La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a cada uno de los miembros de un matrimonio a 53 años y once meses de prisión, como autores, cada uno de ellos, de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de acusada nocividad, de un delito continuado de inmigración ilegal y de siete delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual, en concurso medial con otros tantos de explotación sexual.
Según los hechos probados, desde al menos el año 2019, los acusados Clemencia y Antón, junto con la colaboración de Andrea y Montserrat, se dedicaron a captar mujeres en situación económica precaria en sus países de origen, principalmente en Paraguay y Colombia, prometiéndoles trabajos en España. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Las mujeres, a menudo engañadas con la promesa de empleos bien remunerados y condiciones de vida más favorables, fueron transportadas ilegalmente a España.
Viajes turísticos falsos
A su llegada, los acusados las obligaron a permanecer en el país en condiciones de total explotación. La entrada a España se realizó bajo la apariencia de un viaje turístico, aunque el propósito real era que las mujeres trabajaran como trabajadoras sexuales en los pisos controlados por la red.
El modus operandi de la organización era claro: las mujeres llegaban a España sin un conocimiento claro de la deuda que debían contraer para poder vivir en el país, y la única forma de saldarla era a través de la prostitución. Se les proporcionaba una cantidad de dinero al momento de su llegada, en la mayoría de los casos alrededor de 1.000 euros, con la excusa de que ese dinero debía ser devuelto más tarde. Una vez que las mujeres estaban en territorio español, se les informaba de que debían pagar una deuda, que variaba entre 4.000 y 7.000 euros, dependiendo de la situación, a través de su actividad sexual forzada.
Trabajo 24/7
Los pisos utilizados por los acusados para la explotación estaban cuidadosamente estructurados para controlar a las víctimas. En estos lugares, las mujeres estaban obligadas a trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin tiempo para descansar. Tenían prohibido salir sin la autorización de los encargados y debían llevar siempre consigo sus teléfonos móviles para poder ser localizadas en cualquier momento.
Las tarifas por los servicios sexuales eran fijadas por Clemencia y Antón, y las mujeres recibían únicamente un porcentaje de los ingresos, en muchos casos, solo después de haber saldado la deuda impuesta. Los clientes pagaban a las mujeres en efectivo, a través de transferencia bancaria o mediante Bizum, y el dinero era entregado a los encargados, quienes lo gestionaban a su antojo.
Además de la prostitución, se descubrió que en los pisos también se traficaba con drogas. La cocaína y la viagra eran suministradas a los clientes por los acusados, a quienes las mujeres tenían que proporcionar si los clientes lo solicitaban. La cocaína era vendida por 70 euros el gramo y, en algunas ocasiones, las víctimas también eran obligadas a consumirla para poder soportar las largas jornadas de trabajo sexual.
Las víctimas compartían sus habitaciones con otras mujeres en la misma situación. Vivían en condiciones deplorables, sin la posibilidad de salir o de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Estaban bajo un control absoluto y no podían rechazar clientes ni decidir sobre las condiciones de su trabajo. La organización también utilizaba cámaras de seguridad instaladas en las entradas de los edificios para monitorear los movimientos de las víctimas y asegurarse de que todo estuviera bajo control.
Aisladas y en situación de vulnerabilidad
La red no solo se dedicaba a explotar sexualmente a las mujeres, sino que también las mantenía aisladas y en una situación de vulnerabilidad constante. Las víctimas temían a las autoridades y a ser deportadas a sus países de origen, lo que les impedía denunciar la situación en la que se encontraban. Además, se les amenazaba con represalias contra sus familiares en sus países de origen si intentaban escapar o cooperar con la policía.
Las investigaciones realizadas por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con las autoridades de Paraguay, permitieron desmantelar la organización. Durante las intervenciones, se incautaron varios dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, sustancias ilícitas, y documentos que corroboraban la actividad delictiva de la red. La prueba recabada, que incluyó testimonios de las víctimas y registros de los pisos, permitió confirmar que las mujeres estaban siendo explotadas sexualmente y que las acusadas se beneficiaban de esta actividad ilícita de manera sistemática y con total impunidad.
