El Gobierno declara como zonas catastróficas las afectadas por los grandes incendios para activar ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales

El Gobierno estrena el curso político con una importante misión tras la oleada de incendios de las últimas semanas, que ha calcinado en 2025 casi el 40 % de hectáreas de toda la Unión Europea, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés). Esto es, se han quemado más de 411.315 hectáreas, una cifra que supera la cosechada en 2022, hasta ahora considerado el peor año, cuando se calcinaron 306.555 hectáreas.

Tal como anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el puesto de mando avanzado del incendio en Jarilla (Cáceres), el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, que se celebra este martes, aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.

Aunque desde Moncloa no concretan el alcance de esta medida al no existir todavía un balance detallado de los daños provocados por estos siniestros y su cuantía, la declaración de zona catastrófica afectará previsiblemente a decenas de territorios que han ardido en las últimas semanas, especialmente a partir del 10 de agosto, en Castilla y León, Galicia y Extremadura, aunque también de la Comunidad de Madrid y Andalucía, entre otras comunidades.

En este sentido, Sánchez subrayó el “compromiso del Gobierno para afrontar, una vez se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que estará acompañada de los recursos de la Administración General del Estado”.

La catalogación de zona catastrófica permite al Estado desplegar una serie de medidas para paliar un desastre natural, como dar ayudas económicas a particulares por daños en sus viviendas, compensaciones a los ayuntamientos por los gastos extraordinarios, o subvenciones para reparar infraestructuras, entre otras. En todo caso, a tenor de lo ocurrido en otras situaciones similares, esta actuación estatal, que “respeta el principio de solidaridad interterritorial y se produce con carácter subsidiario”, sirve de complemento a las iniciativas que, en ejercicio de sus competencias, corresponde a las administraciones públicas territoriales, tanto autonómicas como municipales.

Sobre la cuantía de las ayudas previstas en la ley para este tipo de situaciones, esta depende del tipo de perjuicio. Por daños personales (fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente), la norma fija la cifra en 18.000 euros; y a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad, el coste tiene un límite de 2.580 euros.

Por destrucción total de la vivienda habitual, el coste de los daños tiene un máximo de 15.120 euros. Por daños a la estructura de la vivienda habitual, el Ministerio del Interior puede conceder un máximo de 10.320 euros, y por otros daños, hasta 5.160 euros. Por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios, hasta 9.224 euros, así como el importe total de los gastos a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes.

Asimismo, a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, la cifra puede alcanzar los 9.224 euros; a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, entre el 50 y el 100 %, según los casos. En otras ocasiones, este tipo de acuerdos prevén la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Tomando como ejemplo la actuación del Gobierno tras los incendios de 2022, antes de que se realizara un informe detallado sobre los daños causados por los siniestros forestales y se dispusiera de una valoración técnica de su cuantía, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros incluyó la adopción de otras medidas de ayuda, como declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

También, suele ser habitual la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, así como beneficios fiscales, como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas. Estos paquetes de ayudas pueden llegar a contemplar medidas laborales y de Seguridad Social, y ayudas a las corporaciones locales.