La Cuota 100 fue un mecanismo de jubilación anticipada vigente en Italia entre 2019 y 2021. Establecida mediante el Decreto Legislativo n.º 4/2019, permitía a los trabajadores retirarse antes de la edad legal ordinaria, fijada en el momento a los 67 años, siempre que cumplieran dos condiciones específicas: haber cumplido al menos 62 años de edad y acreditar un mínimo de 38 años de cotización a la Seguridad Social. De esta manera, con la suma de edad y años cotizados se alcanzaban al menos 100, de ahí su nombre. La medida fue impulsada con el objetivo de aliviar el mercado laboral, facilitar el relevo generacional y ofrecer una salida anticipada a quienes habían acumulado una larga carrera laboral.
Esta vía de jubilación incluía restricciones estrictas, entre ellas la prohibición de realizar trabajos remunerados tras acceder a la pensión. No obstante, la única excepción prevista era la posibilidad de realizar actividades autónomas de carácter ocasional, siempre que los ingresos derivados no superasen los 5.000 euros anuales. Aunque los italianos que quieran prejubilarse ya no puedan tener acceso a este modelo desde 2021, momento en el que se crearon la Cuota 102 y Cuota 103, estas limitaciones siguen vigentes para quienes se acogieron al régimen.
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En este contexto, el caso de un hombre de 66 años que reside en la región de Udine, en Italia, ha provocado la reapertura de un debate en torno a los efectos prácticos de la normativa. Y es que, en 2023, el jubilado, extrabajador de una cervecería, aceptó colaborar durante cuatro días en el Rally Nacional Alpino en su ciudad natal, donde se ofreció a servir bebidas durante el evento. A cambio, recibió un pago simbólico de 180 euros netos por los cuatro días que duró el evento. Sin embargo, la justicia ha determinado que el trabajo realizado no cumple con los requisitos del Decreto Legislativo y, por tanto, le ha exigido 29.000 euros.
“Solo para echar una mano”
Según su el testimonio del hombre implicado, su intención “solo para echar una mano”, incluso se ofreció a trabajar gratuitamente, y firmó un contrato de guardia únicamente para cubrir los costes del seguro. Además, según TGCOM24, antes de aceptar la colaboración, el hombre asegura que acudió a una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INPS), con el fin de recibir garantías verbales de que esa actividad no supondría una infracción en su situación. Sin embargo, tras conocerse su participación, el INPS le notificó que debía devolver 29.000 euros, el equivalente a un año completo de pensión, al considerar que había incumplido las condiciones del régimen Cuota 100.
El asunto fue llevado ante el Tribunal del Trabajo, que confirmó la validez de la sanción. Aunque el afectado alegó que su participación fue meramente voluntaria y de carácter puntual, la firma del contrato —aunque fuera simbólica— se interpretó como una actividad laboral remunerada. Asimismo, la responsable de la Oficina de Relaciones Públicas del INPS en la provincia, Anna Pontassuglia, declaró que “el instituto debe aplicar estrictamente la normativa”, y recordó que el decreto que regulaba la Cuota 100 impide compatibilizar pensión y empleo, salvo en los supuestos autorizados.
Tras la resolución judicial, el jubilado obtuvo una modificación de las condiciones de pago: en lugar de abonar 650 euros mensuales, pagará 430, lo que alargará el proceso de devolución hasta cinco años. El afectado estudia ahora presentar un recurso, citando otros casos similares registrados en el país.
