La familia de Santos Cerdán avisa al juez de que se muda del ático de Chamberí en Madrid y se lleva sus “enseres”

Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y actualmente en prisión preventiva por su implicación en el “caso Koldo”, ha comunicado al Tribunal Supremo que su familia abandonará en los próximos días el ático que ocupaban en el exclusivo distrito de Chamberí, Madrid, debido a la finalización del contrato de alquiler. Este aviso se ha realizado a través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado el martes 15 de julio por sus abogados, quienes advierten al magistrado instructor, Leopoldo Puente, de que se procederá “a la mudanza de los enseres contenidos en dicha vivienda” en “fechas próximas”

La vivienda en cuestión no pertenece a Cerdán, tal como se recoge en su declaración de bienes, en la que figura únicamente una casa adosada en Milagro (Navarra) adquirida en 1995 por 11 millones de pesetas. El aviso al Supremo se entiende como una medida de transparencia, dado que el exdirigente socialista permanece encarcelado desde el pasado 30 de junio y uno de los argumentos para su prisión provisional es el riesgo de destrucción de pruebas.

En su comunicado, la defensa solicita que el traslado se autorice “a los efectos que procedan y tenga por conveniente” el magistrado instructor, lo que sugiere que estarían dispuestos a permitir supervisión judicial o policial del proceso. El juez aún no ha ordenado registrar el domicilio, pero seguirá de cerca el procedimiento para evitar que desaparezca documentación o dispositivos relevantes para la investigación.

El destino de los “enseres” no ha sido desvelado, aunque se da por hecho que la familia se trasladará a su residencia habitual en Navarra, donde se encuentra la casa adosada de Milagro. El objetivo sería, además de ahorrar costes tras el fin del contrato, reagrupar a la familia en un entorno más estable y menos expuesto mediáticamente.

La mudanza de la familia de Santos Cerdán no es un mero trámite logístico, tiene implicaciones directas en el proceso judicial. Desde que el exsecretario de Organización del PSOE ingresó en prisión provisional, una de las razones que justificaron su encarcelamiento fue el riesgo de destrucción de pruebas, dado su papel central en la presunta trama de corrupción vinculada al “caso Koldo”.

Por eso, el hecho de que se retiren objetos personales y enseres del domicilio que ocupaba en Madrid (aunque no fuese de su propiedad) ha activado las alarmas en el entorno judicial. La preocupación es que, entre esos bienes, puedan encontrarse documentos físicos, dispositivos electrónicos o anotaciones que resulten relevantes para la investigación. Aunque no existe constancia oficial de que el inmueble vaya a ser registrado, los jueces suelen extremar la vigilancia en este tipo de situaciones, sobre todo si el domicilio no ha sido aún objeto de una inspección formal.

La defensa ha optado por comunicar el traslado antes de que se produzca, lo cual se interpreta como una estrategia para mostrar transparencia y buena voluntad ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente. En el escrito presentado al Supremo se subraya que el traslado será “en fechas próximas” y que los objetos que se retirarán son “los enseres contenidos en dicha vivienda”, sin ofrecer más detalle. Esta vaguedad podría obligar al juez a imponer condiciones específicas, como una notificación previa del día y hora exactos del traslado, la elaboración de un inventario o incluso la presencia de agentes judiciales o peritos durante la mudanza.

Además, la coincidencia temporal con la vista del próximo 22 de julio, en la que se decidirá si se revisa su ingreso en prisión, añade tensión al proceso. Cualquier movimiento que se perciba como opaco o poco controlado podría afectar negativamente a su solicitud de libertad provisional.