Juventud denuncia una “falta de colaboración” en las comunidades dirigidas por el PP en la acogida de migrantes menores

El Ministerio de Juventud e Infancia ha acusado este miércoles, 16 de julio, por la noche a los Gobiernos autonómicos del Partido Popular de mantener una “falta de colaboración” en el reparto de menores migrantes no acompañados. Según denuncia el departamento que dirige Sira Rego, estas comunidades “desde el primer momento han tratado de bloquear la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en España”.

La respuesta del ministerio llega después de que varias comunidades gobernadas por el PP anunciaran su decisión de no asistir este jueves a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada a las 9:30 horas para abordar la reubicación de unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla. El Ministerio de Juventud asegura, no obstante, que el “Real Decreto-ley 2/2025 sigue su curso y deberá cumplirse por parte de todos los territorios”, han asegurado, según la información de EFE.

“Después de que algunas Comunidades Autónomas de Partido Popular hayan confirmado de manera extraoficial que no asistirán a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, desde el Ministerio de Juventud e Infancia informamos de que contamos con plenas garantías legales para la celebración de dicho órgano de cooperación con las CCAA”, subrayan fuentes del ministerio. Igualmente, a su juicio, “esta negativa a asistir es una muestra más de la falta de colaboración y de trabajo por parte de Gobiernos del Partido Popular”, y añaden que estos intentos de bloqueo “no solo van contra del interés superior y los derechos de los menores, sino que también van en contra de los intereses de la ciudadanía de territorios como Ceuta o como Canarias, donde gobierna el PP”.

Desde Juventud consideran “una falta de colaboración y de respeto para el resto de CCAA que hayan utilizado filtraciones a los medios de comunicación para anunciar su negativa a asistir, ya que diferentes consejeros y consejeras han viajado con tiempo a Madrid para asistir a la Conferencia Sectorial”. La reunión, presidida por la ministra Sira Rego, llega en un clima de fuerte tensión entre el Gobierno central y varias comunidades del PP. Estas autonomías ya recurrieron ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-ley por el que se establece el nuevo sistema de reubicación. Además, alegan que el orden del día fue rechazado por mayoría en la reunión preparatoria, por lo que consideran ilegal la convocatoria de la sesión de este jueves.

Las críticas del Partido Popular se centran en que el Ejecutivo pretende imponer un “reparto forzoso” e “ilegal” de menores, que vulneraría el principio de igualdad territorial. En un comunicado, recalcan: “Son personas a proteger, no paquetes a repartir”, y aseguran que los menores deben ser atendidos con dignidad y no utilizados como “escudo político y coartada para resolver las urgencias parlamentarias de un presidente atosigado por la corrupción de su entorno”.

Además, afirman que su compromiso está “con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez”, y se niegan a asumir lo que califican como “las consecuencias de su falta de política migratoria”. De esta manera, las comunidades del PP sostienen que el reparto diseñado por el Gobierno busca enfrentar a las autonomías aplicando “criterios arbitrarios, sin consenso y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, sus socios parlamentarios en el Congreso”. También advierten de un “riesgo real de colapso” de los sistemas de protección de menores, que ya funcionarían al límite de su capacidad. Entre las críticas también figura la “falta de garantías” para asegurar condiciones dignas de acogida. Reprochan que el Gobierno quiera trasladar a menores sin haber determinado previamente su edad de forma efectiva.

Asimismo, señalan que el reparto puede actuar como un “potente efecto llamada” para la llegada de nuevos menores migrantes, y reclaman que sea el propio Ejecutivo quien asuma “de manera directa y con financiación propia” la atención en situaciones de emergencia, como la que atraviesan Canarias o Ceuta. Esta medida, recuerdan, estaba contemplada en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y en la llamada Declaración de Asturias. Por último, acusan al Gobierno de mantener una “doble vara de medir” al exigir a las comunidades que asuman a menores migrantes, mientras “se niega a acoger a los más de mil solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo”.