Bomberos de Castilla y León denuncian precariedad y critican la gestión de la Junta ante la oleada de incendios: “Lo de las Médulas solo es el principio”

Tras dos años relativamente tranquilos en cuanto a incendios, España está enfrentando este verano un escenario mucho más complejo, sobre todo en regiones como Castilla y León, que lucha contra varios fuegos en medio de esta segunda ola de calor que sacude a todo el país. El incendio más grave es el que afecta desde el pasado domingo al espacio natural de Las Médulas en León, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca de El Bierzo, donde el fuego ya ha devorado prados y castaños centenarios aunque no ha dañado a las minas de oro romanas. Este, además, no es el único incendio importante que afecta a la región, ya que hay otros activos en las provincias de Ávila, Zamora y Palencia que han obligado a desalojar a centenares de vecinos.

El aumento de las temperaturas asociado al cambio climático, la sequedad del terreno y las fuertes rachas de viento han incrementado, sin duda, el riesgo de incendios en estos últimos días, pero también ha influido la abundante vegetación que creció tras las lluvias de la pasada primavera, pues es el combustible que ahora alimenta los grandes incendios. Pero en el caso de Castilla y León, región donde gobierna el Partido Popular desde 1987, hay otros factores determinantes en la propagación de esos fuegos como “el abandono de las zonas rurales y la escasa inversión en la gestión forestal”, según denuncia la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales (Atifcyl), que también alerta sobre la precariedad que sufre el sector, marcada por una alta temporalidad, “salarios miserables para el riesgo que asumen” y una gran externalización del servicio. Por eso reclaman al Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco mejores condiciones laborales.

Estos grandes fuegos se producen mientras aún siguen abiertas las heridas, tanto ambientales como humanas, que dejó el de la sierra de la Culebra (Zamora) en el verano de 2022, que fue el incendio más devastador de la historia de Castilla y León con más de 31.000 hectáreas arrasadas y uno de los más graves de España.

“La gestión de la Junta de Castilla y León en cuanto a incendios es nefasta. Hay un modelo laboral precario donde buena parte del operativo trabaja con contratos temporales de cuatro o cinco meses como fijos discontinuos, por lo que no es un servicio que garantice la profesionalidad durante todo el año. Aquí se tira mucho de la vocación del sector”, señala a Infobae España un portavoz de la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León que prefiere no revelar su nombre por temor a represalias.

Según explica, la extensa masa forestal con la que cuenta Castilla y León requiere “la vigilancia y el trabajo continuo” de los bomberos durante todo el año, pues solo así disminuiría el riesgo y “se podrían evitar situaciones como las actuales”.

“La Junta podría garantizar el trabajo de todo el operativo durante todo el año, porque ha quedado demostrado que la propagación y virulencia de estos incendios están condicionadas porque no se hacen los trabajos preventivos adecuados en invierno”, sostiene. Asimismo recuerda que hace tres años, tan solo unos meses antes de que se destara el terrible incendio de la Sierra de la Culebra, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, afirmó que mantener “el mismo operativo” para controlar los incendios todo el año era ”absurdo y un despilfarro".

Este mismo lunes, Mañueco ha defendido durante una rueda de prensa en Zamora el trabajo de su Ejecutivo para reforzar el operativo contra incendios, indicando que se han invertido 74 millones de euros en prevención, una cifra que, según afirmó, se encuentra entre las más altas del país.U Pero a pesar de estas declaraciones, los bomberos mantienen sus reservas y continúan mostrando desacuerdo con la gestión de la Junta.

Los bomberos destacan la necesidad de diseñar planes específicos para las zonas de interfaz forestal, donde el monte se encuentra con áreas habitadas, medidas que incluyen la creación de fajas auxiliares, franjas de terreno despejadas de vegetación junto a los núcleos urbanos, que sirven como barrera para frenar el avance del fuego y proteger a la población. Porque aparte del cambio climático y de la despoblación rural, insisten, “lo que está pasando ahora es una consecuencia de la falta de inversión de la Junta de Castilla y León en prevención” y esto solo no ha hecho más que empezar, advierten.

“Lo de las Médulas solo es el principio, porque va a ir a más y realmente se está poniendo en juego todo nuestro patrimonio natural".

En los últimos días, además, los bomberos en la provincia de León “se han visto completamente desbordados” al tener que afrontar junto al fuego de Las Médulas al menos otros siete incendios más, principalmente en El Bierzo, por lo que ahora más que nunca el colectivo reitera que los incendios “se apagan en invierno con políticas de prevención y con equipos formados y contratados durante todo el año”. Este mismo lunes el fuego seguía sin dar tregua con 15 focos activos, tres de ellos graves.

En España, la contratación y gestión de los bomberos corresponde principalmente a las administraciones locales (ayuntamientos o diputaciones provinciales), si bien algunas comunidades autónomas tienen sus propios cuerpos como en Cataluña, País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana. En el caso de Castilla y León hay desde profesionales contratados por la Junta, funcionarios que han obtenido plaza mediante oposición, a otros trabajadores contratados por empresas privadas que se presentan a concursos públicos.

“Se trata de pliegos de contratos de licitación de obra pública que salen a subasta y la empresa que menos paga, la que presenta la propuesta más baja, es la que se lleva el trabajo, lo cual repercute en las condiciones de los trabajadores”, asegura el representante de Atifcyl. “Es una auténtica situación de precariedad y explotación laboral en la que se benefician una multitud de empresas privadas”.

Por todo ello, los bomberos piden al Gobierno autonómico una reestructuración del operativo de la región y mejores condiciones laborales, incluyendo la contratación estable durante todo el año y una planificación que garantice la continuidad en el servicio.