“He tenido cuatro abortos y dos tumores. Ahora, para mi hija, nada de pruebas”: el vacío legal que impide analizar a quienes vivieron en zona contaminada por Pfas

La contaminación por Pfas en el Véneto (Italia) continúa dejando historias de enfermedad y desprotección sanitaria, incluso después de la histórica sentencia que condenó a 151 años de prisión a 11 exdirectivos de la empresa química Miteni. Una de las voces que simbolizan esta crisis es la de Emanuela Franceschetti, profesora de Derecho de 54 años residente en Monselice, que ha sufrido cuatro abortos y dos tumores tras haber vivido durante casi cuatro décadas en una de las denominadas “zonas rojas”.

“Mi salud ha sido gravemente comprometida y ahora pido a la Región que permita a mi hija de 12 años acceder a pruebas de detección de Pfas. Si yo estoy contaminada, ella también lo está”, reclama. Su demanda refleja una de las principales lagunas en la gestión de esta emergencia ambiental: el acceso limitado a los análisis de sangre que miden la presencia de estas sustancias, considerados el único instrumento efectivo de control en Italia.

La trayectoria vital de Franceschetti ha estado marcada por la pérdida. Natural de Minerbe, estudió Economía y Comercio en la Universidad de Verona y ejerce como docente en un instituto de Monselice. Desde 2008 sufrió cuatro abortos espontáneos, dos antes y dos después del nacimiento de su hija en 2013. “Fue un proceso doloroso y traumático”, recuerda sobre aquellos años.

A estos episodios se sumó el diagnóstico, en 2019, de un carcinoma bilateral multicéntrico en el pecho. Tras someterse a una mastectomía, quimioterapia y radioterapia, los médicos le recomendaron un análisis genético para descartar predisposición hereditaria. El resultado fue negativo. Los especialistas concluyeron que no existía vínculo familiar con la enfermedad, lo que reforzó la hipótesis de una relación con la exposición a contaminantes ambientales.

La Organización Mundial de la Salud clasifica los Pfas como sustancias cancerígenas, mientras que estudios del endocrinólogo padovano Carlo Foresta han señalado infertilidad y abortos recurrentes entre sus posibles efectos. La profesora logró superar aquel primer tumor, pero a comienzos de 2025 sufrió una recaída. “Me estoy tratando, los exámenes son buenos, sigo siendo optimista”, asegura.

El caso de Franceschetti se enmarca en un territorio en el que las autoridades regionales establecieron una división en zonas rojas, naranjas y amarillas para circunscribir la contaminación. Según los estudios, entre 300.000 y 400.000 personas se verían afectadas en la provincia de Vicenza, el Veronés y la Baja Padovana.

Los filtros para reducir la presencia de Pfas en el agua fueron instalados en 2013. Inicialmente, solo los residentes en zona roja podían acceder a los análisis de sangre. Posteriormente se extendió el derecho a quienes habían vivido allí en los cinco años anteriores. Sin embargo, el acceso no es automático: requiere la autorización de la Usl correspondiente.

“Jamás recibí comunicación oficial que me permitiese hacerme las pruebas”, denuncia Franceschetti. Esa ausencia de notificación la dejó fuera del plan de vigilancia sanitaria, al igual que a su hija, nacida en zona amarilla pero amamantada durante un año, periodo en el que la lactancia se convierte en principal vía de transmisión de Pfas.

La falta de acceso a los análisis ha tenido además repercusiones judiciales. Ni Franceschetti ni su hija pudieron constituirse como parte civil en el proceso que derivó en la condena de los exdirectivos de Miteni. “Perdí esa oportunidad, pero ahora mi prioridad es proteger a mi hija”, afirma.

Su petición es clara: que se garantice a menores como ella la posibilidad de someterse a un seguimiento sanitario específico y regular. “No se trata de un análisis de sangre ocasional, sino de controles continuos que permitan prevenir lo que yo he tenido que sufrir”, reclama.