Cada día desde hace dos meses, entre las 8:00 y las 18:00 horas, la vida se vuelve prácticamente imposible para los vecinos y vecinas de la calle San Ildefonso número 20 en Madrid, en el barrio de Antón Martín, por las obras que se están acometiendo en el bloque. En diciembre de 2023 la familia propietaria del edificio se lo vendió a la empresa Atm Tyr Real State y unos meses más tarde, en noviembre de 2024, lo adquirió otra sociedad limitada dedicada a la compraventa de viviendas, Erem Si20, que en seguida comunicó a los inquilinos que no les renovaría los contratos de alquiler. El objetivo de la empresa, según denuncian, es desalojarlos para “convertir sus hogares en pisos turísticos y de alquiler temporal”, pero de momento resisten.
Las nueve familias que siguen viviendo en el edificio ubicado entre Lavapies y Atocha, una de las zonas más cotizadas de la capital donde la presión de los fondos inmobiliarios no deja de aumentar, quieren negociar con los nuevos propietarios una salida al conflicto y para ello proponen la creación de una cooperativa que les permita comprar el bloque. Sin embargo, Erem Si20 no parece dispuesta a entablar conversaciones y sigue derribando los pisos que están vacíos, obras que están dificultando enormemente el día a día de los inquilinos por los elevados niveles de ruido, los cortes puntuales de los servicios y la acumulación de suciedad y polvo.
“Hemos contactado con la empresa, pero de momento no nos han dicho nada. Queremos negociar la compra del bloque como estábamos haciendo con la primera empresa que lo adquirió, pero con la condición de que paren las obras que comenzaron el pasado mes de marzo”, explica a Infobae España José Ferreira, uno de los vecinos que reside en este edificio desde hace cinco años y que, pese a los problemas, deja claro que ni él ni el resto de inquilinos contempla marcharse. Aunque sus contratos de alquiler han finalizado, añade, todos siguen pagando su renta mes a mes, cantidad que en el caso de José se sitúa en los 900 euros por un piso de poco más de 50 metros cuadrados.
El modus operandi de los fondos buitre se repite una y otra vez: compran edificios, informan a los vecinos de la finalización del contrato de arrendamiento y convierten las viviendas en pisos turísticos y de alquiler temporal, aumentando el precio de forma desorbitada, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, lo cual dificulta el acceso a la vivienda para la población residente. Muchas de estas empresas, según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, justifican su decisión de no renovar los contratos de alquiler en que van a reformar las viviendas cuando “en realidad solo quieren aumentar sus beneficios a través de alquileres temporales y por habitaciones”.
Las amenazas de fondos buitre se repiten en otros bloques
En ese sentido, José explica que las últimas semanas con las obras en San Ildefonso 20 han sido “muy tensas y complicadas”. “Su objetivo es acosarnos, intimidarnos y condicionar nuestra vida para que finalmente tomemos la decisión de abandonar nuestros hogares, pero no vamos a hacerlo”, sostiene.
Aparte de los problemas que les generan los ruidos, este inquilino asegura que su mayor temor es que la estructura del edificio sufra daños que puedan forzar su desalojo, porque “esa es también una estrategia que utilizan los fondos buitre” para echar a los vecinos de los bloques que compran. Como ejemplo menciona la situación que están sufriendo las 50 familias del bloque ubicado en la calle Tribulete 7, también en el barrio madrileño de Lavapies, que llevan viviendo bajo la amenaza de desahucio desde que en marzo de 2014 la Socimi Elix Rental Housing compró el edificio. Desde entonces las obras, los ruidos y los intentos de desalojar a los vecinos de este bloque tampoco han parado, aunque de momento también se niegan a marcharse.
José explica que en su caso ya han interpuesto varias denuncias ante la policía y el Ayuntamiento que lidera el popular José Luis Martínez-Almeida, aunque “aún falta que vengan los inspectores”, aclara. También han interpuesto una denuncia que ha sido admite a trámite por vulneración de las normas de seguridad en cuanto a la protección contra los incendios, pues Erem Si20 “no ha renovado los extintores y el plazo ya venció en diciembre de 2024″.
Cooperativa en cesión de uso
Pese a todos los problemas, los vecinos y vecinas de San Ildefonso 20 confían en poder comprar finalmente el edificio para crear una cooperativa en cesión de uso. Su objetivo es ofrecer los pisos a los inquilinos que se han marchado en este último tiempo y, si lo descartan, ofrecerían las viviendas a aquellas personas interesadas en formar parte del proyecto. “Estamos esperanzados e ilusionados con la posibilidad de que el problema se solucione con la cooperativa, aunque sabemos que primero tenemos que convencer a la propiedad de que nos venda el inmueble”. Si la cooperativa de vivienda prospera, “podría servir de prototipo o proyecto piloto para solucionar parte del problema de la vivienda” en España, reflexiona, que ya se ha convertido en la principal preocupación de la población.
En ese sentido, José también menciona el caso de la casa Orsola en Barcelona, un edificio del centro de la ciudad condal que se ha convertido en todo un símbolo de resistencia frente a la especulación inmobiliaria gracias a la movilización social. Y es que la presión de la calle evitó el desahucio que quería llevar cabo el fondo buitre propietario del bloque y finalmente el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del Tercer Sector Hàbitat3 llegaron a un acuerdo para comprarlo, a través de una fórmula social colaborativa. “Este caso demostró que cuando hay voluntad se puede y que hay alternativas incluso parece que no las hay”, concluye.
