El Gobierno no espera esclarecer en breve las causas del apagón. La comisión independiente encargada de analizar lo ocurrido, encabezada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha fijado un plazo de entre tres y seis meses para dilucidar lo sucedido, depurar responsabilidades y proponer reformas que eviten que algo similar se repita. Este margen de tiempo coincide con el límite máximo dado por la Comisión Europea para que España le remita sus conclusiones, por lo que desde el Ejecutivo consideran que se trata de un plazo razonable que prioriza la necesidad de tener “certezas”. En cualquier caso, cada paso que se dé se comunicará públicamente, al tiempo que se adoptarán las medidas necesarias.
En Moncloa justifican este calendario basándose en los informes técnicos y ante la enorme cantidad de datos y variables a revisar para localizar las posibles anomalías. Se trata, apuntan, de una investigación “muy compleja”. De hecho, cuando ya ha pasado más de una semana desde el gran apagón que afectó a buena parte de la península, el Ejecutivo no descarta aún la posibilidad de un ciberataque, algo que Red Eléctrica sí rechazó desde el principio.
Este martes, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, reiteró que se está considerando “todas” las hipótesis y que se mantiene abierta la posibilidad de una intrusión digital. Además, valoró el trabajo que el CNI está realizando en esta línea con el fin de “conocer toda la verdad”. Desde esa misma jornada, los técnicos del Centro Criptológico Nacional comenzaron a desplazarse a las instalaciones de control de generación. Desde el entorno de la Moncloa insisten en que no se puede cerrar ninguna vía hasta que existan datos concluyentes.
La vicepresidenta de Transición Ecológica, por su parte, recalcó que la investigación debe llevarse a cabo “con rigor y cautela” para no descartar aún el ciberataque. “No vamos a presentar hipótesis ni suposiciones a la ciudadanía”, respondió ante las preguntas de la oposición durante la sesión de control en el Senado, para concluir que “con toda seguridad conoceremos las causas y aplicaremos las soluciones necesarias para que no vuelva a pasar”.
Mientras esa posibilidad sigue sobre la mesa, el Consejo de Ministros dio luz verde a un plan de ciberseguridad y defensa dotado con 1.157 millones. Según cifras del Gobierno, en 2024 se produjeron más de 100.000 ciberataques en el país, y cada tres días se registró uno clasificado como “muy grave”. Desde 2015, estos ataques se han incrementado un 300%.
Pedro Sánchez comparecerá este miércoles en el Congreso para informar sobre el apagón, aunque sus colaboradores avanzan que solo detallará el estado actual de las pesquisas, sin poder aún atribuir un origen claro. La información más reciente sobre el incidente, facilitada por Aagesen, fue que se detectó una oscilación en el sistema 19 segundos antes del colapso.
El Ejecutivo insiste en que no habrá respuestas inmediatas y, aunque no descartan nada, se inclinan por un enfoque más estructural del problema. Se sospecha que no hubo un único factor desencadenante, sino “varios”. La falta de respuestas está intensificando el enfrentamiento con la oposición. “Siguen en una estrategia de crítica sin responsabilidad institucional”, reprochan fuentes cercanas al presidente.
Refuerzo de las renovables
Desde Moncloa subrayan la voluntad de “seguir mejorando” la red eléctrica, pese a que es considerada una de las más seguras del mundo, incluso tras el fallo del pasado lunes. En la 40ª edición del Cercle d’Economia, el presidente Sánchez prometió “reforzar el sistema eléctrico” sin alejarse de la apuesta por las energías renovables. Lejos de cuestionar el papel de estas fuentes, reafirmó su compromiso con la transición energética, que calificó de imprescindible.
Pese a que la oposición quiere abrir el debate sobre la energía nuclear, el Gobierno evita vincular esa discusión con lo ocurrido. También rechaza relacionar el momento actual con la propuesta de nacionalización de la red eléctrica impulsada por sus socios. Desde Sumar se plantea que el Estado recupere presencia en el sistema a través de la SEPI. Aunque el Ejecutivo apuntó inicialmente a los operadores privados, fuentes de Moncloa insisten en que la titularidad de la red no está en el origen del problema.
