El pasado 24 de marzo, una mujer de 65 años sufrió un violento ataque por parte de un perro catalogado como potencialmente peligroso en la localidad granadina de Huéscar. El incidente dejó a la víctima con heridas de gravedad y requirió una intervención quirúrgica urgente.
Los hechos ocurrieron a plena luz del día, alrededor de la una de la tarde, cuando la mujer paseaba tranquilamente junto a su marido y su perro de raza pequeña por una calle del municipio. De forma repentina, un perro de gran tamaño, que se encontraba suelto en la entrada de una vivienda, se lanzó contra ella. El animal, un cruce de dogo argentino y ‘american stanford’ de unos 70 kilos, impactó violentamente contra su rodilla, provocando su caída.
La mujer apenas tuvo tiempo de alzar en brazos a su mascota para protegerla del ataque. Mientras tanto, su marido trataba de auxiliarla, pero el perro, lejos de cesar su actitud agresiva, continuaba merodeando alrededor, dificultando cualquier intento de ayuda. La tensión solo se alivió gracias a la intervención de varios viandantes que, al presenciar lo ocurrido, se apresuraron a interceder, logrando evitar que el animal llegase a morder a la mujer.
Minutos más tarde, apareció el propietario del perro, un joven de 25 años, quien logró retener al animal con una correa. Sin embargo, su actitud generó aún más indignación entre los presentes. Según los testigos, el joven simplemente se excusó afirmando que el perro se le había escapado y abandonó el lugar sin interesarse por el estado de la víctima.
Tras el ataque, la mujer fue atendida en un primer momento en el centro de salud de Huéscar y posteriormente trasladada al Hospital de Baza, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. La gravedad de sus lesiones, unida al impacto emocional del suceso, ha generado una gran conmoción tanto en su entorno familiar como en la comunidad local.
Un cúmulo de irregularidades
Las consecuencias legales no tardaron en llegar. A raíz de la denuncia presentada, la Guardia Civil identificó al dueño del perro e inició una investigación que sacó a la luz múltiples irregularidades. El animal no figuraba registrado como perro potencialmente peligroso, carecía de microchip identificativo y no estaba vacunado. Además, el propietario no contaba ni con la licencia necesaria para poseer este tipo de animales ni con el seguro obligatorio de responsabilidad civil.
Aunque el perro disponía de cartilla sanitaria, esta no cumplía con los requisitos legales en cuanto a vacunación. Por estos motivos, se han tramitado varias denuncias administrativas por infracciones tanto a la Ley de Bienestar Animal como a la normativa específica sobre perros potencialmente peligrosos.
Mientras tanto, la víctima continúa recuperándose de las lesiones, enfrentando no solo las secuelas físicas, sino también el trauma psicológico que conlleva un episodio de esta naturaleza. La investigación judicial sigue su curso, con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
