Dimite el comisionado para la DANA investigado por Anticorrupción por falsificar un título universitario

El comisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA, José María Ángel Batalla, ha anunciado este jueves su dimisión, días después de conocerse que está siendo investigado por la Fiscalía de Anticorrupción por presuntamente falsificar un título universitario para entrar como funcionario de la Diputación de Valencia.

La actual coordinadora del comité de expertos para la reconstrucción en Valencia, Zulima Pérez Seguí, asumirá ahora su cargo, según han anunciado fuentes gubernamentales a la agencia EFE. No obstante, las mismas fuentes adelantan que ese nombramiento no se hará efectivo hasta el 26 de agosto, cuando se celebrará la primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis veraniego.

Según una información adelantada por Cadena Ser, el hasta ahora comisionado ha comunicado su cese en una carta remitida al Ministerio de Política Territorial, en la que habla de “reiteradas actitudes de inquina hacia su persona” con el único objetivo intentar “socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente”.

“Hasta el momento de este nombramiento, mi trayectoria en la Diputación de Valencia había sido siempre respetada tanto por mis compañeros y compañeras funcionarios como por los distintos responsables políticos que han estado al frente de ella. Hasta ahora”, lamenta Ángel, que asegura haber acreditado “fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos”.

“Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad”, ha continuado el político veterano.

Ángel afirma que toma esta decisión para evitar ser titular de lo que ha llamado “una campaña de desgaste incansable que me produce gran dolor”. “Por tanto me voy, me jubilo. Y voy a defender con todo mi cuerpo y fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, malintencionado y sin derecho a réplica”, ha sentenciado.

Una información del diario El Mundo adelantó a principios de esta semana la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, que sostiene que el político habría falsificado un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía de la Universitat de València para incorporarse a la Administración Pública durante la década de los 80. El Partido Popular, que hace una semana vivió un caso similar al trascender que la exdiputada Noelia Núñez falsificó su currículum, pidió explicaciones al comisionado y reclamó insistentemente su cese.

Este miércoles, Ángel salió al paso negando cualquier irregularidad en su acceso a la función pública y en la obtención de la plaza de ayudante técnico, asegurando que cumplió “con todos los requisitos exigidos en las distintas convocatorias”. Preguntada por los periodistas acerca de esta cuestión, la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, se remitió a las explicaciones del comisionado y no quiso hacer más comentarios sobre su continuidad ni sobre las acusaciones del PP.

Horas después de la salida del hasta ahora comisionado, la Diputación de Valencia ha anunciado la apertura de “expedientes de información reservada” tanto a él como a su mujer, la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, para que aporten las titulaciones que acrediten que cumplen los requisitos de sus puestos. La plaza de Ninet en el museo es de A1, pero no tiene titulación universitaria.

Según han indicado a EFE fuentes de la Diputación, en ambos casos se les ha solicitado que aporten la documentación para comprobar si el proceso que han seguido para ocupar sus plazas en la institución provincial son correctos y no se ha producido ninguna irregularidad.

La reacción del Partido Popular no ha tardado en llegar. Desde Génova han arremetido contra el Gobierno por “nombrar a un estafador” para gestionar la reconstrucción tras la DANA. A juicio del PP “su marcha no es suficiente” y han afirmado que, si “se comprueba que ha cobrado ejerciendo un cargo que exigía una titulación que no tiene, por tanto, incumpliendo la ley, Sánchez debe reclamarle hasta el último centro”.

Las mismas fuentes han exigido explicaciones al presidente del Gobierno y sus ministros, y han calificado al ex comisionado, “en términos de ejemplaridad y decencia”, como “una persona a la altura de los estándares que tiene el presidente del Gobierno”.