Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada en Almería, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas directas de la autora del crimen desde el interior de la prisión de Brieva (Ávila), donde esta cumple condena. En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Almería, Ramírez ha afirmado que, según le ha llegado, la asesina de su hijo y expareja de su exmarido, querría acabar con su vida. “A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas”, ha recogido EFE.
Según su testimonio, desde hace más de un año recibe información sobre supuestas irregularidades dentro del centro penitenciario. Este martes 6 de mayo, el diario El País reveló que varios empleados públicos habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de entregarle un teléfono móvil, aparato que la interna habría utilizado para grabar parte de esos encuentros con el objetivo de chantajear a la dirección del centro penitenciario y presionar para ser trasladada a otro destino.
“La información que a mí me llega es que Ana Julia tiene móviles. Que hay personas que graban dentro, que hay vídeos sexuales, que hay grabaciones para un documental, que hay personas que mueven dinero por ello”, ha afirmado Ramírez, que ha indicado que estas informaciones provienen tanto del interior como del exterior del penal y que lleva recibiéndolas durante un año.
“A ella se le ha oído decir que me quiere matar. Y lo ha dicho delante de otras internas. Eso me lo han hecho llegar personas que estaban dentro y fuera de la cárcel”, ha relatado. Ramírez sostiene que ha trasladado esta información a las autoridades correspondientes, sin obtener respuesta ni apertura de investigaciones.
Recibe llamadas anónimas desde hace tiempo
La madre de Gabriel ha manifestado además que otras personas vinculadas con la autora del crimen también le habrían amenazado, y ha alertado de que lleva tiempo recibiendo llamadas anónimas. Estas situaciones han sido denunciadas ante la Guardia Civil, pero, según afirma, no han tenido consecuencias. La madre del menor asegura que las amenazas se han producido por la falta de control institucional. “Me consta que se alquilan teléfonos dentro de la cárcel, que hay intercambio de móviles, que se usan para llamadas, grabaciones, o incluso para chantajear a otras internas”, ha asegurado.
En sus declaraciones, ha señalado además la presunta implicación de personal penitenciario en estas prácticas. “A mí me constan por lo menos cuatro funcionarios implicados”, ha añadido.
Ramírez también ha criticado que se dé espacio mediático a personas condenadas por crímenes como el de su hijo. “¿A costa de qué se le está dando tanta fama a esta asesina? ¿Para vender nuestra amargura como espectáculo?”, ha denunciado. “Nos vuelven a matar un poco cada vez que sacan su nombre, su imagen, su historia. Nos roban el duelo, la intimidad, la paz”.
Finalmente, ha reclamado que se aplique de forma efectiva el Estatuto de la Víctima y los principios del marco europeo de derechos fundamentales. “Ese estatuto dice que hay que tratar con respeto y proteger a la víctima. Pero aquí no hay respeto. No se me protege. Me siento absolutamente sola. El sistema me ha dejado sola”.
*Con información de EFE
