Macrocausa judicial para frenar la tala de 100.000 olivos centenarios en Jaén: “No es más sostenible una placa solar que un olivo centenario”

El despliegue acelerado de parques solares sobre suelos agrícolas de alta productividad ha desatado un conflicto a nivel nacional. Organizaciones rurales y ecologistas acusan a las administraciones de permitir dicha expansión de forma “descontrolada” bajo un argumento de transición verde, pero que está desplazando cultivos, expropiando tierras y alterando ecosistemas.

Ante esta situación, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han presentado una macrocausa judicial para frenar lo que califican de “destrucción del campo”. El objetivo: detener la eliminación de más de 100.000 olivos centenarios en la provincia de Jaén, donde varios proyectos fotovoltaicos ya han recibido autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía.

“Esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”, explica Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural, en una rueda de prensa a la que ha acudido Infobae España.

La demanda, que ya cuenta con 132.000 firmas y prevé presentarse con más de 300.000 a finales de año, se articula en la plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares.

El primer frente jurídico se sitúa en el municipio de Lopera, donde cuatro proyectos fotovoltaicos prevén la eliminación de más de 100.000 olivos, muchos de ellos centenarios.

“Las primeras acciones judiciales, basadas en el estudio exhaustivo de los proyectos que afectan al término municipal de Lopera, nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio”, señala Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Liberta y especialista den derecho ambiental.

La provincia de Jaén es una de las principales zonas afectadas por la expansión solar, con más de 20 proyectos en desarrollo que, según las organizaciones, podrían transformar radicalmente el paisaje agrario y la identidad rural.

En Andalucía, el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares están situadas sobre suelos clasificados como S1 y S2, es decir, de alta capacidad productiva, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Esta tendencia implica, según dichas plataformas, una amenaza directa sobre la “soberanía alimentaria”. “La conversión de estos suelos destruye tierras fértiles que tardan siglos en formarse y altera de forma irreversible ecosistemas agrícolas únicos”, advierte Fernández.

La Fundación Descubre, dependiente de la Junta de Andalucía, estima que la formación de un solo centímetro de tierra fértil puede requerir entre 100 y 1.000 años. “El suelo es irreparable. Unos 30 cm de suelo dañado tarda en recuperarse 3.000 años”, apunta Corbalán.

Las organizaciones denuncian que muchas de estas instalaciones se han autorizado dividiendo proyectos en expedientes de menor potencia para evitar la competencia estatal y las evaluaciones medioambientales conjuntas.

De este modo, acusan a la Junta de Andalucía de permitir un despliegue “masivo y desordenado” y hablan de un “manifiesto fraude de ley”. En este sentido, en Lopera, se localizan hasta 8 proyectos solares en 8 kilómetros, cada uno de 49,5 megavatios de potencia, por lo que al ser menor de 50 megavatios, el órgano competente es la Junta.

Además, “el modelo de implantación actual favorece la recalificación acelerada de tierras y debilita los controles ambientales, con el resultado de destruir recursos productivos que tardan siglos en regenerarse”, indican en el comunicado.

SOS Rural y Ecología y Libertad advierten sobre la situación de indefensión en la que se encuentran numerosos agricultores, sometidos a procesos de expropiación forzosa, sin información clara ni apoyo legal. “Muchos agricultores se encuentran indefensos ante la imposición de estos proyectos, sin el conocimiento necesario sobre las expropiaciones forzosas y sin el respaldo que deberían tener”, denuncia Corbalán.

Además, las organizaciones alertan sobre el uso de productos químicos agresivos en la instalación y mantenimiento de las plantas solares. Según sus estimaciones, el impacto sobre el suelo es permanente y afecta a la base económica y social del medio rural. “Una vez acabada la vida útil de la plata fotovoltaica, le corresponde al agricultor descontaminar esa tierra. Hay mucha letra pequeña”, añade Fernández.

Frente al avance de las renovables en suelos fértiles, las plataformas defienden el papel del sector agroalimentario como pieza clave de la sostenibilidad. “El sector agroalimentario español, ejemplo a nivel mundial en sus dimensiones ambiental, económica y social, es, sin duda, parte de la solución y no del problema”, afirma Corbalán.

La propuesta pasa por priorizar terrenos degradados para la instalación de infraestructuras fotovoltaicas, así como establecer una zonificación vinculante que impida el uso de suelos agrícolas productivos. “Necesitamos ya una ley, como la que ya tienen países como Italia o Francia, que regule de forma clara y eficaz el uso de los terrenos con altísimo poder productivo”, subraya.

La estrategia jurídica impulsada por SOS Rural y Ecología y Libertad se plantea como una iniciativa pionera a escala nacional. Fernández describió la alianza como “natural y necesaria”, basada en la convicción de que “los mejores ecologistas son los agricultores y los ganaderos”, y en la idea de que “la verdadera sostenibilidad no se impone desde un despacho, sino que se cultiva desde la tierra”.

“El mundo rural no necesita que lo salven, necesita que lo escuchen”, declara Corbalán, quien defendió que el futuro de la transición energética debe construirse desde el conocimiento del territorio y con una planificación coherente que no sacrifique la producción de alimentos ni la biodiversidad. “No es más sostenible una placa solar que un olivo centenario”, destaca.

Según el informe oficial “Extensión de los parques fotovoltaicos en España 2024” del MAPA, los parques solares ya ocupan más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil, equivalentes a más de 70.000 campos de fútbol. Para 2030, se prevé que la superficie aumente hasta las 94.596 hectáreas, lo que representa un incremento del 166% desde 2016.

Este crecimiento, en ausencia de una normativa específica, ha llevado a las organizaciones a reclamar un marco regulatorio que garantice una transición energética sostenible. “Proteger el suelo es proteger la salud, el empleo y la identidad de nuestros pueblos, ya que el futuro no se improvisa, se defiende, se planifica y se siembra”, concluye Corbalán.