Junts ha allanado este martes su apoyo al real decreto-ley aprobado por el Gobierno, en el que plantea medidas para contrarrestar la política arancelaria impulsada por Donald Trump. Lo ha hecho después de que el portavoz adjunto de la formación independentista, Josep Maria Cruset, anunciara un acuerdo con el Ejecutivo para que el paquete de ayudas de 14.000 millones de euros se distribuya en base al peso de las exportaciones a EEUU.
En el caso de Cataluña, sus empresas recibirán el 25% de los 14.100 millones de euros aprobados, unos 3.000 millones de euros, según ha precisado el propio parlamentario. “Cataluña representa el 25% de las exportaciones del Estado a Estados Unidos, lo que implica que se movilizarán más de 3.000 millones de euros a favor de las empresas catalanas”, ha dicho Cruset.
Si bien, desde el Gobierno han precisado que este cálculo será “a demanda de las empresas”, aunque no descartan que los datos estimados por el partido de Carles Puigdemont se alejen de sus planteamientos: “Si se se reparten proporcionalmente al peso de las exportaciones Cataluña, puede estar en ese entorno”, apostillan estas voces.
Con respecto a este reparto, desde el Ejecutivo se esfuerzan por hacer pedagogía para que ningún sector que se enfrente a las consecuencias de los aranceles se sienta desprotegido. “Las ayudas las pedirán las propias empresas en función de la afectación”, añaden fuentes del Gobierno tras la aprobación del paquete de medidas para frenar el impacto de los aranceles, que amenaza al sector de la aceituna en Andalucía, el del vino en el País Vasco, o el de la farmacia en Cataluña.
El Gobierno se muestra confiado en que el “diálogo constructivo” que ha abierto con los grupos, especialmente con el PP, permita la convalidación en el Congreso del real decreto-ley aprobado este martes. De hecho, a propuesta de los populares, el Ejecutivo ha incluido una moratoria contable durante 2025 para que las pérdidas obtenidas por las empresas en 2020 y 2021 no computen a efectos de determinar la disolución de una sociedad.
Si bien, el acuerdo anunciado por Junts ha provocado reticencias en Génova, que enturbian un posible pacto entre el Gobierno y el PP. “El Gobierno ha decidido expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles”, han señalado fuentes populares.
“A la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo con Junts”, el PP asegura que seguirá “atendiendo las llamadas que recibamos porque somos un partido de Estado”, aunque aclara que “no es posible que cuenten con el Partido Popular si es para blanquear un acuerdo que vuelve a comprometer la igualdad entre ciudadanos y entre territorios”.
Rendición de cuentas
El plan, centrado en ayudar y proteger a las empresas y los empleos, y en “reorientar y relanzar la capacidad productiva española”, movilizará 7.400 millones de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros de instrumentos existentes. El Ejecutivo también activará el mecanismo RED, que “permitirá mantener plantillas y ayudar a los empleados de las empresas más golpeadas por la guerra comercial hasta que su actividad se recupere, de una forma parecida a como actuaron los ERTE durante la pandemia”.
Asimismo, como pedían los diferentes partidos políticos, se ha añadido un artículo específico sobre rendición de cuentas y comparecencia trimestral del Gobierno en el Congreso o la necesidad de contar con las comunidades autónomas, siempre gracias al “diálogo continuado”, tal como ha destacado Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
“Sigue existiendo margen para llegar a un acuerdo y el único camino que conocemos para llegar al acuerdo es a través del diálogo”, ha asegurado el ministro de Economía. Por lo pronto, Cuerpo comparecerá este miércoles en la Cámara Baja para explicar el plan de 14.100 millones de euros en ayudas para contrarrestar los aranceles a productos europeos anunciados por Trump.
