El tribunal correccional de Béthune (Francia) ha condenado este martes 6 de mayo a Alain Hocquemiller, antiguo prior de la comunidad católica ultratradicionalista de Riaumont, a dos años de prisión con suspensión de pena por la consulta de archivos de pornografía infantil. La sentencia incluye una prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con menores durante cinco años, así como la inscripción del religioso, de 61 años, en el registro nacional de delincuentes sexuales. Es la primera vez que un miembro de esta comunidad es juzgado, lo que podría marcar un precedente para otros procedimientos judiciales.
Durante la audiencia, el acusado, vestido con sotana beige, negó cualquier intención pedófila. Alegó que las imágenes en cuestión fueron consultadas en el marco de un “estudio sociológico” sobre la sexualidad juvenil y “comprenderlos mejor”. Su abogado ha anunciado que recurrirá la sentencia, defendiendo que los sitios web visitados eran “legales”. La fiscalía, por su parte, había solicitado una pena más severa, con un año de prisión firme.
Un caso que podría abrir la vía a más juicios
La condena de Alain Hocquemiller no cierra el capítulo judicial en torno a Riaumont, una comunidad religiosa instalada en la localidad de Liévin, en el norte de Francia. El Ministerio Público ha solicitado la apertura de un nuevo juicio que implicaría al mismo acusado y a otros cinco miembros de la comunidad, por presuntas violencias contra menores cometidas entre 2007 y 2019. Además, dos responsables ya han sido imputados por agresiones sexuales y se siguen registrando nuevas denuncias.
Ixchel Delaporte, periodista y autora de una investigación sobre el centro, destaca el peso simbólico de esta primera condena: “Es la primera vez que Riaumont se enfrenta a la justicia. Las víctimas están empezando a hablar, y eso incomoda”. Adrien Bonnel, miembro del colectivo de víctimas, lamenta que el acusado “no haya aprendido nada del juicio” y señala que hay más expectativas puestas en los procesos venideros.
Una comunidad cerrada bajo vigilancia
Riaumont funciona como una comunidad católica de corte integrista, con una estructura inspirada en el escultismo tradicional. Desde su fundación en los años 60, ha acogido a menores procedentes tanto de familias ultracatólicas como de la protección de menores (equivalente a los servicios sociales de infancia en España).
El centro ha operado en un entorno cerrado, con escasa supervisión externa y una disciplina religiosa rigurosa. En 2019, las autoridades francesas ordenaron el cierre de la escuela que funcionaba dentro de la comunidad. Y en 2025, la prefectura (la Delegación del Gobierno) prohibió la celebración de campamentos scouts en el lugar, ante el riesgo de que personas con medidas judiciales restrictivas sigan residiendo allí.
Este juicio tiene lugar en un contexto más amplio de denuncias por abusos en instituciones religiosas en Francia. Tras el escándalo de Bétharram —otra congregación religiosa afectada por casos similares— y las conclusiones de la comisión parlamentaria sobre violencia escolar, se ha intensificado el escrutinio sobre comunidades cerradas y religiosas. La justicia, por primera vez en años, parece estar dispuesta a actuar frente a relatos que hasta ahora permanecían silenciados.
