El Ingreso Mínimo Vital cumple cinco años entre aciertos y errores que endeudan a familias vulnerables por “cobros indebidos”

Desde que el Gobierno puso en marcha en junio de 2020, en plena pandemia, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más de un millón de hogares han recibido esta ayuda dirigida a prevenir la exclusión social, “beneficiando a más de tres millones de personas, de las cuales 1,3 millones son niños, niñas y adolescentes”, y ahora el Ejecutivo se ha propuesto aumentar un 40% la cobertura del Complemento de Ayuda a la Infancia con el objetivo de llegar a 700.000 hogares y 1,5 millones de menores en 2027.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a lo largo de este tiempo el IMV “ha permitido reducir la pobreza hasta el 19,7% en 2024, la menor tasa en los últimos diez años”, al tiempo que la renta real del 10% más pobre de la población ha crecido un 16,4% desde 2018. “Estamos comprometidos con reducir al máximo la pobreza y el IMV ha demostrado ser una herramienta poderosa, ya que no es solo una prestación económica, es una inversión en personas con la mirada puesta en el futuro”, dijo este lunes la ministra Elma Saiz durante la clausura del acto de conmemoración del quinto aniversario de la ayuda, donde también se presentó la nueva campaña informativa que lleva por título Llegar.

Pese a ser considerada como una de las políticas sociales más relevantes implementadas en los últimos años, también se ha convertido en una “auténtica pesadilla” para muchos beneficiarios, ya que la Seguridad Social les reclama devolver la ayuda por “cobros indebidos”, lo cual ha empeorado su ya precaria situación económica. De hecho, esta institución ya ha reclamado deudas por valor de 500 millones de euros.

Tras recibir la prestación, numerosas familias se han visto sorprendidas por notificaciones que les exigen la devolución de cantidades cobradas presuntamente de manera indebida y en algunos casos como los que ha podido publicar Infobae España a lo largo de los últimos meses, las deudas se suelen situar entre los 7.000 y los 12.000 euros, aunque también hay otras que superan esos montos. Las reclamaciones suelen estar motivadas por errores administrativos, retrasos en la actualización de datos o cambios en la situación familiar o laboral que no siempre quedan reflejados de inmediato en los sistemas. Además, en muchos casos, la comunicación de la deuda resulta confusa y no explica de forma detallada el motivo ni ofrece alternativas de pago flexibles.

Muchas de estas familias afectadas recuerdan, además, que ni siquiera solicitaron la prestación, sino que se la concedieron de oficio, después de que la Administración consideró que así les correspondía.

“De lo que no se habla en este quinto aniversario del IMV es de que han concedido de oficio una ayuda a familias que ni tan siquiera lo habían solicitado, basándose probablemente en datos generados por un algoritmo y, como consecuencia de ello, en diciembre de 2022 se dispararon las cartas de reclamaciones de cobros o pagos indebidos a familias que vivían al límite y las convirtieron en más vulnerables a causa de este desastre”, resume la plataforma de afectados en un comunicado. “Tampoco hablan de que las deudas con la Seguridad Social no prescriben, se heredan, e incluso los menores de edad se convierten en deudores solidarios al formar parte de la unidad de convivencia de la persona perceptora del Ingreso Mínimo Vital”, lamentan.

Los afectados también critican que, dependiendo de la unidad de convivencia, una persona perceptora del IMV puede aceptar un trabajo temporal y “solamente con esos ingresos, puede generar cobros indebidos y tener que devolver lo ganado a la Seguridad Social”. Si por lo contrario, añaden, esa persona no acepta el contrato, “también la penalizan por rechazar un empleo y extinguen el IMV”. “¿En qué quedamos? ¿trabajamos y le regalamos nuestro sueldo a la Seguridad Social o nos quedamos en casa para no generar deuda?“, se preguntan, al tiempo que recuerdan que el reclamo de deudas ha impactado notablemente en su salud mental generando problemas de estrés, depresión y ansiedad.

Recuerdan asimismo que el pasado mes de junio, a través de la ONG Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, muchas de las personas afectadas denunciaron a España ante al Comité Europeo de Derechos Sociales al considerar que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, la que regula esta prestación, no cumple con la Carta Social Europea, “que es el máximo exponente de los derechos sociales básicos en los países adscritos al Consejo de Europa”.