Afectados del Ingreso Mínimo Vital celebran que el Consejo de Europa investigue la ayuda, pero no logran paralizar los “cobros indebidos”

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación que el Gobierno puso en marcha en 2020 en respuesta a la emergencia social que provocó la pandemia, con el objetivo de asegurar un sustento económico a personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En estos cinco años la ayuda ha llegado a más de un millón de hogares y ha significado una vía de alivio ante la falta de ingresos, pero para muchos beneficiarios se ha convertido en una fuente de preocupación, ya que la Seguridad Social les reclama devolver el IMV por “cobros indebidos”, lo que complica su precaria economía.

Esta situación llevó al movimiento ATD Cuarto Mundo Internacional, una ONG que trabaja para erradicar la pobreza, a presentar el año pasado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales una reclamación colectiva contra España y la Ley de Ingreso Mínimo Vital, y ahora este órgano del Consejo de Europa ha decidido admitirla a trámite, por lo que debe valorar si las devoluciones que exige la Administración cumplen con la legalidad. La decisión se adoptó en una reunión plenaria el pasado 15 de mayo pero no se ha hecho público hasta el 16 de junio.

Desde ATD Cuarto Mundo Internacional celebran la decisión del organismo europeo, pues lo consideran un “éxito de la movilización social”, aunque esta victoria les ha dejado una sensación agridulce. “Estamos muy orgullosos de que la reclamación se haya admitido a trámite gracias a la lucha de tanta, porque abre una vía en la que el Gobierno va a tener que que ser cuestionado por la más alta instancia de revisión social europea”, dice a Infobae España Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo. Sin embargo, añade, también habían solicitado medidas cautelares para que se paralizaran esos “cobros indebidos” que pide la Seguridad Social hasta que el Comité se pronuncie y “no ha sido posible”, lamentan.

“El proceso va a durar un tiempo y, mientras tanto, hay muchas personas a las que se les puede hacer un daño irreparable. Teníamos la esperanza de que el Comité pusiera un freno a esta política que, a nuestro juicio, es absolutamente aporofóbica, pero no ha sido así“, señala Arranz. Y es que el organismo europeo no ha acordado medidas inmediatas por considerar que no se han presentado datos suficientes sobre la gravedad y extensión de los cobros indebidos, a excepción de un voto particular discrepante que ha indicado que la falta de datos no es responsabilidad de la organización reclamante, sino del Gobierno por no publicarlos.

La ONG considera que varias disposiciones de la ley del IMV vulneran la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa”, debido a los “criterios erróneos o directamente absurdos” aplicados por la Seguridad Social para calcular las prestaciones mensuales de esta ayuda. Entre ellos figuran la consideración de ingresos pasados ya inexistentes, pues el sistema informático de la Administración suele calcular la ayuda en función de los ingresos del año anterior, aunque la situación del solicitante haya cambiado radicalmente, lo cual provoca que personas sin ingresos actuales reciban menos de lo que les correspondería o sean incluso excluidas.

Otras veces, explica la ONG, la Administración mantiene como miembros de la unidad de convivencia a hijos mayores que ya no residen con el solicitante, alterando el umbral de renta y el importe final, porque aunque el padrón esté actualizado, el cruce de datos no siempre se refleja en el expediente. También hay casos de retenciones retroactivas sin aviso ni desglose, de forma que las ayudas se ven reducidas sin que se detalle por qué, lo que impide al afectado presentar alegaciones fundadas.

Tras la decisión del organismo europeo, ahora se abre un plazo para que el Gobierno, así como las organizaciones sociales y sindicales, formulen alegaciones antes del 14 de agosto.