Metro de Madrid, empresa controlada por el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, está licitando un contrato para privatizar, de nuevo, uno de sus procesos de selección. El suburbano busca 450 oficiales de diversas categorías para que se vayan incorporando a lo largo del año. Para ello, Metro necesita “una consultora externa especializada en selección” a la que pagará 480.000 euros. Las firmas interesadas tienen hasta el 23 de abril para presentar sus ofertas.
Un portavoz de Metro señala que la licitación “busca contratar los servicios de una consultora externa que se encargue de todo el proceso de selección de la futura convocatoria de oficiales. Respecto a los detalles de la misma, entre ellos los requisitos y la retribución, se darán a conocer cuando se publique la Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. No es la primera vez que Metro recurre a privatizaciones para procesos selectivos.
Juan Carlos de la Cruz, portavoz de CCOO en Metro, asegura que la empresa pública podría, si quisiese, encargarse de estas contrataciones con sus propios recursos. “Lo venimos planteando todos los sindicatos desde hace años, pero no quieren, justificando en las reuniones que no tienen medios para hacerlo”. El objetivo es realizar cuatro procesos selectivos en los próximos meses hasta cubrir las 450 nuevas incorporaciones. Se buscan profesionales en las ramas de electricidad, electrónica y comunicaciones, transporte y mecatrónica, y obra civil.
Desde CCOO explican que solo pueden participar en estos procesos selectivos aquellas personas demandantes de trabajo que están apuntadas al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). “Con la colaboración del SEPE, Metro podría contratar a estos nuevos trabajadores con sus propios recursos, pero insisto, no quieren complicarse la vida y que sea la empresa privada quien asuma las responsabilidades, si las hubiera, si algo sale mal”, señala De la Cruz. Metro de Madrid explica que sus estimaciones son de 3.500 candidatos a evaluar, por lo que “no se disponen ni de personal propio ni de medios técnicos para poder abordar este proceso”.
Ya hubo otro contrato en 2021
Metro también justifica este contrato en el preacuerdo del convenio colectivo firmado en diciembre de 2024, que recoge en su cláusula 31 la contratación de nuevo personal por tiempo indefinido y a jornada completa. El proceso incluye varias fases: una preselección por parte del SEPE de los candidatos que reúnen los requisitos; una prueba objetiva de aptitud y valoración de méritos y experiencia que realizará la consultora especializada que se contrate; y finalmente un reconocimiento médico y curso de formación realizados por Metro. En 2021 la empresa pública ya tuvo que recurrir a otro contrato para que una consultora examinara a 1.309 candidatos.
“A Ayuso no le importan las condiciones laborales de los trabajadores de Metro de Madrid”, señala María Escalante, diputada de Más Madrid y uno de los miembros de la comisión de Transportes de la Asamblea. “Esta vez, con un dudoso proceso de contratación. Una empresa pública como Metro tiene la capacidad, los recursos suficientes y la planificación necesaria para gestionar su propio proceso selectivo. Sin embargo, es más fácil gastar 480.000 euros de dinero público que llevar a cabo un proceso selectivo que fácilmente podría gestionar el departamento de recursos humanos de Metro”.
Más Madrid también critica que en este proceso se reservan el 7% de las plazas para personas con discapacidad con grado superior al 33%, con adaptación al puesto de trabajo, “pero luego no se incluye ninguna herramienta de evaluación accesible, como compatibilidad con lectores de pantalla, versiones en braille, tiempo adicional para prueba... por lo que la inclusión de la discapacidad no es integral”. Tampoco se incluyen criterios para promover una mayor diversidad en los procesos, como “mujeres en roles técnicos y personas mayores de 45 años. Tampoco permite que candidatos sin títulos formales específicos puedan acreditar su experiencia laboral a través de acreditación de competencias o certificados de empleo”, concluye la diputada Escalante.
