Ibiza ha dado un paso sin precedentes en la gestión del turismo y la movilidad al aprobar una normativa que fija un límite máximo de vehículos que podrán circular por la isla durante los meses de verano. La Ley 5/2024, ya en vigor, establece un techo anual —revisable de forma periódica— que busca aliviar la creciente presión sobre la red viaria insular durante la temporada alta.
La norma convierte a Ibiza en la primera isla de España en implementar una medida de este tipo. La saturación del tráfico durante los meses estivales, en gran parte provocada por la llegada masiva de visitantes y el aumento del parque móvil debido a los coches de alquiler, ha llevado al Consell Insular a adoptar una estrategia restrictiva para proteger el territorio y garantizar la sostenibilidad de la movilidad.
El texto legal especifica que, en el verano de 2025, el número máximo de vehículos autorizados para circular simultáneamente por la isla será de 20.168. Alcanzado ese cupo, no se permitirá la entrada de nuevos vehículos ni el alquiler de coches hasta que haya disponibilidad.
Esta limitación afecta sobre todo a los no residentes, quienes deberán solicitar una autorización para poder acceder con su coche particular a la isla durante los meses restringidos. En cambio, las personas empadronadas en alguno de los cinco municipios de Ibiza y que tengan su vehículo registrado localmente, no estarán sujetas a esta exigencia.
Alquiler de vehículos
Uno de los sectores más directamente impactados por la ley será el de las empresas de alquiler de vehículos, cuya actividad ha contribuido en gran medida al incremento del tráfico estival. El Consell Insular considera que estas compañías tienen una “incidencia relevante sobre la saturación de la red viaria” y, por tanto, su flota se verá limitada dentro del cupo establecido.
El texto normativo también contempla medidas coercitivas. Aquellos que accedan a la isla con un vehículo sin contar con la debida autorización o sin cumplir los requisitos establecidos por el Consell podrán enfrentarse a sanciones económicas de hasta 30.000 euros. Las motocicletas, sin embargo, quedan excluidas del régimen sancionador y de los límites de entrada.
La aplicación de esta ley estará bajo la supervisión del propio Consell Insular de Eivissa, que podrá delegar en otros entes las competencias necesarias para gestionar los flujos turísticos motorizados. Además, se prevé que el número máximo de vehículos se revise anualmente o cada dos años, en función de la evolución del tráfico y de los estudios de capacidad de carga viaria.
Con esta decisión, Ibiza se suma a un creciente debate sobre la necesidad de limitar el impacto del turismo en enclaves con recursos limitados y problemas de congestión. Aunque algunas voces han planteado interrogantes sobre cómo se gestionará la logística de las autorizaciones y los controles, desde el Consell Insular defienden la medida como imprescindible para garantizar la viabilidad del modelo turístico a largo plazo.
El caso de Ibiza podría sentar un precedente para otras islas o destinos peninsulares con problemas similares, especialmente en un contexto en el que se multiplican las iniciativas para limitar los efectos del turismo masivo en el espacio público, el medioambiente y la calidad de vida de los residentes.
