El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto anti-aranceles diseñado por el Gobierno para proteger a las empresas y trabajadores afectados por los aranceles impuestos por la administración Trump. Los votos afirmativos de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria suman 176 ‘síes‘, lo que permite sacar adelante la medida con la abstención de los cuatro diputados de Podemos, superando así los 169 ‘noes’ de PP, Vox y UPN.
El Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial fue aprobado el pasado 8 de abril en el Consejo de Ministros y publicado en el boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente. El decreto contempla movilizar 14.100 millones de euros, los primeros 7.400 millones, que son los que se han convalidado este jueves, serán de nueva financiación; mientras que los 6.400 restantes de instrumentos ya existentes. Además de las ayudas a empresas, contempla medidas para proteger al trabajador, entre ellas, un mecanismo para retener a los trabajadores ante posibles recortes de plantilla.
La incógnita, una vez más, radicaba en el voto de Junts, que finalmente ha votado ‘sí’ tras incorporar en el texto el acuerdo negociado ‘in extremis’ con el Gobierno. Moncloa aceleró este miércoles las negociaciones con la formación independentista, que reclamaba que las ayudas a empresas atiendan a criterios territoriales en función del impacto, lo que aseguraría mayores recursos a Cataluña por ser la región más afectada. Concretamente, un 25% de las líneas de avales hacia las empresas catalanas, unos 3.000 millones de euros, según cifró el portavoz adjunto de la formación independentista, Josep Maria Cruset.
“Si el gobierno ha hecho lo que se ha acordado puede estar tranquilo”, afirmó la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en una intervención para el programa de Telecinco La Mirada Crítica momentos antes del pleno.
Los de Carles Puigdemont afirmaron el pasado 8 de abril que alcanzaron dicho acuerdo con el Gobierno, pero la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, María Jesús Montero, desmintió esta idea: “No hay ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o a un territorio”.
Sánchez inició la semana pasada una ronda de contactos con el resto de fuerzas parlamentarias, a excepción de Vox. Las negociaciones fueron especialmente intensas con el Partido Popular, que en un primer momento aplaudió que el Gobierno abriese la puerta a negociar con ellos el decreto.
El PP critica al Gobierno por ignorar sus peticiones
Pero el acuerdo con Junts ha dinamitado las conversaciones entre socialistas y populares, y la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo adelantó que votaría en contra de la medida. Según confirmó este miércoles el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien lidera las negociaciones con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, entienden que la medida no es lo suficientemente ambiciosa y que se trata simplemente de "deuda y líneas de avales".
Critican al Ejecutivo por no exponer bien el plan ni querer aceptar ninguna de las propuestas que el PP diseñó en su plan alternativo de 12 puntos: “Si el PSOE no quiere aceptar las propuestas que le hacen desde el PP, evidentemente no va a contar con el apoyo del PP y tendrá el voto negativo para ese real decreto ley”, afirmó este miércoles Bravo en su comparecencia ante los medios". “Una premisa necesaria era hablar y negociar. Este real decreto ley no es un plan y nada ha cambiado”, ha señalado este jueves.
Por su parte, los socialistas han acusado al PP de no querer alcanzar acuerdos y de seguir una estrategia de bloqueo. También aseveran que sus condiciones de apoyo estén sujetas a cuestiones “que no tiene nada que ver” con el decreto, entre ellas, una prórroga del calendario de cierre de las nucleares. “No quieren acuerdos, lo que quieren es bloqueo”, ha reprochado la diputada socialista, Patricia Blanquer.
La abstención de Podemos allana el camino
La abstención de la formación morada también allanó el camino para la convalidación del decreto. Podemos fiaba su apoyo a la expropiación de viviendas de fondos de inversión norteamericanos, criticando que la medida presentada “no sirve para nada” y “no será útil” para proteger nuestro tejido productivo ni a los trabajadores.
Ante la falta de acuerdo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, desveló este miércoles que los cuatro diputados en el Grupo Mixto optarían por la abstención. En todo caso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reiterado que su mano “está tendida” para seguir negociando con el resto de fuerzas “las siguientes capas” de esta medida.
Las empresas alertan de un impacto a largo plazo
De acuerdo con una encuesta lanzada por el ICEX, las principales empresas exportadoras españolas —más de 1.150—, apuntan a la necesidad de una respuesta que atienda tanto a los elementos de corto plazo como a la adaptación, en el medio y largo plazo, a un entorno más fragmentado estructuralmente.
De hecho, en torno a la mitad de los encuestados por el ICEX, prevén un impacto estructural, es decir, afectará a largo plazo, y un mayor coste derivado de los aranceles impuestos por Estados Unidos. “Este shock, según ellas, ha venido para quedarse. Y, de hecho, siete de cada diez empresas nos manifiestan que lo que van a ver a largo plazo es una disminución de su facturación en Estados Unidos”, ha señalado el titular de Comercio.
Según el Cuerpo, estas empresas identifican como elementos clave de apoyo en estos momentos la búsqueda de clientes en mercados alternativos, la obtención de información, el apoyo en materia de comunicación o marketing, y también el acceso a la financiación, según el ministro.
