Un niño que ha nacido en el Reino Unido y que lleva toda su vida viviendo en ese país ha ganado un caso judicial contra el Ministerio del Interior británico después de que se le negara la residencia indefinida. El motivo: no haber pagado la tasa de 2.500 libras (algo más de 2.900 euros)
La madre del niño, de nacionalidad keniana, llegó al Reino Unido en 2007, y allí tuvo a su hijo. En octubre de 2022, ella y el menor presentaron una solicitud para obtener la residencia indefinida. Sin embargo, al no poder cubrir esa tarifa, las autoridades rechazaron la petición. En noviembre del mismo año, el Ministerio le concedió al niño una autorización de residencia limitada de 30 meses, pero en enero de 2024 negó de forma definitiva la residencia indefinida, debido a que no cumplían las condiciones exigidas. “Ni el menor ni su madre pudieron ‘pagar la tasa exigida’ en el momento de presentar la solicitud”, ha contado el juez del caso. Como consecuencia, el niño debía abandonar el país.
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Sin embargo, denunció al Ministerio del Interior en los tribunales. En las audiencias celebradas este año en Londres, sus argumentaron que la decisión de las autoridades era ilegal porque infringía los deberes establecidos por la ley en relación con el bienestar de los menores. Afirmaron que el rechazo no consideraba que el niño había vivido toda su vida en el Reino Unido y que, como tal, el Ministerio estaba obligado a tener en cuenta este hecho como un principio fundamental. Por el contrario, el Ministerio del Interior defendió su posición indicando que las tasas de solicitud son un requisito obligatorio y que no se daban circunstancias excepcionales que justificaran saltarse dicho pago, según ha contado el medio Sky News.
Finalmente, el juez ha dado la razón al menor. Aunque desestimó algunos argumentos legales de la defensa, concluyó que el procedimiento del Ministerio no cumplía con la obligación de garantizar ante todo el bienestar del menor. De acuerdo con The Independent, la resolución del juez establece que “no se consideraron adecuadamente los intereses superiores del menor como una consideración primordial”, lo que convertía la decisión del organismo público en ilegal.
El caso tomó relevancia debido a las implicaciones humanitarias y legales asociadas al coste de los trámites migratorios en el Reino Unido, un tema que ha sido foco de intensos debates. Algunos críticos han señalado que dichas tarifas son prohibitivamente altas, lo que afecta desproporcionadamente a familias con ingresos bajos. Medios como The Guardian han destacado que las actuales políticas migratorias del Reino Unido han sido repetidamente cuestionadas por su impacto en menores y ciudadanos no británicos que enfrentan dificultades económicas.
Este fallo podría sentar precedente en cómo se abordan solicitudes similares en el futuro, especialmente en aquellos casos que involucren derechos de los menores que residen en el país. Hasta el momento, no ha habido nuevas declaraciones del Ministerio sobre si apelará o aceptará la resolución judicial, algo que ha dicho que se analizará en los próximos días.
