La Fiscalía ha solicitado la aplicación de la amnistía para cerca de 40 empresarios y antiguos altos cargos del Govern de Carles Puigdemont que fueron procesados por su implicación en la preparación del 1-O, tras casi un año de parálisis debido a un conflicto sobre competencias judiciales.
Según un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público argumenta que, “se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas” detrás de la ley, los procesados por el referéndum del 1-O deben ser amnistiados, ya que sus acciones se limitaron a la organización y financiación del mismo, lo que encaja dentro del marco de la amnistía.
La Fiscalía excluye de la amnistía dos partidas específicas que considera ajenas al procés: el servicio de limpieza y una auditoría contratada por el Diplocat. Por ello, solicita juzgar a los ex secretarios generales de esa entidad, Roser Clavell y Albert Royo, únicamente por estos contratos.
En el documento, el fiscal se distancia de la postura del Supremo y subraya que también debe incluirse el delito de malversación en la amnistía —además de los de prevaricación, falsedad documental y desobediencia—, ya que excluirlo dejaría “vacía de contenido” la norma aprobada.
Desvío de fondos para financiar el 1-O
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó a una treintena de miembros del llamado ‘sottogoverno’ de Carles Puigdemont por su implicación en la logística del referéndum, entre ellos los exdirectores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio: Núria Llorach, Vicenç Sanchis y Saül Gordillo, respectivamente; el exdelegado del Govern ante la UE Amadeu Altafaj y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
A esta lista se sumaron posteriormente los investigados por el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona en relación con los gastos del ‘procés’ en el exterior, entre ellos el exconseller Raül Romeva.
En su informe favorable a la amnistía del ‘sottogoverno’, la Fiscalía concluye que los ex altos cargos “dirigieron, promovieron y participaron activamente” en la puesta en marcha de una “estrategia” orientada a la celebración del referéndum, “cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad”, pese a estar suspendido por el Tribunal Constitucional.
El escrito detalla que el Govern adoptó una estrategia de “diluir la responsabilidad individual”, recurriendo a la colaboración entre distintos departamentos de la Generalitat con el objetivo de “dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado”.
Entre los actos atribuidos a los procesados que, según la Fiscalía, deben ser amnistiados, se encuentran la utilización de fondos y recursos públicos para el 1-O, la creación de una web informativa, una aplicación para el registro de catalanes en el extranjero, el censo de voluntarios, las campañas institucionales y las promovidas por el Diplocat.
Otras acciones consideradas también amnistiables incluyen el proceso de designación y notificación formal de los miembros de las mesas electorales —encargado por varias consellerias a la empresa Unipost— y la elaboración del censo electoral mediante registros públicos de titularidad autonómica.
En esta causa fueron investigados también los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, antiguos cargos de la conselleria de Vicepresidencia y Economía liderada por Oriol Junqueras, aunque su caso, al igual que el de la exconsellera de Cultura Natàlia Garriga, fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estar aforados.
Con los tres aún pendientes de juicio, el TSJC decidió en julio del pasado año suspender la aplicación de la ley de amnistía a Jové y Salvadó, y trasladó la norma al Constitucional y a la justicia europea al plantear dudas sobre la inclusión del delito de malversación.
(Con información de EFE)
