El tráfico de personas continúa siendo un crimen oculto que mueve cada año alrededor de 236 mil millones de euros en el mundo. Su identificación, por más que se destinen recursos en los gobiernos, no es una tarea fácil, ya que tan solo se identifica a un 1% (o menos) de las víctimas afectadas por este delito.
España no está ajena de esta problemática. Sin ir más lejos, la Policía Nacional de Burgos detuvo este miércoles a una pareja por delito de trata de seres humanos, en concreto por captar a una joven de 18 años a la que explotó en un prostíbulo en una localidad de Alemania, a la que fue enviada con una falsa oferta de empleo.
La investigación, enmarcada en la ‘Operación Buva’, ha estado a cargo de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, un organismo policial en España dependiente de las Comisarías Provinciales de la Policía Nacional. Este cuerpo no es muy conocido por el ciudadano de a pie, pero ha estado ampliamente reconocido por las instituciones públicas por su labor social en la lucha contra la violencia de género.
Se encarga del control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración. A través de esta unidad, las autoridades buscan garantizar la seguridad en el proceso de extranjería y prevenir actividades ilegales como el tráfico de personas o la inmigración irregular.
Entre sus funciones principales se incluyen la tramitación de permisos de residencia, visados y autorizaciones de trabajo. También se ocupa de la regularización de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular, realizando inspecciones para detectar situaciones ilegales de residencia y trabajo no autorizado.
En aeropuertos, puertos y fronteras terrestres
Los agentes pueden localizarse en los puntos de entrada al país, tales como aeropuertos, puertos y fronteras terrestres. Los agentes de la brigada son responsables de la identificación de los extranjeros que ingresan a España, así como de la verificación de su documentación. Si los documentos no son válidos o si existe alguna sospecha de fraude, la brigada realiza los procedimientos necesarios para resolver la situación, que puede incluir la denegación de entrada o la repatriación.
En la lucha contra la inmigración ilegal, este cuerpo trabaja junto a otras unidades de la Policía Nacional y cuerpos internacionales, como la Guardia Civil y Europol, ya que su trabajo exige u intercambio constante de información con otros países y agencias internacionales. A través de acuerdos bilaterales y multilaterales, la brigada participa activamente en operativos para detectar y desmantelar redes de tráfico de personas, un problema que afecta a miles de migrantes en busca de mejores oportunidades en Europa, que en muchas ocasiones son engañados con falsas ofertas de trabajo o falsas promesas de un futuro mejor.
Sin embargo, las acciones de la brigada no están exentas de controversia. En ocasiones, se ha cuestionado la dureza de los procedimientos y las políticas de represión hacia los inmigrantes en situación irregular. Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores sociales defienden la necesidad de implementar enfoques más inclusivos que respeten los derechos fundamentales de los migrantes.
