Tras dos días de reflexión, el sector sanitario empieza a dar sus respuestas al anteproyecto de Ley del Medicamento aprobado el martes en el Consejo de Ministros. La nueva norma viene a actualizar el sistema de precios, prescripción y dispensa de fármacos en el país, que había permanecido prácticamente inalterado desde 1990. Los cambios aprobados por el Gobierno supondrían un ahorro de más de mil millones de euros, sin embargo, podrían provocar “un serio deterioro de los problemas de abastecimiento”, advierten desde la cadena de suministros del medicamento.
En un comunicado conjunto, los representantes principales de la industria farmacéutica española han advertido del impacto negativo que tendría la nueva ley, que supondría “Una reducción de farmacias” y “pondría en peligro el tejido productivo en España”, aseguran. Unas afirmaciones que sorprenden en el Ministerio de Sanidad, que aseguran que “algunas de las organizaciones que firman” el comunicado “nos reconocen que, con muy ligeras modificaciones, por ejemplo del sistema de precios seleccionados, ellos podrían ver totalmente viable el mismo”, ha declarado el secretario de Estado, Javier Padilla, a los medios.
El problema lo encuentran justo en la modificación del sistema de precios, la medida que más ahorro acarrearía a las arcas públicas (hasta 800 millones). Actualmente, el precio de venta de un medicamento, una vez pasada la patente, se establece en una comisión interministerial que fija bajadas de en torno al 40% del valor original. El Gobierno propone cambiar ese precio invariable por una horquilla que vendrían a imponer las propias farmacéuticas cada seis meses. Los valores más bajos quedarían en una cesta de precios seleccionados, completamente financiados por la Seguridad Social, y el resto estarían en una cesta de precios no seleccionados, de los que el Estado solo cubriría una parte.
Es un sistema flexible y ágil para el ministerio, pero “poco predecible y volátil” para las empresas. Las ofertas tendrían que hacerse cada poco tiempo y “a ciegas”, alertan desde BioSim (Asociación Española de Medicamentos Biosimilares), que puede hacer que un mismo producto pase cada seis meses de estar cubierto al completo o no por la Seguridad social. “Estar en una situación de financiación diferente afecta al consumo de medicamentos y, por tanto, a la previsión de fabricación de cada medicamento”, insisten, en una producción que puede alargarse durante meses y necesita una previsión más estable. Este “cambio radical de modelo” generaría “inestabilidad e incertidumbre económica” para las empresas y la “destrucción del tejido productivo”, compuesto por 106 plantas de producción actualmente.
La industria entiende este nuevo sistema como una “primacía del precio sobre cualquier otra consideración”, que “daría ventaja a operadores de oportunidad que no tienen capacidad ni voluntad de suministrar de forma estable el mercado a largo plazo”. Sin embargo, Javier Padilla ha aclarado que el precio seleccionado siempre tendría en cuenta aspectos como el número de distribuidores “para poder garantizar el suministro”, el impacto medioambiental y elementos relacionados con la autonomía estratégica.
Las asociaciones aventuran, no obstante, una disminución del número de laboratorios ofertantes, el hundimiento de las exportaciones españolas y mayor dependencia a proveedores externos de fuera de la UE. En cualquier caso, desde el ministerio aseguran que ya están llevando a cabo las modificaciones pertinentes encaminadas a la protección de la autonomía estratégica, a mejorar la previsibilidad y el abastecimiento. “El mandato es muy claro aumentar la competitividad en un país que en general prescriben menos genéricos que la media y tiene unos genéricos más caros que la media. Y eso ocurre porque ahora mismo tenemos un sistema que, en términos generales, no permite una correcta competencia”, ha insistido Padilla, que promete que él y su equipo estudiarán cualquier propuesta que les llegue a la mesa.
Efectos en el paciente: menor adherencia a los medicamentos
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos también se ha unido a las reclamaciones del sector. Entienden que “las significativas fluctuaciones de precios” trasladarán una clara incertidumbre a las oficinas de farmacia. A su vez, entienden que las revisiones semestrales “reducirían la adherencia a los tratamientos”. Esto podría suceder en el caso de que el medicamento recetado se caiga de la lista de productos seleccionados y tenga un equivalente más barato, lo que permitiría al médico, al farmacéutico e incluso al paciente demandar el fármaco de menor precio.
“Los farmacéuticos estaríamos viendo ampliada nuestra capacidad para sustituir medicamentos, pero no queremos hacerlo por un mero motivo económico sino por razones sanitarias. Este nuevo sistema nos obliga a sustituir constantemente el medicamento y eso en personas vulnerables y polimedicados representa un problema gravísimo, por las confusiones que puede generar al paciente”, explica Jesús Aguilar, presidente del Consejo General.
Solo las enfermeras están contentas
Por el momento, la única respuesta positiva que ha tenido el anteproyecto, aún pendiente de su tramitación parlamentaria, es del Consejo General de Enfermería (CGE), pues la nueva ley reconoce la capacidad prescriptora de estas profesionales.
Hasta ahora, las enfermeras dependían de la aprobación de las guías de prescripción para, en el ámbito de sus competencias, poder indicar, usar o autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica. Desde 2020, se han aprobado nueve de estas guías, con el consiguiente rechazo de los médicos, que insisten en que la prescripción es “una atribución del médico para la que se requiere un mínimo de formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años de especialización”. Unos requisitos que no cumplen ni podólogos ni odontólogos, que también pueden recetar en el ámbito de sus competencias.
Mientras el CGE ve en esto una mejora en la accesibilidad al sistema sanitario y la calidad asistencial, así como mayor seguridad jurídica para las enfermeras que ya recetaban fármacos, el Foro de la Profesión Médica entiende que “podría tener implicaciones en la seguridad del paciente y comprometer la calidad de la atención sanitaria”.
