El Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Bartolomé de Tirajana ha acordado prorrogar seis meses más la investigación por la desaparición del pequeño Yéremi Vargas el 10 de marzo de 2007 en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas), al existir peticiones de práctica de diligencias por parte de la acusación particular personada en el caso que aún no se han resuelto y ante la naturaleza “compleja” de los hechos investigados.
El órgano judicial que investiga el caso (la competencia viene determinada por su anterior condición de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción) ha acordado ampliar nuevamente el plazo de investigación, tras la reapertura de las actuaciones en septiembre de 2021.
Esta reactivación del proceso se produjo a petición de la acusación particular personada en el proceso en nombre de la familia del desaparecido, después de que en octubre de 2017 el mismo juzgado acordara el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al no apreciar pruebas que permitieran “dirigir la causa contra persona o personas determinadas”. En la actualidad, el Juzgado no dirige investigación contra ninguna persona por este caso.
El Juzgado recuerda que concurren motivos para acordar la prórroga de la instrucción de acuerdo con lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “en atención a que aún no ha sido posible resolver sobre las diligencias de investigación propuestas por la acusación particular (…) a lo que hemos de anudar la naturaleza compleja de los hechos investigados y que, en caso de que se acceda a practicarlas, es razonable considerar que pueda resultar la procedencia de acordar otras complementarias”.
La desaparición de Yéremi Vargas
El 10 de marzo de 2007, en torno a las tres de la tarde, Yéremi Vargas, de siete años, estaba jugando con dos primos en un descampado próximo a su domicilio, en Vecindario, Gran Canaria. Su madre, Ithaisa Suárez, les llamó desde la ventana para que subieran a comer, pero solo subieron los dos primos.
Desde el primer momento, la familia descartó que se tratase de una desaparición voluntaria. Rápidamente se desplegó un amplio dispositivo de búsqueda con la participación de Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, el Grupo de Emergencias del Gobierno de Canarias, familiares y vecinos, pero no fueron capaces de encontrar ninguna pista clara.
Esto empezó a alimentar la sospecha de qué alguien se lo podría haber llevado. En los meses posteriores se sucedieron llamadas desde distintos puntos de España e incluso del extranjero asegurando haber visto al menor, sin que ninguna resultara concluyente.
Más de 200 pederastas investigados
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil centró inicialmente sus pesquisas en el entorno familiar, una línea que pronto fue descartada. A continuación, se investigó a cerca de 200 pederastas tanto en territorio nacional como fuera de él, entre ellos delincuentes buscados en Escocia o personas implicadas en el caso Kárate, como Fernando Torres Baena. Ninguna línea de investigación arrojó resultados definitivos.
En 2012, una nueva línea de trabajo centró la atención en un Renault 5 blanco, visto por un testigo infantil cerca del solar donde desapareció Yéremi. Según su relato, el vehículo fue conducido hasta allí en dirección contraria por un hombre con gorra. A pesar del interés generado por esta pista, no fue posible identificar al conductor ni su posible vinculación con el caso.
Tres años después, en 2015, el Ministerio del Interior anunció el hallazgo de restos óseos en una zona próxima al lugar de la desaparición. Las pruebas forenses confirmaron que pertenecían a una mujer de edad avanzada desaparecida tiempo atrás, por lo que no tenía relación con el menor.
El Rubio
El caso dio un giro en 2016, cuando Antonio Ojeda Bordón, conocido como El Rubio, fue detenido y condenado por abusar sexualmente de un niño de nueve años en el mismo barrio en el que desapareció Yéremi. Propietario de un vehículo similar al investigado años antes, su nombre pasó a estar en el centro de las pesquisas.
Durante su estancia en prisión, varios reclusos declararon que Ojeda presumía de conocer lo que le ocurrió al menor y compartía detalles que solo alguien del entorno familiar podría saber, como una supuesta cianosis que afectaba al niño o el color de sus gafas, distinto al difundido en imágenes oficiales. Pese a ello, en 2017 el juzgado instructor archivó la causa al considerar que no existían pruebas suficientes para proceder contra él. Sin embargo, gracias a la insistencia de la madre, la investigación se volvió a abrir en 2021.
