Es prácticamente automático. Cada vez que Redouane, un hombre marroquí que reside en España desde hace varios años, contacta con una inmobiliaria o un particular para tratar de alquilar un piso, la respuesta suele ser la misma: “Ya te llamaremos”. Pero esa llamada nunca llega y, como le ha sucedido tantas veces, tiene claro que “se debe a su acento”. Este ingeniero informático de 36 años tiene contrato fijo, pero su solvencia económica, lamenta, nunca importa y pesa más su origen: “Siempre me preguntan de dónde soy y, en cambio, no se interesan por mi trabajo ni mis nóminas”.
Redouane vivió en Barcelona entre 2017 y 2023, año en el que, cansado de las conductas racistas y discriminatorias en el mercado del alquiler, decidió marcharse a Melilla, donde “al menos está más cerca de su ciudad natal” en Marruecos y no tiene que enfrentar los obstáculos con los que se encontraba en la capital catalana, que es la ciudad más cara del país para vivir en renta, superando ya los 23 euros por metro cuadrado, y a pesar de tener el precio del alquiler topado al estar declarada como zona residencial tensionada. De hecho, aunque no es lo habitual en estos casos, Redouane logró en 2021 que el Ayuntamiento de Barcelona impusiera una multa de 45.000 euros a un casero que no quiso alquilarle la vivienda por ser marroquí, pues tras presentar varias pruebas, el consistorio vio probada la discriminación de origen.
Ante la imposibilidad de encontrar un piso de alquiler donde vivir solo, Redouane ha compartido piso durante años con otras personas migrantes y pudo comprobar cómo cuando un compañero argentino llamaba a las inmobiliarias o caseros “la conversación era totalmente distinta a la que mantenían con él”, pues en ese caso la visita para ver la vivienda se concretaba enseguida, asegura. No obstante, aclara, también han sufrido esta misma situación muchas de las personas latinoamericanas que conoce en Barcelona, así como marroquíes. “Cataluña es la región con mayor población de origen marroquí y siempre me encuentro con gente que vivido situaciones de discriminación parecidas. De hecho, un taxista marroquí me contó hace poco que estaba viviendo en un hotel con su mujer y sus dos hijos porque era imposible encontrar un piso para alquilar”, explica el informático, que llegó
A las barreras administrativas que ya de por sí afrontan a diario las personas migrantes para acceder al empleo, la sanidad o la educación, además de los numerosos requisitos que ya exigen inmobiliarias y caseros para alquilar una vivienda, ahora se suma un racismo inmobiliario que “no deja de aumentar”, tal y como refleja un reciente informe de la Asociación Provivienda, que indica que en los últimos cuatro años se ha incrementado un 30% con la utilización masiva de ‘prácticas de bloqueo’ por parte de las inmobiliarias para descartar candidatos. En ese sentido, Redouane confirma que fue sobre todo a raíz de la pandemia en 2020 cuando la situación empezó a empeorar. “Ahora a los migrantes, sobre todo a los marroquíes, solo nos alquilan las casas que nadie quiere, como puede ser un quinto piso sin ascensor o que no esté en condiciones dignas. Nos alquilan, en definitiva, lo que sobra”.
El informe de Provivienda, financiado por la Secretaría de Estado de Migraciones, también desvela que el 99% de las inmobiliarias en Madrid y Barcelona aceptan requisitos discriminatorios por parte del propietario del inmueble y utilizan prácticas explícitas para bloquear el acceso de personas extranjeras a los pisos de alquiler, frente al 72,5% registrado en 2020.
Aunque la vivienda ya se ha convertido en uno de los principales problemas de la población en España en general, en el caso de las personas migrantes se complica aún más, “porque viven una situación más compleja en cuanto a alcanzar una estabilidad”, asegura Redouane. “Trabajamos para estar tranquilos, para poder construir una familia, como el resto, pero sin tener una vivienda en buenas condiciones es imposible”, añade indignado. Esa búsqueda imposible de una vida independiente también le ha pasado factura a su salud mental, pues además de las continuas preocupaciones, le ha generado estrés y ansiedad.
Los requisitos cambian si la persona es española
El estudio de Provivienda, que es una actualización del realizado en 2020, también evidencia que, en un momento de escasez de oferta y de alza histórica de precios de alquiler, los requisitos establecidos para acceder a un alquiler son claramente discriminatorios, informa la agencia Efe. El informe se basa en cientos de llamadas a inmobiliarias preguntando por residencias en alquiler en las que la diferencia de atención, requisitos y trato a personas con acento español o extranjero son radicales, y “la diferencia es abismal”, explicó la responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda, Elena Martínez, quien señaló que el 66,7% de los hogares con una persona de referencia extranjera sufre discriminación, frente a un 24,6% si la persona de referencia es española.
A través de las llamadas realizadas, se ha comprobado cómo las inmobiliarias aceptan de buen grado los criterios racistas y discriminatorios que plantean los arrendadores y cómo bloquean de manera efectiva a los potenciales inquilinos, ya sea asegurando que la vivienda ya no está disponible, ofreciendo poca información al respecto y exigiendo requisitos distintos según la procedencia.
De hecho, en los últimos años ha surgido un filtro adicional en la forma de las aseguradoras de impagos, que imponen condiciones y exigen un nivel de información y documentación previo muy superior en el caso de inquilinos extranjeros; un seguro que las inmobiliarias recomiendan al arrendador en el 75% de los casos.
“La mayor parte de las inmobiliarias aceptan realizar un bloqueo absoluto de candidatos extranjeros, especialmente de potenciales inquilinos migrantes por motivos económicos y en situaciones en las que es una mujer la persona de referencia”, explicó Martínez, que recuerda que la discriminación inmobiliaria promueve la exclusión residencial y la segregación urbana. De ahí la importancia implementar “medidas eficaces que garanticen un acceso igualitario y justo a la vivienda para todas las personas, independientemente de su origen, etnia o nacionalidad”.
La asociación propone tanto reforzar la educación y sensibilización de los arrendatarios como la creación de vivienda asequible “que permita a las personas extranjeras alquilar y establecer una residencia estable y construir un proyecto de vida sin discriminaciones”.
Además, este sábado 5 de abril los sindicatos de inquilinas, plataformas por la hipoteca y asambleas contra los desahucios ha convocado a una manifestación estatal por el derecho a la vivienda, después de que en los últimos meses se celebraran varias movilizaciones multitudinarias en diferentes puntos del país. Esta vez se movilizarán 40 ciudades bajo el lema ‘¡Contra la especulación, defendamos el derecho a la vivienda!’ y con el objetivo de exigir una bajada de precios en el alquiler y la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada “para que cumplan una función social”, entre otras reivindicaciones.
