La mujer y la cuñada de Óscar S.G, el exjefe de UDEF acusado de colaborar con narcos, han sido puestas en libertad, tras un error del instructor de la causa. Se apoyó en el secreto de sumario para no entregar datos y elementos fundamentales a su defensa, pero ha acabado provocando la puesta en libertad de ambas personas.
La semana pasada, este mismo motivo permitió la puesta en libertad de otro implicado. Se trata de Ignacio T., socio del antiguo líder de UDEF. Además, tal y como ha confirmado la Agencia EFE, otros dos presuntos implicados habrían sido puestos en libertad por este mismo motivo, provocando un gran agujero en la trama.
El error judicial
Un error procesal ha terminado por beneficiar a los acusados. El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, debería haber entregado elementos esenciales de las actuaciones a la defensa cuando entraron en prisión e impugnaron la decisión.
Hace unos años, el Tribunal Constitucional estableció que los derechos fundamentales incluyen la posibilidad de acceso a los elementos esenciales para impugnar la prisión. Al no cumplirse esta garantía del derecho de densa, el juez no tiene otra opción que ordenar la excarcelación de los afectados.
Puede tomar medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, las comparecencias diarias o la prohibición de salir del territorio nacional. Sin embargo, no puede “impedir el acceso, a la parte que lo haya solicitado, a los elementos de las actuaciones esenciales”, de manera que han sido puestos en libertad.
La acusación
La mujer del exjefe de la UDEF en Madrid, Noelia R.P., también funcionaria de Policía, y su cuñada, Yolanda R.P, se han visto beneficiadas por este error de la acusación y han sido puestas en libertad. Si no llegan a cometerse estas infracciones, existían pruebas suficientes para formalizar una acusación.
Noelia R.P. y su marido, Óscar S.G, habrían obtenido grandes cantidades de dinero a través de la colaboración con el narcotráfico. El hombre aprovechaba la posición de jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal en Madrid para blanquear el dinero que los traficantes conseguían introduciendo alijos de drogas en contenedores.
Por su parte, la cuñada habría colaborado escondiendo gran parte de este dinero obtenido ilícitamente. En su domicilio, se encontraron 20 millones de euros ocultos tras una pared. Según la acusación, era la encargada de blanquear el dinero obtenido de las drogas y conseguir que pareciese de curso legal.
La investigación se fijó en este núcleo familiar a partir de una investigación de su patrimonio, con la que se encontró un Range Rover, una plaza de garaje, un chalet en Denia, su vivienda habitual en Villalbilla (Madrid), y el uso de un vehículo propiedad “de sociedades o empresas”.
La cuñada colaboraba en el blanqueo de todo estos activos, según la acusación. Estos ingresos se ocultaban, asegurando que se trataban de dinero obtenido de las compras de licencias de VTC y derivados de esta actividad. El jefe del grupo policial habría aprovechado su acceso a las bases de datos policiales.
