La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado explicaciones a la Dirección General de la Guardia Civil tras detectar que algunos agentes están siendo penalizados por no acudir a sus puestos de trabajo el pasado 28 de abril, jornada en la que un apagón eléctrico masivo afectó gravemente al funcionamiento del transporte público. Según la AUGC, algunas unidades están aplicando descuentos de días de asuntos propios o suprimiendo descansos pendientes a aquellos guardias civiles que no pudieron presentarse en sus destinos debido a la interrupción del servicio.
La organización ha presentado un escrito en el que denuncia que estas medidas se están adoptando pese a que el propio Ministerio de Trabajo señaló públicamente que los trabajadores no debían verse perjudicados por un evento de fuerza mayor como un apagón generalizado. El fallo eléctrico afectó a múltiples infraestructuras, entre ellas trenes de cercanías y metros, dificultando el acceso a los lugares de trabajo en varias regiones del país.
En su comunicado, AUGC ha exigido a la Dirección General que aclare si ha impartido alguna instrucción para que se impongan medidas de recuperación de horas o retirada de permisos. La asociación ha pedido también que, en caso de no existir dichas órdenes, se envíe una comunicación urgente a todas las unidades para evitar que se sigan produciendo sanciones encubiertas y, si ya se han aplicado, que estas se anulen de inmediato.
AUGC ha subrayado que estos descuentos suponen un castigo injusto por una situación completamente ajena a la voluntad de los agentes. La asociación recuerda que los guardias civiles no pueden ser penalizados por no presentarse en sus puestos cuando el acceso a los mismos se ha visto obstaculizado por un fallo del sistema eléctrico nacional, y reclama que se actúe con proporcionalidad y respeto a los derechos laborales del colectivo.
Drogas en el interior del coche
Asimismo, la AUGC ha expresado su rechazo frontal a la reciente Instrucción 7/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Esta norma impide considerar infracción administrativa el consumo o tenencia de drogas en el interior de vehículos particulares aparcados, salvo que estén en tránsito. La asociación considera que esta interpretación restrictiva del artículo 36.16 de la Ley de Seguridad Ciudadana crea un vacío legal que limita la capacidad de actuación de los agentes en situaciones que, advierten, generan alarma social y riesgo para la seguridad.
Según la asociación, la nueva instrucción convierte a los vehículos privados estacionados en espacios de impunidad donde los infractores pueden consumir o portar drogas sin que los guardias civiles puedan intervenir. “Una vez más, se legisla desde el despacho ignorando la realidad diaria de los agentes”, señalan desde la entidad, que considera que la medida beneficia a quienes actúan al margen de la ley, reduce la eficacia del trabajo policial y lanza un mensaje de permisividad inaceptable a la ciudadanía.
En este sentido, la organización exige la retirada inmediata de la instrucción y reclama una revisión normativa que refuerce el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “La lucha contra las drogas requiere coherencia y respaldo institucional, no limitaciones que debiliten la labor preventiva de los agentes”, señalan desde AUGC.
