“Tengo contrato fijo, pero no puedo alquilar sin el aval de mis padres”: las trabas que afrontan los jóvenes más allá de los altos precios

Como a tantos otros jóvenes, a María S., periodista de 25 años, la búsqueda de piso se le está atragantando. Vive en Madrid, donde el precio por metro cuadrado se ha disparado casi un 16% en el último año hasta alcanzar los 19 euros en enero, y cansada de vivir en un quinto sin ascensor, “en una habitación minúscula”, hace dos meses decidió buscar un nuevo lugar para compartir con dos amigas. Y lo ha encontrado, aunque no imaginó que iba a ser tan complicado, porque a pesar de que todas tienen nómina y contrato fijo, necesitan a sus padres como avales.

“Si no fuera por nuestros padres, no podríamos alquilar un piso. Tengo un contrato fijo, pero a los caseros no les parece suficiente. Dos de nuestros padres van a aportar su nómina, así que en total son cinco salarios que superan los 100.000 euros anuales”, explica indignada a Infobae España y, por si fuera poco, añade, tienen que contratar un seguro de alquiler. Pese a todo, la joven asegura sentirse “afortunada” de haber encontrado casa, porque a lo largo de estos dos meses ha visto pisos “completamente destartalados, con materiales de mala calidad y ventanas de los años 80 por las que se colaba el aire”.

En el caso de Anabel Gómez, una joven sevillana de 25 años, tuvo una peor experiencia porque fue víctima de una estafa. En 2022, cuando buscaba piso junto a otra amiga, encontró uno de dos habitaciones que se anunciaba en Idealista por 750 euros en Madrid y, aunque les extrañó la prisa del propietario, no querían arriesgarse a perderlo porque “compites con mucha gente y vuelan en cuestión de horas”. Después de hacerle un ingreso de 200 euros a través de Bizum, “desapareció automáticamente” y no volvieron a tener noticias suyas. “Estuvimos contactando con el anunciante durante todo el fin de semana y, al no recibir respuesta, decidimos poner una denuncia en la Guardia Civil. Nos había estafado”, relata.

Tras la denuncia les comunicaron que se trataba de una persona reincidente en este tipo de delitos. A principios de 2023 se celebró el juicio y el falso propietario, que se declaró en bancarrota, nunca apareció. Tiempo después, tras una sentencia a su favor, Anabel y su amiga pudieron recuperar el dinero.

Ahora lleva meses tratando de buscar piso y se ha encontrado con otros problemas: los altos precios y los requisitos que exigen. “Son completamente abusivos”, asegura. Algunas de las habitaciones que he buscado suponen casi la mitad de mi salario y es muy difícil conseguir un piso en buenas condiciones". Además, lamenta, “sigue habiendo agencias inmobiliarias que piden honorarios” pese a que la Ley de Vivienda que entró en vigor en 2023 prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

De hecho, el pasado 27 de marzo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abrió un expediente sancionador a la agencia Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.

En el caso de Ignacio Esquirol, un joven catalán de 24 años, después de cuatro meses de búsqueda intensiva junto a su pareja, “dieron por imposible” alquilar un piso en Barcelona. “En la mayoría de los casos se me iba el 50% del salario y no me lo puedo permitir. Los pisos que veíamos por 1.000 euros de dos habitaciones eran extremadamente antiguos, mientras que otros eran directamente porterías de 20 metros cuadrados que dudo que tuvieran cédula de habitabilidad”, cuenta este abogado en prácticas.

En barrios como El Eixample, Gràcia o el Borne, que “antes eran de gente obrera”, la situación es “dramática”, asegura, pues “inmobiliarias y fondos buitre se aprovechan y ahora solo alquilan las casas a personas extranjeras de alto poder adquisitivo”. En otros casos, añade, las agencias les llegaron a pedir como requisito un salario mínimo de 4.000 euros, cantidad a la que no llegaban sumando ambos. “Tampoco aceptaron que me avalara mi madre”, explica Nacho que, a pesar de su mala experiencia, asegura que cuando consiga un contrato indefinido volverá a probar suerte.

En Barcelona, donde el precio del alquiler supera de media los 23 euros por metro cuadrado, la oferta de pisos “es especialmente escasa y en apenas 10 minutos los pisos desaparecen de la web de Idealista”, detalla, mientras que otro de los principales problemas en la ciudad condal es el considerable aumento los contratos de alquiler temporal.

Y es que a pesar de que Cataluña es la única autonomía que aplica la ley de vivienda, lo cual ha revertido la subida que venía experimentando y ha caído un 3,7% en el conjunto de los municipios declarados tensionados y un 6,4% en Barcelona, los contratos de alquiler de temporada se han disparado. Durante el año pasado se registraron 4.187 contratos más de ese tipo respecto a 2023, lo que representa un incremento del 44,9%, según los datos ofrecidos recientemente por la Generalitat de Catalunya.

En ese sentido, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado los contratos de temporada son necesarios para perfiles como estudiantes o trabajadores que se desplazan temporalmente a una ciudad, pero el problema “es el fraude de ley” que se está produciendo en el mercado, según informa Efe. El ministerio ha subrayado que la fuga de contratos al alquiler temporal va en línea con otras zonas de España, en las que no se han declarado zonas tensionadas.

Rodríguez también indicó que en las zonas declaradas tensionadas, en las que se aplica un límite a la subida del alquiler, “los propietarios no tienen incentivos para cambiar de inquilino”, lo que hace que el mercado sea más “estable”. Según datos del Ministerio de Vivienda, la oferta ha aumentado en 17.000 viviendas entre 2023 y 2024 en Cataluña, y en 3.000 en Barcelona.

Los altos precios para acceder a la vivienda y los requisitos abusivos por parte de caseros, inmobiliarias y fondos de inversión que describen los entrevistados son solo algunos de los motivos por los que el movimiento por la vivienda digna ha convocado a una gran manifestación estatal este sábado 5 de abril. Tras varias movilizaciones multitudinarias en diferentes puntos del país, esta vez los colectivos sociales se manifestarán bajo el lema ‘¡Contra la especulación, defendamos el derecho a la vivienda!’ para exigir una bajada de precios en el alquiler y la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada “para que cumplan una función social”.

Asimismo reclaman el fin de la compra especulativa y la desarticulación de grupos de desokupación, ya que cada vez son más los propietarios que acuden a estos grupos para echar a la gente de sus hogares “con coacciones y amenazas”, denuncian. También insisten en que se debe crear un gran parque de vivienda pública en alquiler social y a precios asequibles con carácter permanente.