización. “Cualquier nuevo retraso producido por este conflicto prolonga esta situación, ya de por sí crítica”, subrayan.

Además, la entidad constata también un discurso de criminalización. “La creciente presencia de fuerzas políticas que defienden un discurso y políticas antimigratorias ha acentuado la criminalización hacia personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados”.

Sobre el destino de estos menores, CEAR lo tiene claro: “La valoración del traslado ha de hacerse individualmente y escuchando previamente al niño, niña o adolescente, para determinar caso a caso si es más conveniente, según el interés superior del menor”, recalcan a este diario.

Del mismo modo, la Fundación Raíces, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad, considera intolerable la deriva política.

“Priorizar razones políticas o económicas por delante de los niños y niñas que llegan sin protección familiar a nuestro país, es faltar al deber legal que tienen las instituciones y administraciones de considerar el interés superior del menor antes que ningún otro”, declaran a Infobae España.

“Desde hace años se utilizan términos como ‘avalancha’ para generar sensación de que es inabarcable atender a estos niños y niñas con dignidad. Es intolerable que la infancia más vulnerable sea utilizada por unos y otros como arma arrojadiza”.

Los efectos del bloqueo son extensos: “Los territorios de frontera tienen los sistemas de protección a la infancia sobrepasados en su capacidad, y la falta de solidaridad de otros territorios hace que muchos niños y niñas no estén correctamente atendidos. Esto afecta a todos sus derechos”.

Es más, la organización denuncia una estigmatización institucionalizada: “Desde hace décadas, los niños y niñas que llegan sin protección familiar a España han sido víctimas de discursos y políticas estigmatizadoras, con independencia de quién estuviera en los gobiernos de las distintas regiones”

“La utilización política que se hace de ellos es una tremenda irresponsabilidad de los políticos, pues ello cala en la sociedad y genera discriminación y odio hacia la infancia y adolescencia migrante”, concluyen en esta fundación, ante las preguntas de este diario.

En respuesta a las críticas de los diferentes servicios autonómicos liderados por PP y Vox, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió: “Los gobiernos autonómicos que no cumplan deberán atenerse a las consecuencias”.

Asimismo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, aseguró que “no habrá excepcionalidad” y que el Ejecutivo “cumple de manera exclusiva” el auto del Supremo. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, acusó al PP de “dar plantón a Canarias y a los niños” y confirmó que se pedirá “el aval del Supremo” para blindar el reparto judicialmente.

Del mismo modo, las Islas Baleares han respondido a la negativa de Prohens a través de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rago, que tachó de “racismo” la actitud del Govern, recordando que no acudió a la última Conferencia Sectorial donde se aprobó un reparto extraordinario de fondos para las regiones de primera línea.