El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, un borrador que se tramitará de urgencia y esperan que tenga el sí parlamentario antes del verano. La norma propuesta por el Ministerio de Sanidad vendría a reformar la última Ley del Medicamento, aprobada en el año 2015, y dar respuesta tanto a los desafíos como a las innovaciones del sector farmacéutico de los últimos años.
“La última vez que se hizo una reforma integral y estructural de la ley del medicamento fue en los años 90, luego se han hecho textos refundidos en el año 2006 y 2015, pero teníamos una deuda con el medicamento″, ha valorado la ministra de Sanidad, Mónica García. Enmarcada dentro de la Estrategia de Industria Farmacéutica 2024-2028, estas reformas, aventura Sanidad, supondrían un ahorro de más de mil millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Entre los principales retos que abordaría la reforma está la accesibilidad a nuevos fármacos. Actualmente, España sufre un retraso en la incorporación al sistema sanitario de medicamentos ya aprobados a nivel europeo. Aunque en los últimos años ha habido mejoras, las innovaciones terapéuticas tardan 661 días en llegar a los pacientes. Con la reforma actual, Sanidad espera reducir el proceso a 180 días, prorrogables a 210 en casos especiales en los que se necesite mayor información.
Un sistema de precios más flexible para las farmacéuticas
El anteproyecto de ley aborda implementar un nuevo sistema de precios de referencia de medicamentos que sea más flexible y ágil. Así, en lugar de dar un valor fijo para los fármacos genéricos del mercado, se establecerá una horquilla de precios para un grupo de medicamentos homogéneos, establecido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). El Gobierno daría un año a las compañías farmacéuticas para sacar sus tratamientos al mercado, que la AEMPS recogería en grupos homogéneos, siempre que compartiesen el mismo principio activo, la misma dosis y una presentación igualmente dispensable. Establecido el grupo, las compañías establecerían sus precios en un plazo de seis meses, a partir de los que se elaboraría una cesta de productos seleccionados, completamente cubiertos por la Seguridad Social. Todas aquellas marcas que queden fuera de la horquilla de precios quedarían recogidas en una cesta de productos no seleccionados.
Este nuevo sistema da al paciente la opción de elegir el medicamento que compra una vez acude a la farmacia, siempre que el medicamento recetado por el médico tenga sustitutos. Si el paciente no tiene preferencias, el farmacéutico le venderá el fármaco de menor precio dentro del mismo grupo homogéneo. Si, por el contrario, el paciente prefiere una marca concreta dentro de sus opciones, esta vez podrá elegir. Si su fármaco de preferencia queda dentro de la cesta de productos seleccionados, el Estado costeará el precio. Si queda fuera de la cesta de productos seleccionados, el Estado cubriría el coste del medicamento hasta alcanzar el precio de referencia establecido en su grupo homogéneo, teniendo el paciente que costear el resto.
El anteproyecto incluye una ventaja extra para la población con patologías crónicas. Si la ley entra en vigor, no tendrán que renovar sus recetas médicas para tratar problemas que sufren de forma constante y que conocen, como pueden ser las migrañas o las alergias, sino que podrán adquirir en la farmacia los fármacos que han tomado previamente bajo prescripción médica, sin necesidad de acudir al centro de salud.
Nuevas competencias para los farmacéuticos
La nueva norma daría, asimismo, mayor capacidad de movimiento a los farmacéuticos para afrontar los problemas de abastecimiento. En caso de que un médico recete un fármaco concreto que, por algún problema puntual, no esté disponible, el farmacéutico podrá sustituirlo directamente por otro equivalente, siguiendo las indicaciones de la AEMPS, lo que ahorrará a los pacientes una nueva visita al centro sanitario.
Enfermeras y fisioterapeutas podrán recetar medicamentos
La nueva Ley del Medicamento contempla también modificaciones en el sistema de prescripción. Así, enfermeras y fisioterapeutas serán incluidos entre los facultativos capaces de recetar medicamentos y productos sanitarios, siempre dentro de sus competencias, que se desarrollarán más adelante en un Real Decreto.
Hasta ahora, las enfermeras tenían reconocidas algunas capacidades dentro de la prescripción, excepciones desarrolladas a partir de guías de dispensa. Las nueve guías publicadas por el Ministerio de Sanidad han provocado cada vez el rechazo de la profesión médica, que ven en ellas una suplantación de sus competencias. La última guía, publicada en 2024, permitió a las enfermeras prescribir medicamentos contra infecciones urinarias leves, como la cistitis. Tanto el Colegio Oficial de Médicos como el Consejo General de Farmacéuticos presentó recursos en su contra. “La prescripción de medicamentos es un acto médico para el que se requiere la formación de seis años en el Grado de Medicina y cuatro o cinco años especialización”, valoró entonces el Consejo General del Colegio Oficial de Médicos (CGCOM) en un comunicado, mientras desde el Consejo General de Enfermería (CGE) defendieron la medida como un método para lograr “una atención sanitaria eficaz y ágil”. “Es una prescripción colaborativa, bien definida y que no implica riesgo alguno para el paciente, como algunos quieren hacer creer en un discurso alarmista y algo retrógrado”, declaró su presidente, Florentino Pérez Raya.
