A medida que se acerca el 9 de mayo, conciliar el sueño se complica para Séfora y su marido. Esa es la fecha en la que deben abandonar la casa en la que viven desde hace seis años, cuando “se vieron obligados a ocuparla al no tener otra alternativa habitacional” o, de lo contrario, serán desahuciados. Antes de instalarse en este piso ubicado en el distrito madrileño de Usera, el matrimonio y sus tres hijos habían vivido en casa de un familiar, pero compartir un piso tan pequeño entre tantas personas, explica la mujer a Infobae España, se volvió inviable.
El piso de Usera donde vive esta familia es propiedad del Banco Santander y su unidad financiera, la Unión de Créditos Bancarios (UCI), y aunque aseguran que han tratado “por todos los medios” de regularizar su situación mediante un alquiler social, la entidad siempre se ha negado. “No quieren negociar ese alquiler”, relata Séfora, de 28 años y sin empleo, al igual que su pareja, quienes únicamente se mantienen gracias al Ingreso Mínimo Vital, una prestación del Gobierno central dirigida a prevenir el riesgo de exclusión social y de pobreza.
La joven ha llamado a todas las puertas que ha podido e incluso ha acudido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “pero no ha servido de nada”, lamenta. “Los Servicios Sociales no nos han ofrecido una alternativa habitacional y, aunque llevamos años solicitando un piso en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, tampoco hemos tenido suerte”. Aunque a pesar de todo, asegura, “van a seguir luchando”.
La PAH denuncian el “abandono de las administraciones”
El del 9 de mayo será el sexto intento de desahucio al que se enfrenta esta familia vulnerable, después de que el pasado 4 de abril fuera paralizado gracias a la mediación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que denuncia que las prácticas especulativas generan una enorme situación de indefensión para las personas con escasos recursos, además de criticar el racismo inmobiliario. Desde la plataforma también lamentan que Séfora y su familia se encuentren en esta situación, pues el decreto social vigente que incluye la moratoria de los desahucios a familias vulnerables “debería protegerles”.
“Séfora cumpliría las condiciones que le pide el Real Decreto vigente en estos momentos para que su desahucio sea paralizado por ser una familia vulnerable. Primero porque tiene tres niños menores de edad y, segundo, porque económicamente a día de hoy en cualquier sitio de la Comunidad Autónoma de Madrid tendrían que contar con unos ingresos de al menos unos 1.500 euros mensuales para poder alquilar una casa de dos o tres habitaciones y pagar el resto de gastos, lo cual es imposible”, explica Mercedes Revuelta, portavoz de la PAH.
La activista, que aclara que esta familia “se vio obligada a ocupar la vivienda vacía de un banco por necesidad”, critica el “enorme abandono de las administraciones públicas” en este caso, ya que al encontrarse en esa situación, “la Comunidad de Madrid les expulsa de las listas de vivienda pública”, mientras que la UCI y el Banco Santander “se han negado desde el inicio a negociar un alquiler social”, insiste Revuelta, si bien asegura que desde la PAH seguirán luchando por el derecho a una vivienda digna. “En Madrid hay gente que no solo lleva esperando en la lista de vivienda pública seis años, sino 10 y 15 años, porque no funcionan y nunca se mueven”, concluye.
Los desahucios de personas vulnerables se producen a diario
Desde la PAH también denuncian que a pesar de que la nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, los desahucios de personas sin recursos ni alternativa habitacional se siguen produciendo a diario en toda España. En muchas ocacioens los desalojos se producen porque los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos.
Dentro de esos supuestos de especial vulnerabilidad, destacan las familias numerosas, las monoparentales con al menos un hijo a cargo, las unidades familiares con un menor de edad, con algún miembro con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, situación de dependencia o incapacidad permanente; o las unidades familiares en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo, en las que exista una víctima de violencia de género; y en las que el deudor sea mayor de 60 años. A esto se suma, además, que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.
