España presiona a los líderes europeos para poner sobre la mesa uno de los grandes debates: qué hacer con los 210.000 millones de euros en activos rusos procedentes de la Federación de Rusia y el Banco Central Ruso confiscados desde el inicio de la invasión.
“Tenemos que analizar también la forma de poder financiar la ayuda que Ucrania necesita [...] Es legítimo plantearse la situación de los activos rusos congelados, cuyos intereses ya están siendo utilizados para poder ayudar a ucrania a llegar a esa paz“, afirmó el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, en un encuentro con los líderes del G5+ (también conocido como el Triángulo de Weimar ampliado), al que pertenecen España, Alemania, Polonia, Francia y Reino Unido. La misma posición sería reafirmada por el ministro de asuntos exteriores tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes: ”Es más que legítimo plantearse su uso”.
La Unión Europea, junto a Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y otros países, mantienen retenidos unos 300.000 millones de euros propiedad de Rusia desde el inicio de la invasión. La mayoría de ellos, unos 210.000 millones de euros, se encuentran congelados en la institución financiera Euroclear, con sede en Bruselas, y por tanto, sujeta a la jurisdicción comunitaria.
En mayo de 2024, el Consejo (los líderes de los Veintisiete) dio luz verde al uso de los ingresos extraordinarios procedentes de los activos rusos inmovilizados, estimados en 2.000 y 3.500 euros anuales. Por una parte, para financiar el envío de ayuda militar; y por otra, para ayudar a Kiev a garantizar el pago de los préstamos para la reconstrucción.
La Unión Europea ha tratado de mermar el esfuerzo bélico del Krenlim con su amplia gama de herramientas económicas y comerciales: embargo de armas, sanciones sectoriales e individuales, inmovilización de activos... Pero la guerra ya suma tres años, Rusia continúa su destrucción sistemática sin intención aparente de ceder y los costes de la reconstrucción de Ucrania aumentan día tras día: el Banco Mundial estima que la reconstrucción de Ucrania costará 524.000 millones de dólares en una década. Por eso, cada vez hay más voces que discuten si estratégicamente, es preferible mantener congelados estos activos o confiscarlos para ayudar a Kiev durante y después de la guerra.
A principios de marzo, un portavoz de la Comisión Europea señaló a este periódico que esto “no era una idea madura”, y en lo que respecta a los Estados miembros, esta cuestión se encuentra en un mar de dudas y diferencia de opiniones.
“La gallina de los huevos de oro”
Y es que de ‘congelar’ a ‘confiscar’ hay un gran paso, ya que conlleva utilizar el dinero que es soberano de otro país. Si bien los países bálticos y nórdicos ven con buenos ojos esta medida, otras potencias como Francia y Alemania han manifestado que no lo ven como una opción viable. Argumentan que utilizar este dinero significaría perder una importante moneda de cambio que puede ser utilizada para presionar a Rusia a la hora de negociar una paz justa para Ucrania.
Además, el ministro de Finanzas francés, Eric Lombard, señaló en unas declaraciones recogidas por Le Monde que, “según el derecho europeo, no hay motivos para embargar” ese dinero y “si se produjera una incautación sin fundamento legal, podría suponer un riesgo para la estabilidad financiera europea”. “Recomiendo mucha cautela con respecto a esos activos congelados. De hecho, en este momento, es una gallina de los huevos de oro. Esas ganancias extraordinarias van a parar a Ucrania»”, añadió, por su parte, el primer ministro belga. Los oponentes a la confiscación también temen que los países y los inversores, especialmente de China o Arabia Saudí duden en recurrir a las instituciones financieras europeas si temen que los activos puedan ser confiscados, lo que podría afectar a la confianza en el euro como moneda internacional para las reservas estatales.
“Siempre se acaba encontrando un escollo”
Gabriel Martín, profesor de derecho europeo en la Universidad Rey Juan Carlos, afirma que en realidad, “la amplitud de la interpretación del derecho internacional, y en sí, el europeo, es muy flexible y no prohíbe expresamente esto. Si uno lee la letra pequeña de algunas de las leyes, como puede ser la Ley de Servicios Digitales Europea, puede ver que contemplan casi todo”.
En el derecho internacional existe el término jurídico “contramedida” para justificar una acción que sería ilegal, pero que, en este caso, podría utilizarse para que Rusia ceda con las hostilidades y las vulneraciones al derecho internacional.
Por eso, admite, no sería tan raro que al final encuentren un encaje “o acaben retorciendo el reglamento hasta encontrar una justificación”. “Y creo que lo acabarán haciéndolo”, explica.
