Antonio David Flores ha iniciado una nueva ofensiva judicial con una macrodemanda en la que reclama 5.789.000 euros en concepto de indemnización por el supuesto daño a su honor y reputación. Este paso surge tras los efectos mediáticos derivados del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, protagonizado por Rocío Carrasco, madre de sus hijos, y de las declaraciones públicas relacionadas con su vida privada.
El excolaborador de televisión centra su demanda principalmente en Rocío Carrasco, a quien exige 1.628.000 euros. Según el texto presentado por su defensa, esta cifra refleja el presunto daño reputacional y personal que Flores considera haber sufrido durante la emisión del documental, así como las intervenciones públicas posteriores de Carrasco.
Sin embargo, la acción legal no se limita a ella. El excolaborador de Sálvame también ha demandado a la productora del documental, La Fábrica de la Tele, a la que reclama 1.560.000 euros. Asimismo, apunta a Mediaset España y las empresas del grupo, exigiendo 1.976.000 euros por su papel en la emisión y cobertura del contenido que, según el ex guardia civil, afectó negativamente su imagen pública.
De Jorge Javier Vázquez a Paloma García-Pelayo
La lista de personas demandadas se extiende a varios rostros destacados de Telecinco y colaboradores relacionados con el Universo de Telecinco. Entre los nombres señalados figuran Carlota Corredera, a quien reclama 281.000 euros en concepto de indemnización, Jorge Javier Vázquez, a quien pide 207.000 euros, o Kiko Hernández, cuya suma roza los 170.000 euros. A quienes también exige que cumplan con su parte de la indemnización son a Paloma García-Pelayo (más de 157.000 euros), Laura Fa (153.700 euros), Miguel Frigenti (134.000 euros), Alonso Caparrós (92.325 euros), Isabel Rábago (34.200 euros), Kike Calleja (24.600 euros), Marc Giró (38.400 euros), por las opiniones que vertió tras la emisión del documental, y a la abogada Montse Suárez (más de 202.000 euros), entre otros.
El documento presentado ante los juzgados incluye una exigencia clave: la condena solidaria en todos los casos. Esta cláusula implica que, de ser aceptada, cada demandado podría hacerse responsable del monto total de la indemnización si el resto no pudiera asumir su parte. La estrategia de los abogados de Antonio David busca, según se interpreta del texto legal, establecer responsabilidades individuales sin renunciar a una cifra general elevada.
Según fuentes cercanas al caso, la base de la demanda se sustenta en la exposición pública que Flores considera que sufrió a raíz de los contenidos difundidos por el documental y las posteriores declaraciones. Las mismas fuentes alegan que estas afectaron su reputación y vida personal de manera irreversible, además de generarle daño emocional.
Este movimiento legal tiene lugar en medio de una nueva fase mediática de Rocío Carrasco, quien ha retomado su actividad pública y se prepara para su próximo proyecto televisivo, La familia de la tele. Sin embargo, Antonio David deja claro con esta acción que no tiene intención de dejar atrás los conflictos derivados de la emisión del documental.
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