El problema no es nuevo. La mayoría de personas migrantes en situación irregular que trabajan desde hace años en la recogida de la fresa y frutos rojos en el área de Doñana (Huelva) sobreviven en condiciones muy precarias, hacinadas en chabolas que fabrican con madera, cartón y lonas de plástico, sin luz ni agua, y rodeadas de toneladas de basura, lo que también implica un alto riesgo de incendio. Con el objetivo de dar una solución, el Gobierno ha anunciado esta semana que destinará 6 millones de euros para la inclusión social y laboral de los temporeros que trabajan en esta zona, aunque desde el movimiento ecologista temen que no sea suficiente para paliar “las penosas condiciones que llevan sufriendo desde hace tanto tiempo”.
“Esto es la esclavitud del siglo XXI. No hay condiciones de habitabilidad, no pueden vivir bajo plásticos y cartón”, resume Juan Romero, portavoz de Ecologistas en Acción, que explica a Infobae España que si bien este fenómeno se produce desde hace dos décadas, en los últimos años “se ha acentuado más”, de forma que en la época alta de campaña agrícola puede haber unas 3.000 personas en una veintena de asentamientos que se distribuyen por los términos municipales de Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Moguer o Lepe, todos en la provincia de Huelva. “Hay una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de estas personas y todas las autoridades están al corriente de ello”.
Muchos empresarios, critica Romero, se aprovechan de la precariedad y la situación administrativa irregular de estas personas migrantes que año tras año sostienen las producciones agrícolas, a base de largas jornadas y sueldos muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, además de que en verano están expuestos a altas temperaturas bajo los plásticos de los campos.
Tampoco tienen contratos ni están dados de alta en la Seguridad Social, por lo que no les queda más remedio que instalarse en los asentamientos de chabolas sin agua potable, electricidad ni saneamiento adecuado. “Esos empresarios tendrían que regularizar la situación de estos migrantes para que pudieran trabajar dignamente y darles una alternativa habitacional”, sostiene el activista.
Pero es que incluso en el caso de personas que han sido contratadas en sus países de origen —España ha ampliado ese sistema por la necesidad de mano de obra en el sector agrícola— y que cuentan con mejores condiciones, a veces al llegar al destino se encuentran con una situación diferente a la que les prometieron y se ven obligados a instalarse en los asentamientos chabolistas, ya que ni los empresarios les proporcionan un lugar donde alojarse ni tienen oportunidad de alquilar una habitación o un piso, dados los altos precios y los requisitos exigidos por propietarios e inmobiliarias. “No siempre se cumplen las condiciones laborales ni se respetan sus derechos”, añade Romero.
Si hubiera unas mejores condiciones laborales y salarios más altos, asegura, la población local también trabajaría en las campañas agrícolas de la provincia onubense, que cerró 2024 con una tasa de paro del 16%, “pero evidentemente nadie quiere hacerlo en unas condiciones tan poco favorables”. Buena parte de las personas contratadas en origen para trabajar en el campo en Huelva son mujeres y en su gran mayoría proceden de Marruecos.
Reclaman agua potable, retirada de basuras y una red de albergues
Tanto Ecologistas en Acción como otras organizaciones sociales llevan años reclamando que se mejoren las condiciones de vida en los asentamientos de Doñana, de forma que han propuesto habilitar puntos de agua potable o el abastecimiento mediante camiones cisterna, así como la retirada de basuras ante las condiciones de insalubridad y riesgo de incendio. De hecho, el pasado mes de enero un hombre de Ghana de 40 años murió calcinado en el interior de una chabola en un asentamiento de Lucena del Puerto, mientras que en otras muchas ocasiones el fuego ha arrasado decenas de estas precarias construcciones.
“La Fiscalía debería abrir una investigación, porque es un delito tener basureros, vertederos ilegales, en una reserva de la biosfera y en un bosque como Doñana. Porque si desde el movimiento ecologista denunciamos esta situación, dónde van a ir las personas migrantes, qué va a ser de ellos”, se pregunta el activista.
La organización ecologista también propone la creación de una red de albergues para las personas migrantes, no solo en la zona de Doñana, sino en aquellas provincias a las que se trasladan para recolectar fruta, “para que al menos tengan un lugar donde poder ducharse, comer y descansar”.
En cuanto al plan del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que el pasado 7 de abril abrió la consulta pública de sus medidas en el marco de actuaciones de Doñana con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y economía de la zona, Romero tiene sus dudas, porque no es la primera vez que se anuncian partidas para tratar de solventar los problemas de los temporeros “y al final todo sigue igual”. Por eso, respecto a la inversión de 6 millones de euros prevista por el Gobierno para este 2025, el activista reclama que haya “transparencia” y un control de las actuaciones. “Nos tememos que el problema continúe si esto no se fiscaliza y no hay una colaboración estricta con total transparencia”, concluye.
Según ha informado el Gobierno, se van a desarrollar acciones para “fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata de seres humanos, explotación y violencia contra las mujeres extranjeras en este territorio”, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y “reducir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes, así como fomentar su integración e inclusión social”.
También se pondrán en marcha un conjunto de actuaciones coordinadas para favorecer la normalización documental, ya que el nuevo reglamento de extranjería, que fue aprobado en noviembre del año pasado, incluye figuras como las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, así como las figuras de arraigo para regularizar su situación.
Para el desarrollo de estas líneas de actuación, ha asegurado el Gobierno, se concederán ayudas a los 14 municipios que integran el Marco de Doñana para impulsar el desarrollo local. Por otro lado, la consulta pública estará abierta hasta el próximo 22 de abril y las contribuciones que se reciban serán valoradas en el proceso de elaboración final del documento.
