La Fiscalía de Cantabria, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha conseguido por primera vez que un juzgado de Santander declare la injusticia de la condena a cadena perpetua impuesta a una víctima del franquismo.
El procedimiento se inició el pasado mes de enero a iniciativa del Ministerio Fiscal. Atendiendo a la petición recibida de un familiar, la Fiscalía recabó toda la información relativa a las circunstancias que rodearon el juicio y posterior condena a cadena perpetua de una víctima de la represión de la dictadura y procedió a instar la declaración judicial de estos hechos ante el juzgado de primera instancia.
En los mismos términos solicitados por la Fiscalía, y tras la celebración de una vista oral en la que se practicó la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal, el órgano judicial ha dictado una resolución por la que se tienen por acreditados los hechos, declarando que la víctima fue sometida “a un juicio sin garantías y condenado a cadena perpetua sin haber cometido infracción penal alguna, por lo que fue sometido a una privación de libertad arbitraria e inhumana, con efectos demoledores para su persona y muy perjudiciales para su familia directa”.
El procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados
Según explica el Ministerio Público, “el procedimiento de jurisdicción voluntaria para declaración judicial de hechos pasados, creado por la Ley de Memoria Democrática, tiene naturaleza civil y su objeto es la declaración por un órgano judicial de la realidad y circunstancias de hechos determinados ocurridos en el pasado”.
“Este procedimiento constituye una valiosa herramienta más que el ordenamiento jurídico pone a disposición de las víctimas y del Ministerio Fiscal a fin de garantizar los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que son pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, añaden.
La ley de Memoria Histórica de Cantabria
La Ley de Memoria Histórica y Democrática ha pasado por varias polémicas en Cantabria, debido al rechazo por parte de algunos grupos políticos. El Gobierno Regional impulsó el pasado noviembre una derogación de esta normativa con los votos favorables del Partido Popular (PP) y Vox, mientras que el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y el PSOE se mostraron en contra.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, justificó la derogación destacando que la ley no contaba con un “consenso amplio” y que, en lugar de promover la convivencia, representaba un “intento de imponer una visión unilateral sobre la memoria histórica”. Sáenz de Buruaga agregó que la normativa, promovida por el PRC y el PSOE, no buscaba el diálogo, sino que, en su opinión, “dividía a la sociedad”. La presidenta señaló que la Ley de Memoria Histórica de Cantabria había sido “impuesta” sin contar con un acuerdo amplio, lo que justificó su derogación.
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria fue aprobada en 2021 con el objetivo de regular las exhumaciones de víctimas del franquismo y la recuperación de la memoria histórica. No obstante, con la nueva ley en vigor, se establecen cambios significativos en cuanto a las exhumaciones, que ahora quedarán reguladas por la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria de 1998. Según Sáenz de Buruaga, esta legislación brindará un enfoque “más adecuado” a la gestión del patrimonio y la memoria histórica en la región.
