
La muerte de una niña en Murcia, investigada como un posible caso de violencia vicaria, ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección a la infancia en España. Ante este suceso, la Fundación Madrina ha solicitado la recuperación de la figura del Defensor del Menor, una institución que durante años fue fundamental para garantizar los derechos de niños y adolescentes, y cuya eliminación dejó un vacío institucional que, según la entidad, sigue sin ser cubierto de forma adecuada.
Qué era el Defensor del Menor
El Defensor del Menor fue un órgano independiente creado por la Comunidad de Madrid en 1996, pionero en Europa, cuya función principal era velar por los derechos de los menores de edad, actuar ante situaciones de vulnerabilidad, y mediar entre los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas, cuando existieran conflictos que afectaran a la infancia.
Este organismo recibía denuncias, abría investigaciones, elaboraba informes anuales y propuestas legislativas, e incluso intervenía directamente en casos de acoso escolar, maltrato familiar, exclusión social, abandono, custodia de menores, entre otros. También impulsaba campañas de concienciación sobre los derechos del menor, y promovía políticas públicas dirigidas a mejorar la atención a la infancia.
Durante sus años de actividad, el Defensor del Menor se convirtió en una figura visible y accesible para las familias, y su papel fue especialmente valorado en casos en los que los servicios sociales o el sistema judicial no ofrecían respuestas rápidas o eficaces.
Por qué se eliminó
En 2011, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre, decidió suprimir el cargo del Defensor del Menor como parte de un plan de recortes presupuestarios y reorganización institucional. Se argumentó que sus funciones serían asumidas por el Defensor del Pueblo y las diferentes consejerías autonómicas, especialmente la de Asuntos Sociales.
Sin embargo, muchas voces críticas señalaron que su desaparición suponía una pérdida significativa para la infancia, ya que el Defensor del Menor era un organismo especializado, independiente y con una alta capacidad de actuación y visibilidad pública, que no podía ser reemplazado con la misma eficacia por estructuras más generales o dependientes políticamente.
Por qué se pide ahora su recuperación

La demanda de recuperar la figura del Defensor del Menor surge tras casos como el reciente asesinato de una niña en Murcia, que ha evidenciado, según las asociaciones de protección de menores, las carencias del sistema a la hora de proteger a los menores en situaciones de riesgo. Para entidades como Fundación Madrina, este crimen, investigado como violencia vicaria, es un trágico ejemplo de cómo la falta de medidas preventivas eficaces y de una estructura institucional especializada puede desembocar en consecuencias irreparables.
Según la organización, la ausencia de una figura independiente y experta como el Defensor del Menor ha dejado a muchos niños expuestos a casos de violencia sin que exista una respuesta adecuada ni una vigilancia activa. Denuncian que los agresores, en muchos casos, se benefician de vacíos legales y decisiones judiciales poco sensibles al riesgo, como la concesión de regímenes de visitas no supervisadas, aun cuando existen antecedentes de violencia o amenazas.
Además, critican que no haya protocolos de actuación especializados que permitan detectar con antelación situaciones de peligro. La prevención, aseguran, debe empezar antes de que se produzca el daño, y eso solo es posible con sistemas de alerta temprana, personal formado específicamente en infancia y una estructura institucional que tenga como misión exclusiva la protección de los derechos del menor.