El proceso de quiebra de un grupo constructor de Málaga sirvió como escenario para un plan con el que se desviaron más de 100 millones de euros en propiedades y dinero. La Policía Nacional sostiene que el ex director financiero de la empresa y el administrador concursal encargado por el juzgado actuaron juntos para vaciar la compañía mientras esta intentaba hacer frente a sus deudas.
Según informa ABC, a raíz de esta investigación han sido detenidas siete personas, entre ellas el antiguo jefe de contabilidad del grupo, varios de sus familiares, un proveedor habitual de la empresa y su pareja. Todos están acusados de varios delitos relacionados con el manejo ilegal del dinero y los bienes: desde apropiación indebida hasta blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Desviaban fondos a empresas nuevas a nombre de sus familiares
La investigación comenzó en septiembre de 2023, después de que se presentara una denuncia ante el juzgado. Desde entonces, el caso ha estado en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía especializada en delitos económicos. Los agentes del Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Policía en Málaga se encargaron de reunir todas las pruebas.
Según los investigadores, la red comenzó a operar en 2017, justo cuando las empresas del grupo entraron en concurso de acreedores. Fue entonces cuando el administrador concursal habría empezado a vender propiedades y otros activos del grupo a empresas vinculadas con los implicados, y todo por precios muy por debajo del mercado. Estas operaciones se hicieron al margen del procedimiento oficial.
Entre las ventas detectadas se incluyen plazas de garaje por solo 1.500 euros en barrios como Teatinos, en Málaga, y 14 viviendas en obras en Estepona que se traspasaron por apenas 70.000 euros. Además, según la Policía, se evitó que compradores legítimos y ajenos a la trama pudieran acceder a esas ofertas. Para eso, se habría ocultado información clave que impedía a otros interesados participar en la compra.
Para hacerse con los bienes, los implicados utilizaron empresas nuevas que pusieron a nombre de familiares. Con ellas, simulaban ofrecer servicios a las compañías en quiebra y, a cambio, emitían facturas. En realidad, el dinero volvía a manos de la red y se usaba para quedarse con propiedades, créditos pendientes de cobro y otros activos. Lo pagaban, de hecho, con dinero de las propias empresas en concurso, generando así una pérdida doble: se quedaban con los bienes y además usaban fondos de la empresa para pagarlos.
Durante los registros llevados a cabo —dos en la capital malagueña, uno en Marbella y otro en Casarabonela— se incautaron 426.000 euros en efectivo, un coche de lujo y joyas valoradas en 350.000 euros. También se bloquearon cuentas con unos 2,5 millones de euros y se ordenó impedir la venta o traspaso de 173 inmuebles y 13 vehículos, cuyo valor total ronda los 143 millones.
Según el plan de liquidación presentado por el administrador, el grupo contaba con un patrimonio de unos 200 millones de euros. Sin embargo, al llegar al final del concurso, no quedaban recursos suficientes para pagar a los acreedores. La investigación concluye que los bienes salieron de la empresa por manos del grupo ahora detenido, lo que dejó sin opciones de cobro a quienes tenían derecho a recuperar su dinero.
