Valeria Racu es portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y una de las caras más visibles del movimiento por la vivienda. Tiene claro que la manifestación de este sábado, convocada a nivel estatal para exigir una bajada de los precios del alquiler, la creación de más vivienda pública y social y medidas para que ninguna persona pueda ser desahuciada si no tiene una alternativa habitacional, será multitudinaria en las más de 35 ciudades que saldrán a la calle.
La activista considera que no se trata de “un conflicto entre caseros e inquilinos”, sino de un “problema social a gran escala” porque lo que está en juego es el “futuro del país”. La vivienda, recuerda en esta entrevista con Infobae España, constituye la base de la estabilidad, por eso los colectivos reivindican que los contratos de alquiler, también en vivienda pública, sean indefinidos.
-Pregunta: ¿Qué hemos normalizado en España con respecto a la vivienda y no debería ser así?
-Respuesta: Hemos normalizado hacer negocio con la vida de la gente. A día de hoy el “negocio de la vivienda” es el que más rentabilidad da, un 10,8%, según datos del Banco de España, pero no debería ser así. Jugar con la vida de la gente, con una necesidad básica como es la vivienda, no debería ser la vía por excelencia, porque la gente la está escogiendo para invertir su dinero y para normalizar, una vez más, que la gente más pobre haga más ricos a los que ya son más ricos. Estamos normalizando el rentismo como sistema de extracción de rentas y que la vivienda se haya convertido en un lujo, y hoy en día el acceso a la vivienda o incluso a heredar una propiedad es lo que está marcando las desigualdades sociales como nunca antes, es decir, nos estamos cargando el Estado de bienestar.
-P: ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Las administraciones, los caseros, todos?
-R: Aquí lo importante es identificar el rentismo como sistema. El rentismo al final es un sistema que se sostiene por muchas patas diferentes e intereses. Se podría resumir en ese lema de “caseros culpables, gobiernos responsables”, ya que los caseros, en última instancia, son los rentistas, los que intentan sacar el máximo provecho de este bien de primera necesidad, pero los gobiernos son responsables, porque son las instituciones las que ya han permitido que lleguemos a este momento y que nos quedemos con esa idea de que no se tiene que intervenir el mercado, como si fuera algo que tenemos que aceptar. Y en realidad las instituciones llevan décadas interviniendo el mercado a favor de la especulación y no de la gente. Además de esto, hay todo un entramado que sostiene el rentismo como sistema: los medios de comunicación, las empresas de alarmas y seguridad o las de desocupación, que al final generan este clima de miedo al otro para sacar el máximo provecho de este negocio especulativo.
-P: El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Consumo abrió expediente sancionador a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar a contratar un seguro. ¿Esto evidencia que la Ley de Vivienda no está funcionando?
-R: Lo que no funciona a día de hoy es pensar que si algo se publica en el BOE (Boletín Oficial del Estado) ya se convierte en realidad. Por desgracia, ya llevamos años viendo que eso no es así, que no lo tomamos en serio, y que después de escribir una ley hay que regular. También hay que apostar por un mecanismo sancionador donde haya gente que inspeccione y sancione. Y eso lo estamos viendo ya no solo con los honorarios [que siguen cobrando algunas agencias], sino también con los pisos turísticos, porque por ejemplo en Madrid más del 90% son ilegales y esto es bien sabido por las administraciones locales y estatales. Todos lo sabemos y, sin embargo, sigue siendo la realidad, por lo que entonces el error está ahí, en pensar que por redactar una nueva ley ya estamos solucionando un problema, cuando es mucho más enrevesado.
A día de hoy, quienes estamos recuperando los honorarios que cobran las agencias somos los sindicatos de inquilinas, no hay un mecanismo al que acudir y decir “oye, que me han cobrado esto”. Así que sí es una prueba de que la Ley de Vivienda ya nace muerta, por desgracia, porque además hay otras medidas que podrían haber sido muy potentes, como la regulación de precios de alquiler o los de temporada por habitación, pero la ley ha dejado esos grandes agujeros sin cubrir.
-P: De momento, Cataluña es la única comunidad autónoma que aplica la Ley de Vivienda, lo cual ha revertido la subida de precios, aunque también se han disparado los contratos de alquiler de temporada.
-R: Sí, al menos hemos visto que los precios han bajado, que hay un cambio de tendencia. Sin embargo, como el precio de la vivienda en general no ha bajado, esto es como hacernos una trampa a nosotros mismos, porque es un argumento muy fácil para decir que la regulación no funciona. Y lo que hay que hacer es mirar más de cerca, es decir, no es que no esté funcionando, es que no se pueden dejar partes sin regular y sin sancionar, y hay que regular los alquileres de temporada y de habitaciones para acabar con los fraudes.
-P: En Barcelona hemos visto recientemente cómo la organización inquilina consiguió paralizar el desahucio de Casa Orsola, un edificio emblemático del centro de ciudad que finalmente ha sido adquirido por el Ayuntamiento y la fundación Hàbitat3. ¿Sería posible que eso ocurriera en Madrid o en otras ciudades?
-R: Creo que claramente nos estamos acercando a esa realidad. Estamos logrando desnaturalizar y desnormalizar el racismo y la forma de vida que llevamos las personas que no tenemos propiedades, e incluso cuestionar que el hipotecarnos durante 30 años es la única manera de conseguir estabilidad. Porque lo que todas las personas anhelamos es la estabilidad y, hasta ahora, la única manera de conseguirla es con la propiedad privada hipotecada, a no ser que tu familia te pueda dejar dinero. Creo que justo estamos logrando desnaturalizar esa idea y también apostar por el alquiler como una forma digna de vida. Pero, eso sí, la tenemos que hacer estable, y por eso también reivindicamos los contratos indefinidos y la vivienda pública en régimen de alquiler indefinido sobre el que no se pueda privatizar, que es lo que por desgracia ocurre. Creo que cada vez estamos más cerca también de ver estas experiencias de propiedad colectiva o cooperativización de bloques.
En Madrid, creo que sería difícil ver cómo el Ayuntamiento apuesta por comprar un bloque cuando al mismo tiempo sigue desahuciando a través de la Empresa Municipal de Vivienda o cuando está apostando por más construcción como el Plan VIVE, cuando en realidad es vivienda de pésima calidad. Es decir, en realidad siguen sin verlo, pero es justo la organización inquilina la que sí irá permitiendo eso, y nos iremos acercando. De hecho, en el Sindicato de Inquilinas tenemos un par de bloques en lucha en Madrid que ya están estudiando cómo pueden cooperativizarlos, cómo pueden ellos mismos conseguir comprar el bloque de forma colectiva al fondo buitre y así tener el control.
-P: Parece que algunos se olvidan de que precisamente la vivienda es la base de la estabilidad y la seguridad de las personas y las familias...
-R: Hay que entender que ya no va de tener una vivienda digna o segura, sino estable, porque eso es lo que te permite tener una vida a largo plazo. Ya no es un conflicto entre caseros e inquilinos, es un problema social a gran escala, porque lo que nos estamos jugando aquí es el futuro del país, que nos podamos proyectar a largo plazo y todo lo que eso supone.
-P: Además de esos contratos de alquiler indefinidos, ¿cuáles son las principales reivindicaciones para la manifestación de este sábado?
-R: Lo más importante es que haya una bajada de precios inmediata y luego la regulación, los contratos indefinidos, que no solo supondrían una manera de dar estabilidad, sino también de pararle los pies al rentismo y a esta oleada de especulación inmobiliaria en la que ya llevamos más de una década inmersos. Aquí hay que dejar muy claro que no faltan viviendas, sino que sobran rentistas, porque vemos cómo la propiedad está cada vez centrada en menos manos o que el 60% de las compraventas del año pasado se hicieron a tocateja, lo que quiere decir que la gente está comprando para invertir, no porque necesite vivienda. Necesitamos recuperar esas viviendas secuestradas, tanto los pisos turísticos como las viviendas públicas que fueron vendidas a fondos buitre.
Otra cuestión clave sería desmantelar los grupos de desocupación en un momento de crisis habitacional como la que estamos viviendo. Estos grupos son como el brazo armado del racismo y ya no esperan a que finalice un contrato o a que se solucione judicialmente, derechos a los que el inquilino se puede acoger, sino que directamente te mandan matones a casa para amedrentarte, darte miedo y que te marches. El hito de esta movilización es que hay manifestaciones convocadas en más de 35 ciudades bajo un mismo lema, y es que hay que acabar con el negocio de la vivienda.
