La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha desestimado el recurso presentado por un viudo contra la negativa del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor para inscribir una escritura de aceptación de herencia y adjudicación parcial de bienes. El motivo de la negativa, y la posterior desestimación del recurso, se centró en un conflicto de intereses entre el viudo y su hija menor de edad, lo que requería la intervención de un defensor judicial.
El caso gira en torno al testamento de la mujer identificada con las siglas M. T. A. D., quien en vida otorgó a su marido el usufructo universal de su herencia —el derecho que se otorga a una persona para usar y disfrutar de todos los bienes de una herencia o patrimonio, en lugar de un solo bien específico, y por un tiempo determinado—. Además, instituyó como herederos a sus dos hijos, siendo uno de ellos, menor de edad. En el testamento también se incluyó una “cautela socini”, disposición legal que prevé que, si un heredero impugna el usufructo universal, el viudo podrá adjudicarse directamente el tercio de libre disposición.
El Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor, cuya calificación fue impugnada por el viudo, consideró que el otorgamiento de la escritura provocaba un conflicto de intereses entre el padre, quien actuaba como representante legal de la hija menor, y la propia menor. Este planteamiento se fundamenta en que las decisiones relativas a la adjudicación de bienes, especialmente cuando el testamento implica figuras como la “cautela socini”, no pueden ser tomadas únicamente por el progenitor sin que exista una supervisión independiente. En consecuencia, la registradora resolvió que era necesario nombrar un defensor judicial para representar los intereses de la menor, conforme a lo dispuesto en los artículos 163 y 1060 del Código Civil.
En el testamento, la finca objeto de adjudicación aparecía dividida entre el viudo, quien recibió una mitad en pleno dominio como parte de los bienes gananciales, y la otra mitad sometida a usufructo vitalicio para él, con la nuda propiedad repartida a partes iguales entre los dos hijos. Para el Registro, el padre, como representante legal de la menor, tiene un interés opuesto al de su hija, pues decidió la distribución de los bienes de una manera que podría entrar en conflicto con los derechos patrimoniales futuros de la menor.
La intervención de un defensor judicial
En su recurso, el viudo argumentó que, aunque no se había nombrado un defensor judicial al momento de otorgar la escritura, en el procedimiento posterior relacionado con la venta de la finca, el juez y el Ministerio Fiscal ya habían supervisado y aprobado la adjudicación de los bienes, sin que se hubiese detectado perjuicio alguno para la menor. El hombre también destacó que, dada la autorización judicial posterior, no veía necesario el nombramiento de un defensor judicial. “Tener que obligar ahora al nombramiento de un defensor judicial, se traduciría en trámites, costes y tiempo que es posible evitar al haberse producido un pronunciamiento judicial posterior que sana todo lo anterior de haber habido un posible conflicto de intereses”, menciona el texto.
La Dirección General confirmó la calificación negativa del Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor. En la resolución, se establece que, pese a los argumentos del recurrente, la autorización judicial obtenida con posterioridad al otorgamiento de la escritura no elimina el defecto inicial en el trámite. Se subraya que el conflicto de intereses entre el padre y la hija menor quedó configurado en el momento de la adjudicación de la herencia, dado que en ese punto no se nombró un defensor judicial ni se cumplió con las obligaciones legales pertinentes.
La Dirección General señala: “El hecho de no haberse aportado al Registro [...] el auto [judicial] en el momento y forma oportunos, hace difícil, en pro de las garantías procedimentales, obviar el hecho de que la registradora no tuvo ocasión de analizar la documentación que se invoca por la parte recurrente”. Además, la resolución confirma que el conflicto derivado de la “cautela socini” exigía la intervención del defensor judicial desde el inicio, debido a las implicaciones patrimoniales en juego.
Por otro lado, la Dirección enfatiza que la figura de la “cautela socini” es una institución aceptada, pero que puede provocar conflictos cuando supone decisiones entre el usufructo universal y otras opciones que puedan afectar a menores o personas con capacidades limitadas. En casos de este tipo, el Código Civil exige mecanismos de protección específicos como el nombramiento de defensores.
