Preocupados por la deriva autoritaria de Europa y los retrocesos que se han producido en materia migratoria, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha elaborado un decálogo de medidas dirigidas al Gobierno español, grupos parlamentarios y actores claves que participan en la elaboración de la nueva Ley de Asilo para que puedan implementarlas en la norma, que fue anunciada a finales del año pasado y debería llegar próximamente al Congreso para iniciar el debate parlamentario. La organización tuvo un papel destacado en las anteriores leyes de asilo (1984 y 2009), por lo que confía en que también se tengan ahora en cuenta sus propuestas.
“Con la nueva Ley de Asilo España tiene la oportunidad de abanderar un Pacto centrado en las personas y en sus derechos, tiene que defender la Europa de valores y derechos, que es la que ha predominado en los últimos años”, ha señalado este miércoles Mauricio Valiente, director de CEAR, en un desayuno informativo en Madrid, donde ha destacado la necesidad de que haya “voluntad política y altura de miras”.
Valiente ha asegurado que si bien existe una “disposición para hablar sobre la nueva Ley de Asilo por parte del Ejecutivo, en realidad esa buena intención aún no se ha concretado”. “Hay un borrador que está en manos del Ministerio de Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero no tenemos una interlocución como la que creemos sería necesaria para una ley de este calado, pues el aporte de la sociedad civil es fundamental”, ha añadido. La organización también recuerda que la nueva norma se convertirá en la tercera que se apruebe durante el periodo democrático y su objetivo será adaptar el marco normativo español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026.
Entre las medidas presentadas, CEAR considera imprescindible garantizar vías legales y seguras para solicitar protección internacional, asegurar el acceso al procedimiento de protección internacional manteniendo las garantías ya existentes “tanto en frontera como en el interior del territorio con una asistencia jurídica gratuita e intérprete” y que la detención sea el último recurso. Para la organización también es fundamental asegurar el respeto al principio de no devolución de la Convención de Ginebra, por el cual, recuerdan, “ninguna persona puede ser trasladada a países donde su vida o derechos corran peligro”, y piden que se introduzcan garantías para que los listados europeos de país de origen seguro no discriminen por nacionalidad.
Incluir las garantías para niños, niñas y adolescentes como el nombramiento de un tutor legal en un plazo de 15 días también es un punto clave para la organización, así como mejorar la calidad del procedimiento para garantizar la protección y que “ACNUR siga manteniendo en él su papel”.
Para CEAR estas medidas propuestas “son lo mínimo para que se den unas garantías en el procedimiento, acogida e integración”, ha destacado por su parte Mónica López, directora de la organización.
Adaptaciones en centros para acoger menores migrantes
Por otro lado, CEAR también se ha mostrado este miércoles se ha mostrado dispuesta a, si el Gobierno lo requiere, adaptar sus recursos de acogida para solicitantes de protección internacional con el fin de atender a los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo en Canarias, como ha ordenado el Supremo, pero cree que debería ser algo “temporal”, ya que no es lo óptimo para los jóvenes.
“Por principio, y en unas circunstancias normales, creemos que los niños y las niñas y los adolescentes tienen que estar en un sistema y los adultos tienen que estar en otro si realmente lo que queremos es que los menores estén lo mejor atendidos posible. Pero estamos disponibles a hacer adaptaciones dentro de nuestros centros para dar una salida con carácter urgente y temporal a la situación que se vive en Canarias”, ha indicado García en relación al requerimiento del Tribunal Supremo de que el Estado se encargue de la acogida de alrededor de un millar de menores migrantes no acompañados que son solicitantes de protección internacional.
El Gobierno respondió el pasado 10 de abril al alto tribunal, asegurando que cumplirá con el auto, aunque no ha aclarado cómo lo hará, ya que el actual sistema está pensado para adultos o familias.
LA ONG ha recordado que la parte que gestiona del sistema de acogida “está con un índice de ocupación en torno al 100%”, por lo que “adaptarlo en esas circunstancias llevaría un tiempo”.
Desde CEAR también apuestan por trabajar con pisos de transición a la vida adulta para jóvenes que vayan a cumplir próximamente 18 años. “Habría que trabajar la transición a la vida adulta en modelos de acogida, de intervención, de tal forma que un niño que ya viene trabajando un itinerario de integración o una integración en un determinado lugar no tenga que entrar al sistema de asilo”, ha concluido García.
